La cruzada ambiental de Trump: ¿Desregulación o retroceso climático?

El intento de revocar la base legal para limitar los gases de efecto invernadero reaviva el debate sobre el papel de la EPA y el futuro ambiental de EE. UU.

La gran ofensiva contra el legado climático estadounidense

En una maniobra sin precedentes, la administración de Donald Trump ha propuesto revocar uno de los pilares más significativos de la política ambiental de Estados Unidos: la “determinación de peligro” (o Endangerment Finding). Esta resolución, establecida en 2009 durante el mandato del presidente Barack Obama, permitió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) regular las emisiones de gases causantes del cambio climático, como el dióxido de carbono y el metano.

Ahora, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, quiere anular ese dictamen, calificándolo de "el Santo Grial de la religión del cambio climático" y asegurando que su eliminación marca “el día más importante de desregulación en la historia de Estados Unidos”. Pero ¿qué implicaciones tiene esta drástica decisión y qué tan factible es su implementación? En este artículo te ofrecemos un análisis profundo de este intento de rescribir las reglas del juego ambiental desde la Casa Blanca.

¿Qué es la “determinación de peligro”?

La determinación de peligro fue el resultado de una decisión de la Corte Suprema en 2007 (Massachusetts v. EPA), donde se dictaminó que la EPA tenía el poder —e incluso la obligación— de regular los gases de efecto invernadero si se demostraba que estos representaban un riesgo para la salud pública. Esto dio paso a la resolución de 2009 bajo la presidencia de Obama, en la que se concluyó científicamente que estos gases, en especial el CO₂, contribuyen al calentamiento global y, por lo tanto, amenazan al bienestar y salud de los ciudadanos estadounidenses.

Esta base legal sirvió como fundamento para regulaciones sobre emisiones de vehículos, plantas eléctricas y fábricas. En esencia, es el cimiento sobre el cual EE. UU. construyó su marco normativo climático en la última década.

La ofensiva de Trump y Zeldin: razones y simbolismos

Desde su regreso al poder en enero, Donald Trump ha retomado con determinación su agenda de desregulación. La propuesta de anular la determinación de peligro sigue la línea de su orden ejecutiva que exige revisar su legalidad y relevancia actual. Según Zeldin, esto forma parte integral de una serie de 31 reglas ambientales que buscan revocarse, entre ellas, normas sobre agua limpia, estándares de emisiones para autos, y límites a la contaminación industrial.

"Esta propuesta eliminará las trabas regulatorias más costosas para la economía americana" señaló Zeldin, añadiendo que la nueva era marcada por la administración Trump se enfoca en crecimiento económico por encima de lo que él llama "alarmismo climático”.

Críticas desde todos los frentes: un consenso inusual

La propuesta ha recibido una contundente oposición de parte de científicos, expertos legales, activistas ambientales y hasta exdirectores de la EPA, incluidos Christine Todd Whitman (administradora durante el gobierno de George W. Bush), quienes han denunciado el intento como algo “peligroso e irresponsable”.

“Si hay una verdadera amenaza a la salud pública, proviene de esta administración y no del dióxido de carbono”, dijo Whitman. Por su parte, Peter Zalzal, vicepresidente asociado del Environmental Defense Fund, advirtió que esta acción “es intrínsicamente incompatible con la responsabilidad de la EPA de proteger la salud de los estadounidenses”.

David Doniger, abogado del Natural Resources Defense Council, añadió que sería "casi imposible jurídicamente" que se sostuviera en tribunales una decisión contraria al consenso científico establecido en 2009.

Gran parte de la comunidad científica en contra

Más del 97% de los científicos del clima coinciden en que las actividades humanas están alterando el clima, y las emisiones de gases como el CO₂ y el metano son los principales responsables. La NASA y la NOAA han documentado una aceleración sin precedentes del calentamiento global en las últimas décadas.

Eliminar la determinación de peligro es, por tanto, ir en contra del consenso científico y de múltiples organismos internacionales. Además, expertos alertan que ello podría impedir no solo implementar nuevas regulaciones en el futuro, sino también mantener las existentes.

Impacto económico vs salud pública: ¿una falsa dicotomía?

Uno de los principales argumentos presentados por los defensores de derogar la regulación climática es el efecto económico de las normativas medioambientales. No obstante, estudios recientes sugieren que los costos de no hacer nada son mucho mayores. Según un informe de la Brookings Institution, los desastres naturales vinculados al cambio climático ya cuestan a EE. UU. más de $100 mil millones anuales.

Además, el Banco Mundial estima que la inacción climática podría reducir el PIB global en un 7% para el año 2100. Por el contrario, la transición hacia una economía más limpia puede generar empleo: el empleo en energías renovables en EE. UU. creció un 20% entre 2017 y 2023.

La lucha judicial que se avecina

Tal como ocurrió en 2007, muchos analistas esperan que esta nueva ofensiva contra la determinación de peligro termine en los tribunales. Si la EPA logra anular esta normativa, grupos como el NRDC, Sierra Club y Earthjustice ya han prometido demandar, argumentando que cualquier revocación sin base científica sólida violaría el mandato legal de la EPA bajo la Clean Air Act.

En palabras de Doniger: “Esto es un intento de dar un ‘disparo letal’ a todas las regulaciones climáticas presentes y futuras. Pero será muy difícil sostener legalmente una decisión basada más en ideología que en ciencia.”

La paradoja del transporte

El sector más contaminante en Estados Unidos actualmente no es la industria pesada ni la agricultura, sino el transporte, que genera cerca del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero según la Agencia de Protección Ambiental.

Eliminar límites a las emisiones de los tubos de escape —otro objetivo incluido en la propuesta— equivale a detener los incentivos para la fabricación de vehículos eléctricos en uno de los mayores mercados del mundo.

En un momento donde Europa y Asia impulsan regulaciones más estrictas para autos contaminantes y avanzan hacia la electrificación del transporte, la propuesta de la EPA bajo Trump podría quedar rezagada en la competencia tecnológica mundial.

Y después de Trump, ¿qué?

Una polémica adicional sobre la revocación del Endangerment Finding es el precedente que sienta: al eliminarlo, no solo desmantela regulaciones actuales, sino que crea un nuevo obstáculo legal para futuras administraciones que deseen reintroducir políticas climáticas.

Si esta revocación llega a consolidarse, cualquier gobierno posterior debería volver a emitir una nueva determinación científica y pasar nuevamente por el proceso legal y burocrático, lo cual toma años y enfrenta grandes obstáculos políticos y judiciales.

Conclusión: un retroceso con consecuencias impredecibles

No se trata solo de una acción administrativa, sino de un intento político y filosófico de desmantelar décadas de progreso en materia de legislación ambiental. La propuesta de Lee Zeldin y Donald Trump es una declaración de guerra contra el consenso científico, la jurisprudencia establecida y los tratados internacionales firmados por EE. UU..

El debate no es únicamente sobre gases o regulaciones, sino sobre el papel del Estado en cuidar su medioambiente, su economía y su salud pública. Si algo ha quedado claro, es que la guerra climática en EE. UU. está lejos de terminar.