Militarización en la frontera sur de EE.UU.: ¿seguridad nacional o ruptura del orden democrático?

No es una guerra, pero tiene un cuartel general. No es una invasión, pero hay militares con derecho a utilizar la fuerza letal. A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una nueva realidad se impone: zonas militarizadas, vehículos blindados, drones de vigilancia y soldados realizando tareas tradicionalmente reservadas a cuerpos civiles de seguridad. ¿A qué responde este despliegue? ¿Qué implicaciones tiene para la democracia norteamericana?

Del control migratorio a la intervención militar

Desde el inicio de su mandato, el expresidente Donald Trump convirtió el control migratorio en uno de los pilares de su gobierno. Pero fue bajo la Declaración de Emergencia Nacional de 2019 que el uso de tropas militares en la frontera adquirió una dimensión inédita. Actualmente, más de 7,600 soldados —de todas las ramas del ejército— se encuentran desplegados en diferentes puntos estratégicos del suroeste estadounidense.

El general de división Scott Naumann, quien dirige la operación desde una base de inteligencia del Ejército en las montañas Huachuca de Arizona, ha sido tajante: "Podemos desplegar soldados donde y cuando sea necesario... inclusive en áreas remotas. No estamos atados a horarios sindicales“. En el argot castrense, esto representa una capacidad de respuesta sin precedentes ante la presión migratoria, cuyo objetivo central no es tanto detener, sino disuadir.

Cuando el silencio también habla: “La disuasión es aburrida”

Para la sargento Ana Harker-Molina, una inmigrante panameña naturalizada estadounidense y miembro del Ejército desde hace años, la misión tiene un claro propósito: “El simple hecho de estar aquí, vigilando, ya es una ayuda para el país”. Pero también admite el tedio inherente a una labor basada en la espera y la vigilancia.

El sentimiento de monotonía es compartido por muchos soldados, quienes están equipados con tecnología sofisticada: visores térmicos, sensores de movimiento, helicópteros Black Hawk y vehículos blindados Stryker. Técnicamente, este combo sería digno de una zona de combate. Sin embargo, las cifras de aprehensiones representan otra historia: los cruces ilegales han disminuido al nivel más bajo en 60 años.

El elefante blanco: una baja sin precedentes en cruces ilegales

El propio general Naumann lo admite: "Hay un elefante en la habitación". La referencia apunta al decrecimiento drástico en los intentos de cruzar ilegalmente la frontera. En 2023, las detenciones cayeron a sus niveles más bajos desde 1961, según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Paradójicamente, mientras se reducen los cruces, la militarización se intensifica. ¿A qué se debe esta contradicción? Según las autoridades, los carteles y bandas criminales están cambiando sus rutas y estrategias, diversificando sus métodos con el uso de drones y tecnología submarina. La respuesta militar busca prevenir potenciales oleadas futuras de migración y tráfico.

La nueva frontera: comandos, vigilancia y zonas militares

En abril de 2024, amplias secciones de la frontera fueron declaradas como zonas militarizadas. Esto autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones de inmigrantes en bases militares como Fort Bliss (Texas) o Fort Huachuca (Arizona), una medida sin precedentes desde su aplicación esporádica en el pasado.

Con base en el Military Commander and the Law, documento interno de las Fuerzas Armadas, estas bases amplían su entorno jurídico para actuar bajo órdenes directas del Departamento de Defensa, y no de las agencias civiles.

Este nuevo enfoque también incluye a la Marina y la Fuerza Aérea, que ahora supervisan áreas fronterizas emblemáticas como Yuma (Arizona) y el Valle del Río Grande (Texas). En total, más de 250 millas (400 km) de frontera han sido formalizadas como extensiones tácticas de instalaciones militares.

La delgada línea entre la legalidad y la violación constitucional

La implementación de zonas militarizadas ha generado una ola de críticas legales que apuntan al Posse Comitatus Act, una ley de 1878 que prohíbe al ejército actuar como fuerza del orden civil salvo que el Congreso lo autorice.

