Gail Griffin, el rostro del debate sobre el agua en Arizona: ¿defensora de la ruralidad o freno al progreso?

Una pugna que define el futuro hídrico de Arizona

En medio de sequías más severas, el cambio climático y una creciente demanda de agua, el estado de Arizona se encuentra en una encrucijada para definir su futuro. La protagonista de este conflicto es Gail Griffin, una veterana legisladora republicana que ha moldeado las leyes de uso del agua desde su puesto como presidenta de influyentes comités legislativos.

Desde hace décadas, la gestión del agua ha sido uno de los temas más delicados en Arizona, un estado árido que depende intensamente del agua subterránea, especialmente en zonas rurales. La falta de regulaciones eficaces ha llevado a la sobreexplotación de acuíferos, poniendo en riesgo el acceso al agua de comunidades completas.

Griffin: firme defensora de los derechos de propiedad y la vida rural

Con una carrera política que se remonta a 1997, Griffin se ha consagrado como una férrea defensora de los derechos de los propietarios, el estilo de vida rural y el uso sin restricciones del agua subterránea. "Apoyamos los derechos de propiedad privada y la libertad individual mientras buscamos soluciones legislativas que protejan a las comunidades rurales y nuestras industrias naturales", expresó recientemente Griffin en una declaración oficial.

Sin embargo, su rigidez frente a cualquier intento de expandir el código de aguas de 1980, especialmente hacia regiones rurales, la ha enfrentado con la gobernadora demócrata Katie Hobbs, ciudadanos afectados e incluso miembros de su propio partido.

La propuesta fallida que desató el conflicto

Este año, la gobernadora Hobbs propuso una legislación bipartidista para introducir regulaciones al bombeo de agua en áreas rurales no reguladas. La iniciativa murió en el pleno legislativo por falta de apoyo clave: el de Griffin. En cambio, la legisladora promovió una política alternativa que permite a los agricultores transferir sus permisos de bombeo a desarrolladores inmobiliarios, para que presenten dichos derechos como prueba de abastecimiento de agua para nuevos proyectos urbanos.

Esta medida generó profunda frustración en ciudadanos como Karen Weilacher, dueña de un pozo doméstico que se ha visto afectado por el descenso de los acuíferos. En una audiencia legislativa, Weilacher se paró frente al comité presidido por Griffin, mostrando una camiseta que decía: “El agua es vida”, y pronunció con ironía: “Voy a hacer lo que la representante Griffin ha hecho con nosotros”, para luego darles la espalda en señal de protesta.

El código de aguas de 1980: avance urbano, abandono rural

Arizona cuenta con uno de los códigos de aguas más estrictos de Estados Unidos desde 1980. Esta legislación impone límites a la extracción de agua subterránea en las principales áreas metropolitanas, y exige a los constructores demostrar un abastecimiento de agua a 100 años antes de levantar nuevas viviendas. Pero estas normas no se aplican fuera de las Active Management Areas (AMAs), dejando a muchas regiones rurales sin protección.

Durante años, expertos han llamado a incluir a estas zonas rurales en el marco regulatorio. Incluso estudios del Department of Water Resources de Arizona han alertado del descenso crítico de acuíferos como el de Willcox Basin, donde el nivel de agua ha disminuido más de 61 metros en algunos sitios debido al bombeo descontrolado.

La gobernadora Hobbs interviene directamente, pero divide

Ante la parálisis legislativa, la gobernadora Hobbs usó su autoridad ejecutiva para declarar el Willcox Groundwater Basin como área crítica regulada. Fue un movimiento audaz que enfureció a los defensores del statu quo y se convirtió en blanco de fuertes críticas por parte de Griffin y otros legisladores republicanos.

“Esto devastará nuestra agricultura y las economías rurales”, advirtió Griffin. El Arizona Farm Bureau y la Arizona Cattle Growers Association, ambos con los que Griffin tiene vínculos estrechos, apoyaron sus objeciones.

El drama político: ruralistas contra reguladores

Griffin se ha convertido en un símbolo del ruralismo conservador. Según el ex presidente de la Cámara estatal, Rusty Bowers: “Ella es una creyente convencida en sus principios. Si no los respetas, te pasa por encima como un camión Mack”.

Nacida y residente de Hereford, una comunidad agrícola cerca de la frontera con México, Griffin camina por su vecindario armada con una pistola, y mantiene una visión casi libertaria de la vida en el campo. En 2019, durante un foro público, rememoró cómo le aconsejaron no disparar si un oso irrumpía en su hogar. Su respuesta: “¿Y qué pasa si le disparo y lo mato?”. El público aplaudió su actitud.

Su identidad rural, sin embargo, ha chocado con agricultores como Ed Curry, un productor de Cochise County y miembro del consejo de políticas hídricas de la gobernadora. “Incluso cultivando cosechas de bajo consumo, nuestros pozos se están secando”, reclamó. “Le hemos suplicado que haga algo. No pregunta, ordena. No escucha, habla”.

Números que gritan: el desastre hídrico silencioso de las zonas rurales

Una investigación de Arizona Republic reveló que en Cochise County, más de 3,000 pozos se han secado desde 2015. El costo de profundizar un pozo puede superar los $40,000, una cantidad inasequible para muchas familias.

• 61 metros: descenso registrado en algunos pozos del Willcox Basin
• $40,000: costo promedio de perforar a mayor profundidad para acceder al agua
• 0 regulaciones: en muchas regiones rurales de Arizona

Además, existen zonas donde las empresas agrícolas perforan decenas de pozos profundos sin restricciones, en algunos casos absorbiendo agua destinada a comunidades enteras. Y mientras tanto, los efectos del cambio climático no dan tregua: Arizona atraviesa una megasequía que la Universidad de California considera la peor en 1,200 años en el suroeste estadounidense.

¿Qué futuro le espera a las comunidades rurales sin acción legislativa?

La falta de consenso político sigue dejando a los residentes sin soluciones reales. Legisladores como Griffin consideran que la producción agrícola debe permanecer sin trabas, pero no han ofrecido alternativas robustas para detener el agotamiento de acuíferos. La paradoja es brutal: sin agua, no hay agricultura posible —ni casas, ni vida rural.

Expertos como Kathleen Ferris, del Environmental Defense Fund, señalan que introducir sistemas de gestión comunitaria del agua subterránea, como los ya existentes en California bajo la ley Sustainable Groundwater Management Act, podrían equilibrar la productividad agrícola con la sostenibilidad.

El año 2025: clave para el futuro político de Griffin

Griffin aspira ahora a una banca en el Senado estatal. Pero el descontento crece entre sus propios votantes que, aunque solían respaldarla por encarnar los valores del campo, hoy enfrentan pozos secos y facturas impagables. “Algo tiene que hacerse”, insiste Curry. Y para muchos, ese algo comienza con un cambio de liderazgo.

La crisis del agua se está convirtiendo en un termómetro político para el futuro de Arizona. Políticos como Griffin han representado durante décadas a las zonas rurales en su resistencia a la regulación, pero la emergencia hídrica podría estar redefiniendo las prioridades de esos electores. La gran pregunta es: ¿llegará la legislación a tiempo o el desierto se tragará el agua que queda?