Violencia policial y justicia cuestionada: el caso William McNeil Jr. y la polémica del uso de la pena de muerte en EE.UU.

El caso William McNeil Jr.: una parada de tráfico que terminó en brutalidad

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha desatado indignación en toda Estados Unidos. La grabación muestra a William McNeil Jr., un joven afroamericano de 22 años, siendo golpeado y arrastrado violentamente por agentes del condado de Jacksonville (Florida) durante una parada de tráfico el pasado 19 de febrero.

Según sus abogados defensores, McNeil tenía las manos en alto al momento en que los oficiales rompieron la ventanilla de su automóvil, lo sacaron del vehículo a la fuerza, lo golpearon y lo arrojaron brutalmente al suelo. La causa: supuestamente no llevaba encendidos los faros de su coche... en pleno día.

“Lo que ocurrió con William McNeil Jr. es un recordatorio perturbador de que incluso los derechos más básicos —como preguntar por qué te han detenido— pueden ser recibidos con violencia cuando se es afroamericano en Estados Unidos”, declararon los abogados Ben Crump y Harry Daniels.

Un arresto cuestionable, una respuesta institucional tibia

La oficina del Sheriff de Jacksonville emitió una declaración defendiendo la actuación de los agentes y asegurando que el video no capturaba el contexto completo del incidente. T.K. Waters, el sheriff, se justificó afirmando que los oficiales habían advertido a McNeil siete veces para que saliera del vehículo, y que se descubrió un cuchillo grande y dentado en el interior del coche.

Sin embargo, el video muestra a McNeil actuando de manera pacífica, pidiendo hablar con un supervisor y cuestionando la legalidad de las acciones de los agentes. El fiscal del estado concluyó que no hubo violación criminal por parte de los oficiales, aunque se mantiene una revisión administrativa interna.

El trasfondo: brutalidad policial racista y sus patrones históricos

El arresto de McNeil recuerda otros casos notorios como los de Rodney King (1991), George Floyd (2020) y Tyre Nichols (2023). En todos ellos, las víctimas eran afroamericanos que murieron o sufrieron violencia extrema a manos de la policía. Según Mapping Police Violence, en 2023 más de 1,200 personas murieron en EE.UU. por intervención policial, el 26% eran afroamericanos pese a representar solo el 13% de la población.

Este patrón sugiere una violencia sistémica que no ha sido erradicada pese a los múltiples llamados por reformas policiales. “La policía sigue siendo juez, jurado y verdugo para muchas comunidades negras”, dijo Crump, quien también representó a la familia de George Floyd.

La otra cara de la justicia: ¿pena de muerte como herramienta de coerción?

Mientras Florida enfrenta cuestionamientos por brutalidad policial, en Pensilvania se desarrolla una controversia por el uso —y abuso— de la pena de muerte. Dos acusados de homicidio han presentado una petición ante la Corte Suprema estatal acusando al fiscal del condado de Washington, Jason Walsh, de utilizar amenazas de pena capital para presionar a los acusados a declararse culpables.

Según la denuncia, desde que Walsh asumió en 2021, ha intentado aplicar la pena de muerte en 11 de los 18 casos de homicidio registrados. Esto ha generado preocupación entre expertos legales y defensores de derechos humanos.

“El uso arbitrario de la pena de muerte se ha convertido en una crisis en el condado de Washington”, indica la demanda presentada por el Atlantic Center for Capital Representation.

Contexto histórico: la pena de muerte en EE.UU.

En Estados Unidos, la pena de muerte ha sido históricamente aplicada de forma desproporcionada contra personas negras y pobres. Un informe del Death Penalty Information Center revela que, desde 1976, más del 75% de las ejecuciones involucraron víctimas blancas, aunque las víctimas negras son la mayor proporción de homicidios.

En Pensilvania, solo tres personas han sido ejecutadas desde los años 70, y eso solo después de que renunciaran a sus apelaciones. Actualmente hay 94 reclusos en el corredor de la muerte, una cifra considerablemente menor que los más de 200 de hace dos décadas.

Pena de muerte como instrumento de presión

Los abogados de los acusados Jordan Clarke y Joshua George aseguran que el fiscal ha amenazado con aplicar la pena capital incluso antes de que se completaran los informes forenses necesarios. En el caso de Clarke, por ejemplo, se afirma que el fiscal presionó a los médicos para cambiar la causa de muerte de un bebé de dos meses y poder justificar un cargo de homicidio agravado.

“Este es un intento liberal desesperado”, respondió Walsh al ser consultado sobre las acusaciones. “La ley permite buscar la pena de muerte si encaja con el caso, y eso es lo que estamos haciendo.”

Justicia para unos, injusticia para otros

La dispar aplicación de la ley se vuelve evidente al contrastar los dos casos: McNeil, arrestado por una infracción menor, fue golpeado por la policía y enfrentó cargos desproporcionados; en cambio, en Washington County, se acusa al fiscal de elevar los cargos innecesariamente para conseguir confesiones.

Los fiscales controlan qué cargos presentar y qué negociaciones proponer, y la amenaza de muerte puede ser tan efectiva como una sentencia en sí misma, especialmente si el acusado no tiene acceso a una defensa sólida.

¿Qué sigue?

Activistas y legisladores progresistas han renovado sus llamados para reformar tanto los procedimientos judiciales como policiales. En Florida, se exige una investigación independiente del arresto de William McNeil Jr., mientras que en Pensilvania, el futuro de la pena de muerte vuelve a estar en el centro del debate judicial.

Ambos casos ilustran cómo el poder estatal —en forma de violencia policial o de amenazas judiciales— puede ser desproporcionadamente ejercido sobre comunidades marginadas, usualmente negras o latinas. El sistema judicial estadounidense, dicen sus críticos, no solo necesita reformas: necesita una transformación estructural.

¿Una democracia sin justicia?

En palabras de Bryan Stevenson, fundador de Equal Justice Initiative: “El problema más grande no es que la gente en el poder abuse de su poder. El problema es que ese poder no tiene control. No enfrentan consecuencias.”

Solo cuando las instituciones enfrenten presión real desde la sociedad civil, organizaciones, medios de comunicación y organismos internacionales de derechos humanos, cambiará la narrativa. Por ahora, siguen acumulándose los nombres de víctimas y las denuncias de abusos que interpelan a una nación que se autodefine como democrática, pero que aún falla en brindar justicia equitativa para todos.