Trinidad y Tobago bajo amenaza: corrupción carcelaria, drones y un nuevo estado de emergencia

Trinidad y Tobago, la nación insular ubicada en el sur del Caribe, vuelve a colocarse en el centro de la atención por una razón alarmante. El gobierno ha extendido su estado de emergencia tras revelarse que su sistema penitenciario se encuentra seriamente comprometido. Esta medida extraordinaria no sólo refleja los niveles crecientes de criminalidad, sino también las profundas fallas institucionales que están siendo explotadas desde adentro.

Un sistema penitenciario en crisis

Durante una sesión extraordinaria del Parlamento, el Fiscal General John Jeremie lanzó acusaciones directas contra oficiales penitenciarios e incluso abogados defensores, implicándolos en redes criminales dentro de las prisiones. Según Jeremie, algunos guardias llegaron al extremo de alertar a los reclusos cuando la policía especializada ingresaba a hacer redadas.

“El sistema ha sido comprometido y ha estado sirviendo a los reclusos como un centro de comando criminal protegido”, puntualizó Jeremie.

Celulares, drones y bases militares

Uno de los hallazgos más impactantes del gobierno ha sido cómo los líderes de bandas encarcelados han utilizado teléfonos móviles introducidos clandestinamente para coordinar ataques, secuestros y homicidios desde las celdas. Ante esto, el gobierno trasladó a varios prisioneros de alto riesgo a bases militares en el occidente de Trinidad.

Sin embargo, ni siquiera estas medidas extraordinarias fueron suficientes. Se reportó que dos drones no identificados intentaron infiltrarse en las zonas restringidas donde permanecen estos delincuentes de alto calibre. La intervención oportuna del ejército logró impedir mayores consecuencias, pero expuso el nivel de sofisticación y alcance que estas redes criminales han desarrollado.

El segundo estado de emergencia en menos de un año

La situación ha escalado tanto que el gobierno de Trinidad y Tobago instituyó un nuevo estado de emergencia que inicialmente duraría 15 días desde el 18 de julio, pero que ahora se ha extendido por tres meses debido al riesgo persistente de atentados contra funcionarios de alto nivel y ataques a instituciones públicas.

Esta no es una medida inédita. En diciembre del año pasado, la nación caribeña adoptó un estado similar debido al aumento preocupante de la violencia de bandas, el cual se mantuvo activo hasta mediados de abril. La repetición de esta medida en cuestión de meses evidencia la inestabilidad institucional imperante.

Más de 340 arrestos y 800 operaciones

A pesar de las críticas iniciales por parte de la oposición cuestionando la efectividad de la medida, el gobierno asegura que la respuesta ha sido contundente. Según cifras oficiales, más de 340 personas han sido arrestadas y se han llevado a cabo más de 800 operativos en los primeros 10 días del estado de emergencia.

El ministro de Asuntos Jurídicos, Saddam Hosein, explicó en el Parlamento: “Estamos aquí por una extensión porque la amenaza aún existe”.

Prisiones como centros de crimen organizado

El grado de colusión entre funcionarios penitenciarios y reclusos plantea serias dudas sobre la gobernabilidad del sistema carcelario. Jeremie relató cómo algunos guardias permitieron a los internos coordinar reuniones y actuaban como mensajeros entre bandas.

Sumado a esto, se ha reportado que algunos abogados han facilitado comunicaciones ilegales entre reos y aliados del exterior, utilizando el pretexto de la privacidad de las entrevistas legales.

La voz de los oficiales penitenciarios

La Asociación de Oficiales Penitenciarios, que representa a los guardias carcelarios, ha respondido con molestia ante las acusaciones generalizadas. Calificaron estos señalamientos como “irresponsables” y advirtieron que empañan la imagen de cientos de trabajadores honestos que arriesgan sus vidas diariamente.

No obstante, las denuncias del Fiscal General parecen respaldadas por la magnitud estructural de la infiltración dentro del sistema penal y la escalada de eventos delictivos coordinados desde el interior.

Un aniversario sombrío: el recuerdo del golpe de 1990

El gobierno decidió prolongar el estado de emergencia justo un día después de conmemorarse el 35.º aniversario del fallido golpe de Estado perpetrado por Jamaat-al-Muslimeen en 1990, que dejó 24 muertos y colocó a la nación bajo una sombra de caos.

El Fiscal General manifestó que las condiciones actuales son “no muy distintas a las de aquel período”. La comparación no es antojadiza: durante ambos eventos, facciones radicalizadas amenazaron la seguridad nacional desde estructuras internas debilitadas por la corrupción y la ineficiencia.

Perspectiva histórica: la lucha de Trinidad contra el crimen organizado

Trinidad y Tobago ha lidiado históricamente con una dualidad: por un lado, un país próspero por sus recursos energéticos; y por otro, una sólida presencia de redes criminales que operan tanto a nivel urbano como carcelario.

Desde la década de los 90, bandas como Rasta City, Muslimeen y otras facciones surgieron en los barrios marginalizados de Puerto España, la capital. Estas organizaciones no sólo están involucradas en el narcotráfico, sino también en corrupción política y extorsión a pequeña y gran escala.

La expansión de estos grupos en el sistema penitenciario no es fenómeno nuevo. Sin embargo, la actual administración parece estar enfrentando una etapa de consolidación criminal sin precedentes, donde incluso instituciones como los tribunales y las bases militares están siendo puestas a prueba.

La reacción ciudadana

Una parte significativa de la población ha respaldado la decisión del gobierno. Encuestas recientes indican que más del 62% de los trinitenses consideran que el gobierno debe tomar medidas más drásticas para poner fin a las redes criminales, aunque un 28% teme que el uso prolongado del estado de emergencia derive en abusos de poder o en la restricción a derechos básicos.

Organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han llamado a un monitoreo riguroso de la situación, destacando que la crisis de seguridad no debe ser excusa para reprimir protestas o desarticular el debido proceso legal.

El rol que juega la tecnología

La posibilidad de que drones hayan sido utilizados para intentar comunicarse o extraer información desde instalaciones militares levanta una nueva alerta: el uso creciente de tecnologías accesibles por parte de grupos criminales.

En un contexto donde los teléfonos celulares representan un riesgo real al ser usados dentro de prisiones, la infiltración por medio de drones marca un nuevo capítulo en la guerra entre instituciones estatales y redes criminales.

Una advertencia regional

El caso de Trinidad y Tobago debe servir como advertencia para otras naciones del Caribe y América Latina, donde la corrupción carcelaria ha sido un flagelo histórico. Países como Honduras, El Salvador y Brasil han enfrentado crisis similares con mafias que operan desde las celdas como si fueran oficinas corporativas del crimen organizado.

Con casi 1.4 millones de habitantes, la nación trinitense afronta un dilema urgente: cómo recuperar el control de sus instituciones sin sacrificar derechos civiles, cómo depurar el sistema penitenciario sin reacciones violentas y, sobre todo, cómo generar una respuesta estatal que perdure y no solo apague incendios.

Solo un enfoque integral e interinstitucional podrá enfrentar la profunda podredumbre institucional que ha permitido que desde una celda se puedan coordinar crímenes impensables en una democracia funcional.