Álvaro Uribe condenado: ¿el ocaso del poder en Colombia?

Un veredicto sin precedentes

El 28 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la historia política de Colombia. Álvaro Uribe Vélez, expresidente y una de las figuras más influyentes del país, fue hallado culpable por los delitos de manipulación de testigos y soborno. El juicio, celebrado en Bogotá, dejó en evidencia una compleja red de influencias cuyo epicentro era el hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

El fallo emitido por la jueza Sandra Heredia concluyó una exhaustiva audiencia de más de diez horas. En ella se detalló cómo Uribe, en complicidad con su abogado, intentó cambiar los testimonios de tres exparamilitares presos. El objetivo: desacreditar las acusaciones formuladas en su contra por el senador de izquierda Iván Cepeda, quien ha sido uno de sus principales críticos desde hace más de una década.

¿Qué está en juego?

Uribe enfrenta una posible pena de hasta 12 años de prisión, aunque su defensa ya ha anunciado que apelará ante una instancia superior. Esta no es solo una cuestión legal: lo que está en juego es el legado de un presidente que definió la política colombiana durante al menos una generación.

Bajo su liderazgo, Colombia vivió una de las ofensivas militares más intensas contra los grupos insurgentes. Fue el artífice de la 'Seguridad Democrática', una política con la que logró debilitar significativamente a las FARC, pero también ha sido acusado de facilitar el auge del paramilitarismo en las regiones rurales.

De denunciante a acusado

La historia tomó un giro inesperado en 2012, cuando Uribe denunció a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema no solo desestimó los cargos, sino que en 2018 inició oficialmente una investigación contra Uribe. Lo que comenzó como una afrenta judicial, terminó desencadenando una serie de revelaciones que ahora lo colocan en el centro de uno de los escándalos políticos más graves del siglo XXI en Latinoamérica.

¿El fin del uribismo?

Para muchos colombianos, Uribe no es solo un expresidente. Es una figura casi mítica, ídolo de millones y creador de una corriente política propia: el uribismo. A través del Centro Democrático, su partido, ha influido directamente en múltiples gobiernos, como el de su sucesor Juan Manuel Santos (antes de romper relaciones con él), y el del presidente Iván Duque.

Los efectos de esta condena sobre la política nacional podrían ser vastos. ¿Se fracturará su partido? ¿Perderá capacidad de influencia? ¿Surgirá una nueva era de rendición de cuentas para la élite política del país?

Ecografía del poder judicial colombiano

Históricamente, Colombia ha sido un país donde los altos funcionarios, especialmente los expresidentes, raramente enfrentaban sanciones judiciales. Esta condena representa un momento definitorio para la justicia. No solo por la dimensión política del acusado, sino por el mensaje que envía: nadie está por encima de la ley.

Como declaró la propia jueza Heredia: "El debido proceso debe imperar incluso cuando el acusado ha sido jefe de Estado". Estas palabras resonaron en toda América Latina, donde muchas democracias han sido socavadas por la impunidad.

El paramilitarismo a juicio

Una pieza clave del caso tiene que ver con los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, concretamente con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un grupo armado fundado por ganaderos y narcotraficantes en los años 90 para contener a la guerrilla. Aunque varios documentos y testimonios han alimentado estas sospechas por años, ningún tribunal había causado tanto revuelo al abordar públicamente esta conexión.

La acusación contra Uribe señala que buscaba influenciar y revertir testimonios que exponían esas relaciones. De confirmarse en segunda instancia, abriría la puerta a nuevas investigaciones más profundas sobre su rol durante el auge paramilitar en Colombia.

Implicaciones continentales

Los efectos del fallo pueden sentirse más allá de las fronteras colombianas. Uribe fue por años aliado estratégico de Washington, especialmente durante las administraciones de George W. Bush y Donald Trump. Recibió apoyo económico y militar, y fue símbolo de la lucha contrainsurgente para los sectores conservadores de toda América Latina.

¿Cómo reaccionarán ahora esos aliados? ¿Continuará su apoyo o lo abandonarán de cara a la evidencia presentada en su contra? En un contexto global donde se cuestiona cada vez más el abuso de poder, estos interrogantes seguirán ganando fuerza.

La opinión pública: entre la incredulidad y el alivio

Las reacciones de la sociedad colombiana han sido tan diversas como polarizadas. Afuera del tribunal, los detractores de Uribe celebraron con pancartas donde se leía “Culpable”. En redes sociales, miles de usuarios convirtieron el tema en tendencia nacional con hashtags como #JusticiaParaColombia o #UribeCondenado.

Sin embargo, cientos de simpatizantes del expresidente también se manifestaron en su defensa y calificaron la condena como una “persecución política” impulsada por sectores de izquierda.

El futuro en manos de la Corte

A pesar de la condena, Uribe no irá a prisión de inmediato. Se encuentra libre mientras se lleva a cabo el proceso de apelación, que será evaluado por un tribunal superior. El desenlace de esta nueva etapa judicial determinará si finalmente se le impone una condena firme o si logra revertirla.

Lo cierto es que el fallo ya ha reconfigurado el mapa político de Colombia. Desde sectores más progresistas como el Pacto Histórico, hasta voces internacionales especializadas en derechos humanos, el fallo se ha interpretado como un giro hacia una democracia más responsable y madura.

Una democracia a prueba

Colombia vive tiempos de cambios. En medio de reformas estructurales, diálogos de paz y una ciudadanía despierta, la condena a Uribe podría ser un punto de inflexión. La justicia, por tantos años considerada una parte del aparato político, ahora ha dado un golpe en la mesa. Y lo ha hecho contra uno de los líderes más poderosos de su historia reciente.

Queda por ver si el sistema resistirá las presiones o si dará marcha atrás. Pero mientras tanto, millones de latinoamericanos observan atentos. Porque lo que sucede en Colombia hoy podría ser una señal de lo que vendrá en otros países mañana.

“El poder no otorga inmunidad. Y la justicia tiene memoria.”