Para el profesor de derecho Joshua Kastenberg, constitucionalista y exjuez de la Fuerza Aérea, se trata de “una peligrosa zona gris: podría ser una violación legal... o no. Todo depende del alcance que se le otorgue a la autoridad militar en bases exclusivas”.

Dan Maurer, profesor de la Universidad de Northern Ohio y exasesor legal del Ejército, es aún más directo: “Poner a los soldados en la tarea de enfrentar a civiles es alterar profundamente el tejido democrático estadounidense. Es romper normas históricas en nombre de una promesa política”.

Militarización y propaganda política

Detrás de este despliegue, muchos ven una intención clara: mostrar determinación política. “Esta estrategia es intimidante a propósito, robusta, muscular. Es un mensaje para la base electoral trumpista”, explica Maurer.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha aprovechado este reordenamiento para ofrecer incentivos extraordinarios: $10,000 en bonificaciones por firmar o permanecer en la Patrulla Fronteriza, y un aumento masivo en personal y recursos.

Los peligros de la integración militar-civil

El general Naumann defiende la estrategia con entusiasmo: “La clave es la integración total entre fuerzas armadas y cuerpos civiles. Esa es nuestra salsa secreta”. Esta integración ha permitido que unidades civiles se concentren en áreas más profundas del territorio, mientras el Ejército contiende con zonas remotas y de difícil acceso.

Pero este “experimento híbrido” conlleva serios dilemas éticos. En 1997, un soldado de la Marina mató a un joven pastor en West Texas al confundirlo con un traficante. El caso de Esequiel Hernández provocó tal indignación nacional que el entonces presidente Bill Clinton retiró las tropas.

Acceso restringido, comunidades aisladas

Más allá de la legislación migratoria, esta estrategia afecta a múltiples comunidades. Las nuevas restricciones al acceso de tierras cercanas a bases militares han clausurado zonas antes abiertas para cacería, senderismo y deportes de motor. Ahora, adultos deben postularse en línea, someterse a evaluaciones de antecedentes penales y esperar autorización militar para acceder.

“No estamos aquí para impedir que los estadounidenses disfruten de su país”, asegura Naumann. Pero en la práctica, el efecto ha sido un claro cercenamiento de derechos civiles, principalmente para residentes fronterizos.

¿El retorno de los mecanismos de seguridad interior?

La colaboración entre el Departamento de Defensa (DoD), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e ICE (Agencia de Inmigración y Control de Aduanas) pinta un panorama que rememora los días de la Seguridad Interior post-11S. Pero esta vez, el enemigo no es el terrorismo, sino el migrante centroamericano.

Y mientras el sistema judicial aún no define si esta alianza infringe la Constitución, el costo social y simbólico ya es evidente: soldados como el especialista Luisangel Nito, hijos de inmigrantes, ahora patrullan las mismas rutas donde sus padres alguna vez cruzaron ilegalmente.

“Ellos me dijeron: sé cuidadoso, por aquí cruzamos, era peligroso. Y ahora soy yo quien vigila”, confiesa Nito desde la cima del Monte Cristo Rey, en El Paso, Texas, mientras vigila con sensores térmicos a posibles migrantes.

¿Seguridad o Estado de excepción permanente?

Quizás el verdadero debate no sea sobre la eficacia de la militarización, sino sobre el precedente que sienta. ¿Puede una nación democrática mantener a miles de soldados dentro de su territorio ejecutando tareas civiles sin consecuencias institucionales? ¿Dónde queda la rendición de cuentas?

La militarización actual puede parecer efectiva al disminuir los flujos ilegales. Pero ¿a qué precio? Si los valores democráticos se ven erosionados, si el discurso migratorio se transforma en discurso de guerra, y si la legalidad se somete a la política, el peligro no está más allá del muro. Está dentro.