Los Ángeles enfrenta a ICE: ¿Puede una ciudad desafiar al rostro oculto del poder federal?

Una propuesta con implicaciones profundas

El Condado de Los Ángeles ha dado un paso audaz en un momento en que la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes se encuentra en un punto crítico. La Junta de Supervisores votó 4-0 (con una abstención) para redactar una ordenanza que prohíba, salvo ciertas excepciones, que agentes del orden—incluidos los federales—oculten su rostro con máscaras o se nieguen a identificarse mientras cumplen sus funciones en el espacio público.

Los motivos detrás de esta medida están lejos de ser meramente simbólicos. Desde junio, se han realizado redadas de inmigración en el sur de California que han generado protestas masivas y han resucitado temores acerca del abuso de poder federal. La iniciativa ha sido encabezada por las supervisoras Janice Hahn y Hilda Solis, quienes han denunciado que hombres armados han detenido, golpeado e incluso separado a familias sin mostrar ninguna identificación visible.

El rostro de la ley: ¿con o sin máscara?

“Eso no es cómo debe actuar una fuerza del orden en una democracia”, declaró Hahn. Es una afirmación que pone en jaque una práctica creciente en operativos federales desde la administración Trump: el uso de máscaras y la omisión de identificaciones visibles por parte de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Este tipo de actuaciones han provocado comparaciones históricas poco halagadoras. Desde los tiempos de los regímenes autoritarios del siglo XX, el anonimato en los operativos policiales ha sido una herramienta para reprimir sin enfrentar consecuencias.

¿Qué hay detrás del anonimato?

Desde el gobierno federal, la narrativa es distinta. Todd Lyons, director interino de ICE, defendió el uso de máscaras por “seguridad personal”. “No voy a permitir que mis agentes arriesguen su vida o la de sus familias solo porque a la gente no le gusta lo que es la aplicación de la ley migratoria”, sostuvo Lyons.

El argumento, aunque comprensible en un clima de creciente polarización y amenazas reales contra funcionarios públicos, no resuelve la inquietud principal: ¿puede una población confiar en fuerzas que actúan sin responsabilidad visible?

El marco legal: una zona gris

La medida abre un debate legal intenso. El erudito constitucional Erwin Chemerinsky, decano de Derecho en la Universidad de California en Berkeley, expresó que la constitucionalidad de la ordenanza puede depender de su aplicación uniforme.

“La clave es que debe aplicarse a todas las fuerzas del orden. No puede aplicarse solo contra las federales”, dijo. Además, añadió que una ley federal tendría mayor fuerza jurídica.

En ese sentido, senadores como Alex Padilla (California) y Cory Booker (Nueva Jersey) han propuesto una legislación federal que prohíba a todo agente policial cubrir su rostro en operaciones dentro de EE.UU., salvo en casos específicos. La ley, aún en trámite, podría ser decisiva para sentar precedentes.

Derechos civiles vs seguridad nacional

La tensión entre proteger derechos constitucionales e implementar leyes migratorias ha alcanzado su punto más álgido. Desde las redadas iniciadas este verano, más de 300 personas han sido arrestadas en operativos ejecutados sin identificación visible. Activistas han documentado abusos, mientras que fiscales locales denuncian que comunidades enteras viven con miedo.

No es solo un acto administrativo. Como señala Hilda Solis, “el uso de máscaras y el rechazo a mostrar identificación no solo es alarmante, sino que erosiona la confianza pública y plantea serias preocupaciones de seguridad”.

La historia se repite, con nuevas máscaras

El uso de uniformes sin nombre, escudos y con rostros tapados recuerda escenas de la represión en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980. Chile, Argentina y Brasil vivieron años donde los cuerpos de seguridad actuaban sin rostro, lo cual les facilitó cometer abusos con impunidad. ¿Está Estados Unidos camino a repetir prácticas que tanto criticó en otros contextos?

El respaldo social a la visibilidad policial

Según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2023, el 78% de los estadounidenses apoya que los agentes de policía muestren claramente su nombre y número de identificación mientras cumplen su trabajo. Incluso en regiones conservadoras, un 65% de los encuestados afirmó estar “muy incómodo” con agentes que ocultan su rostro.

La experiencia UCLA: otro ángulo del conflicto

El debate sobre la visibilidad policial viene en paralelo con otro tema candente en California: la protección de derechos en los campus universitarios. UCLA fue condenada a pagar más de $6 millones de dólares como compensación por no proteger a estudiantes judíos durante protestas pro-palestinas que bloquearon su acceso a clases y espacios universitarios.

La vulneración de derechos de cualquier grupo, en este caso de la comunidad judía, demuestra cómo la pasividad institucional también puede tener efectos devastadores. El juez federal Mark Scarsi dejó claro que la universidad actuó con “indiferencia deliberada”, violando derechos civiles esenciales.

¿Un nuevo estándar nacional?

La administración Trump, que se opuso a manifestaciones antiisraelíes en campus, aprovechó el caso de UCLA para lanzar un modelo de sanciones financieras contra universidades que no protejan a sus estudiantes. Columbia University, en un caso similar, aceptó un acuerdo de $200 millones de dólares. Estos casos podrían establecer una jurisprudencia aplicable en universidades públicas de todo el país.

La vigilancia sin rostro y el Estado moderno

En una época donde la tecnología permite rastrear cada paso, la transparencia del poder es más necesaria que nunca. Si las comunidades deben rendir cuentas por sus actos, las instituciones que las vigilan también. Ocultar información básica como la identidad de un agente contradice principios fundamentales de una democracia moderna.

¿Qué sigue?

Los abogados del condado tienen 60 días para presentar el borrador de la ordenanza. Mientras tanto, el debate nacional sobre las prácticas invasivas de las agencias federales continúa escalando. La pregunta ya no es si ICE puede operar con balaclavas, sino por cuánto tiempo más lo hará sin enfrentar consecuencias legales y sociales.

Después del miedo, ¿la responsabilidad?

La historia nos muestra que los periodos de mayor oscuridad institucional suelen llegar disfrazados de orden. Los Ángeles ha encendido una luz pequeña, pero intensa, con su propuesta. El desenlace -sea judicial, legislativo o cultural– determinará cuán serio es Estados Unidos cuando profesa su fe en la democracia, los derechos civiles y la dignidad humana.