¿Terrorismo o enfermedad mental? El polémico caso del atacante de Walmart en Michigan

El apuñalamiento de 11 personas en un Walmart en Michigan ha causado conmoción e indignación. La acusación reciente de terrorismo contra el presunto atacante, Bradford Gille, ha reavivado un debate de dos décadas: ¿en qué circunstancias puede —o debe— aplicarse la legislación antiterrorista de EE. UU. dentro del ámbito nacional?

Un crimen brutal, pero ¿terrorismo?

El fiscal del condado de Grand Traverse, Noelle Moeggenberg, ha optado por formular un cargo inusual: terrorismo. Según la legislación de Michigan, adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un acto se considera terrorista si busca “intimidar o coaccionar a una población civil o influenciar el accionar gubernamental a través de la intimidación o coerción”.

En este trágico episodio, Gille apuñaló a 11 personas en una tienda Walmart al norte del estado. Las autoridades locales sostienen que su objetivo era sembrar el miedo en la comunidad entera. Pero demostrar ante un jurado que un acto aparentemente aleatorio cumple con los elementos legales de terrorismo será una tarea compleja.

¿Un uso legítimo de la ley o una extralimitación?

“No veo cómo el fiscal podrá comprobar esto”, dijo la reconocida abogada penalista Margaret Raben, quien presidió la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Míchigan. “Parece haber sido algo completamente aleatorio. Que haya herido a 11 personas no lo convierte automáticamente en un acto de terrorismo”.

La periodista criminalista Liza Featherstone también advirtió que este tipo de cargos pueden banalizar el significado de terrorismo. “La ley fue creada para responder a ataques como el del 11-S o el de Oklahoma City, no para castigar actos de violencia urbana o derivados de enfermedades mentales”, apuntó.

El historial oscuro de Bradford Gille

Gille, de 42 años, tiene una historia documentada de problemas de salud mental. Un día antes del crimen, un juez había emitido una orden para que la policía lo trasladara a un hospital por representar un riesgo para sí mismo o para otros. No obstante, la policía no logró localizarlo a tiempo.

Durante su comparecencia en la corte, Gille mostró señales de inestabilidad emocional. Cuando le preguntaron si podía pagar un abogado, respondió: “No para dárselo a usted”. Además, sugirió estar en situación de calle, ya que no tenía dirección postal. En el pasado, tuvo múltiples encontronazos con la policía local. En 2016, fue declarado no culpable por razón de demencia tras destrozar la tapa de una cripta en un cementerio, hecho que lo mantuvo institucionalizado por un tiempo.

“Nunca debió haber estado en la calle. Es muy triste”, opinó Karl Crawford, superintendente del Cementerio Greenwood en Petoskey.

Una herramienta legal poco usada

Desde su creación en 2002, la legislación antiterrorista de Michigan ha tenido un uso muy limitado. Según la portavoz de la fiscalía del condado de Wayne, Maria Miller, nunca se ha aplicado una acusación de terrorismo en el condado más poblado del estado. La única excepción notable fue el tiroteo en la Escuela Secundaria Oxford, en 2021.

En ese caso, el joven Ethan Crumbley fue condenado por terrorismo, asesinato y otros delitos tras asesinar a cuatro estudiantes. Fue el primer caso documentado en Estados Unidos en el que se presenta y sostiene un cargo de terrorismo escolar.

“El impacto de ese crimen se expandió más allá de los muros de la escuela. Afectó a toda la comunidad. Esa fue la base para el cargo”, dijo la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald.

¿Qué pretende la fiscal?

Moeggenberg insiste en que el caso de Gille es comparable al de Oxford, argumentando que el ataque buscaba “alterar el comportamiento de la comunidad”. Su interpretación se basa en los impactantes eventos ocurridos dentro de un lugar considerado seguro para las compras: una tienda Walmart en Traverse City.

No obstante, el paralelismo es difuso. A diferencia de Crumbley, Gille no habría planeado un acto estructurado ni dejó evidencia de una motivación política, ideológica o extremista.

Incluso sus declaraciones en la audiencia fueron incoherentes. “Las tabacaleras están vendiendo cigarrillos con Fiberglas y químicos para matarnos. No pueden acusarme de nada cuando ustedes hacen eso”, exclamó.

El sistema de salud mental: ¿otra víctima colateral?

Más allá del debate legal, el caso evidencia fallas estructurales en el sistema de salud mental. Desde hace años, expertos denuncian que muchos individuos con necesidades psiquiátricas severas son abandonados por el sistema, lo que puede terminar en tragedias evitables.

Según datos del National Institute of Mental Health, alrededor del 4.2% de los adultos en Estados Unidos viven con una enfermedad mental grave. Muchos de ellos enfrentan pobreza, falta de acceso a atención estable y criminalización de sus síntomas.

• Más del 37% de los reclusos en cárceles estatales han sido diagnosticados con trastornos mentales, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Justicia.
• Casi el 25% de los tiroteos masivos en EE. UU. relacionados con individuos diagnosticados con enfermedades mentales podrían haberse evitado si hubiesen tenido acceso a servicios comunitarios apropiados, según un estudio de la Universidad de Columbia.

Peligro de estigmatizar la enfermedad mental

El uso de la figura de terrorismo en casos protagonizados por personas con enfermedades mentales conlleva el riesgo de aumentar el estigma social y de etiquetar a individuos sin intención ideológica como amenazas públicas.

“Relacionar directamente la salud mental con actos terroristas es irresponsable y peligroso”, advirtió la psiquiatra forense Dra. Melissa Sanchez. “La evidencia revela que la mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas y representan más peligro para sí mismas que para otros”.

De hecho, múltiples estudios concluyen que el consumo de sustancias es un predictor más fuerte para la violencia que los trastornos mentales no tratados.

¿Y ahora qué?

La historia de Bradford Gille está lejos de concluir. Primero, será necesario llevar a cabo evaluaciones psiquiátricas para establecer si es competente para ser juzgado y si puede ser considerado penalmente responsable de sus actos.

El debate sobre si su conducta califica como terrorismo se llevará a cabo en un juzgado, pero también en la arena pública: juristas, políticos y ciudadanos se interrogan sobre los límites del derecho penal en el marco de actos violentos carentes de motivación ideológica clara y con trasfondo de enfermedad mental.

Algunos exigen una mayor inversión en salud mental. Otros, reglas más estrictas que permitan internar a personas con alto riesgo de forma preventiva. Y otros más, una reevaluación profunda de las leyes antiterroristas creadas en un contexto marcado por el miedo hace más de 20 años.

Lo que es cierto es que este caso podría sentar un precedente peligroso. De validarse esta acusación, la categoría penal de terrorismo podría abrirse a una amplitud sin precedentes, con implicaciones serias para los derechos civiles en Estados Unidos.