Culpables sin condena: El controvertido debate sobre la fianza en EE. UU.

El debate sobre la fianza en efectivo: ¿justicia o amenaza?

En el centro del actual debate sobre justicia penal en Estados Unidos se encuentra una pregunta esencial: ¿La eliminación de la fianza en efectivo fortalece los principios de justicia e igualdad o desata una ola de criminalidad en las calles? Donald Trump, como voz principal de la oposición a las reformas, asegura que la eliminación de la fianza ha desencadenado una crisis de seguridad urbana. Pero la evidencia sugiere que la situación es mucho más matizada.

¿Qué es la fianza en efectivo y por qué es polémica?

La fianza en efectivo es un mecanismo mediante el cual una persona paga una suma de dinero para salir de la cárcel mientras espera su juicio. Si acude a las audiencias judiciales, recupera el dinero; si no, lo pierde.

Este sistema ha sido ampliamente criticado porque impone una carga desproporcionada sobre los acusados de bajos recursos. Mientras los más ricos pueden pagar para quedar en libertad, los pobres deben permanecer encarcelados aun por delitos menores. Esta “penalización de la pobreza” motivó a varios estados a implementar reformas para eliminar o limitar la fianza monetaria.

Trump y la narrativa del miedo

En una publicación reciente en la red Truth Social, Trump escribió:

“El crimen en las ciudades americanas comenzó a aumentar significativamente cuando adoptaron la fianza sin efectivo. ¡Los PEORES criminales están inundando nuestras calles y poniendo en peligro a nuestros grandes agentes de la ley! ¡Es un desastre total y debe terminarse INMEDIATAMENTE!”

Sin embargo, expertos en derecho e investigadores rechazan categóricamente esta afirmación. Kellen Funk, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, dijo que llamaría la afirmación “demostrablemente falsa e incendiaria”.

Qué dice realmente la evidencia

El impacto de las reformas de fianza sobre los índices de criminalidad ha sido objeto de múltiples estudios, muchos de los cuales no han encontrado evidencia clara que respalde las afirmaciones de Trump.

• Informe del Brennan Center for Justice (2024): Analizó datos de 33 ciudades, 22 de las cuales implementaron reformas de fianza entre 2015 y 2021. No encontró una diferencia significativa en las tasas de criminalidad general o violenta.
• Estudio en el American Economic Journal (2023): Evaluó una política de 2018 en Filadelfia que eliminó la fianza para ciertos delitos. No halló prueba de que la fianza tuviera efectos preventivos o garantizara la comparecencia judicial.
• Harris County, Texas: Desde el mandato judicial de 2019 que eliminó la fianza para delitos menores, las detenciones por estos delitos disminuyeron un 15% y las tasas de reincidencia se mantuvieron estables.

Estos hallazgos reflejan un patrón consistente: la eliminación de la fianza no ha provocado picos masivos de criminalidad.

Illinois, el experimento más ambicioso

En 2023, Illinois se convirtió en el primer estado en eliminar completamente la fianza en efectivo, en el marco de la SAFE-T Act, un paquete legislativo aprobado en 2021 para reformar el sistema de justicia criminal.

Un año después, el Centro de Justicia Criminal de la Universidad de Loyola publicó un informe que reveló que:

• No hubo aumento generalizado del crimen tras la implementación.
• Crímenes violentos y contra la propiedad disminuyeron en varios condados.
• El sistema ahora se basa en decisiones judiciales individuales, ponderando el riesgo de fuga o peligrosidad antes de liberar al acusado.

Esto sugiere que el cambio hacia un sistema más cualitativo, lejos del modelo puramente financiero, podría tener beneficios reales.

Excepciones sí existen

Sin embargo, no todos los estudios ofrecen resultados positivos. En California, durante la pandemia, se instauró un sistema temporal de fianza sin efectivo para reducir la población carcelaria y evitar brotes de COVID-19. Un informe del fiscal del condado de Yolo reveló que:

• De 595 personas liberadas bajo estas condiciones entre abril de 2020 y mayo de 2021, 70.6% fueron arrestadas nuevamente.
• La mayoría fueron rearrestadas más de una vez.

No obstante, los expertos advierten que otros factores como el caos social e institucional causado por la pandemia podrían haber influido en las tasas de rearresto. Además, volver al sistema de fianza monetaria no revirtió el fenómeno.

¿Qué dicen los impulsores de la reforma?

Los defensores de la reforma sostienen que la fianza en efectivo representa un castigo inconstitucional para los pobres. Según el American Civil Liberties Union (ACLU), “Ningún ser humano debería permanecer en la cárcel simplemente por no poder pagar una suma de dinero”.

En muchos casos, las personas encarceladas por no poder pagar una fianza de $200 o $500 terminan perdiendo su empleo, su vivienda e incluso la custodia de sus hijos, lo que agrava la desigualdad social.

Además, considerar a la mayoría de los acusados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario debería ser más que un lema constitucional; debe reflejarse en las políticas judiciales.

Riesgos de generalizar

Jeff Clayton, director ejecutivo de American Bail Coalition, reconoce que los estudios no son concluyentes:

“Los estudios son inconclusos sobre si las reformas de fianza han impactado los números generales del crimen. El delito en etapa previa al juicio es una fracción muy pequeña del crimen total.”

El profesor Paul Heaton, de la Universidad de Pensilvania, añade que es prácticamente imposible atribuir el cambio en las tasas de criminalidad a una sola política:

“Incluso los criminólogos no entienden del todo por qué varía el crimen. Hay múltiples causas interrelacionadas.”

Lo que nos revela la historia: un sistema en evolución

La fianza en efectivo comenzó en Estados Unidos como un mecanismo para garantizar la comparecencia judicial. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en una herramienta que perpetúa disparidades raciales y económicas. Africanos americanos y latinos representan un porcentaje desproporcionado de encarcelamientos preventivos.

La Suprema Corte ha reiterado que la detención antes del juicio debe ser la excepción, no la regla. No obstante, millones de personas son privadas de libertad simplemente por no poder pagar una cantidad de dinero.

Lo que se necesita: evidencia, no pánico

Si bien es legítimo que las autoridades y la ciudadanía busquen mantener la seguridad, esta debe sustentarse en datos, no en narrativas de miedo. El enfoque debería ser garantizar que los jueces cuenten con herramientas para evaluar riesgos en casos graves, mientras se protege el derecho de todos a un juicio justo.

La eliminación de la fianza sin un proceso judicial no es una licencia al crimen, sino un intento por construir un sistema judicial más equitativo. Como sociedad, debemos decidir si la justicia será un privilegio comprable o un derecho inalienable.

Replantear el sistema de fianzas no es una amenaza a la seguridad, sino una oportunidad para restaurar la legitimidad y humanidad del sistema de justicia criminal en Estados Unidos.