¿Antirracismo o racismo inverso? El nuevo frente de batalla del trumpismo contra las universidades

Una cruzada institucional: el caso Duke como punta de lanza

La administración Trump ha vuelto a alzar el estandarte de la lucha contra la diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés). Esta vez, la Universidad de Duke, uno de los centros académicos más prestigiosos de Estados Unidos, es el blanco de medidas sin precedentes. Bajo duras acusaciones de "racismo vil" y discriminación racial en sus políticas de contratación y admisión, el gobierno ha congelado 108 millones de dólares en fondos federales de investigación provenientes de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Lejos de ser un caso aislado, Duke se suma a una lista creciente de universidades de élite como Harvard, Columbia y Cornell, actualmente bajo investigación federal, y que enfrentan presiones por supuestas prácticas inconstitucionales relacionadas con la promoción de la diversidad racial.

¿Qué está en juego?

El trasfondo de este conflicto no es únicamente financiero ni académico. Se trata de una pugna ideológica que gira en torno al significado de equidad, mérito y representación en el sistema educativo estadounidense. Según la carta firmada por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y la secretaria de Educación Linda McMahon, si se confirman las acusaciones contra Duke, la universidad se volverá "inadecuada para cualquier relación financiera con el gobierno federal".

La medida no solo amenaza la viabilidad financiera del centro —que el año pasado destinó $1.500 millones a investigación, el 60% de ellos provenientes de fondos federales— sino que despliega una narrativa peligrosa: el antirracismo promovido desde la academia se presenta como un nuevo rostro del racismo institucional, esta vez en prejuicio de personas blancas y asiático-americanas.

¿Qué es la acción afirmativa y por qué es tan polémica?

La acción afirmativa refiere a políticas diseñadas para fomentar la inclusión de grupos históricamente discriminados, especialmente en educación y empleo. Sus raíces se remontan a los años 60, en el contexto del movimiento por los derechos civiles. Pero en las últimas décadas ha sido objeto de ataques judiciales y mediáticos, acusada por algunos sectores de ser una forma de discriminación inversa.

En 2023, la Corte Suprema de EE.UU. prohibió prácticas de acción afirmativa en la admisión universitaria, marcando el fin de una era. Esta decisión allanó el camino para que el trumpismo intensificara su ofensiva contra lo que considera una ideología "woke" peligrosamente incrustada en las universidades.

El modelo Columbia: ¿solución o advertencia?

La Universidad de Columbia, ante la presión gubernamental, aceptó pagar $200 millones y modificar sus políticas de admisión, becas y contratación para recuperar el acceso a fondos federales. Este acuerdo, que la administración de Trump ha presentado como modelo, es visto por algunos críticos como una claudicación de la autonomía universitaria frente a una agenda ideológica.

Como ha señalado el catedrático de derecho Kenneth Anderson: "Estamos entrando en una nueva etapa donde el gobierno federal redefine el significado de 'meritocracia' a través de la imposición directa sobre instituciones educativas supuestamente autónomas".

La paradoja: más diversidad, más vigilancia

A la par de estas investigaciones, el Departamento de Educación abrió otra pesquisa contra la Duke Law Journal, la revista de derecho de la universidad, por supuestamente favorecer editoras de grupos subrepresentados. En un giro irónico, prácticas destinadas a equilibrar la representación se interpretan ahora como instrumentos de desigualdad.

Y esta tendencia no es nueva. Desde que Donald Trump asumió su primera presidencia, ha descrito a las universidades como "fábricas de izquierda radical". En su actual plataforma política, ha dedicado múltiples apartados a erradicar toda forma de adoctrinamiento en campus universitarios. La estrategia: usar fondos federales como herramienta de presión.

No todo es ideología: el impacto económico y humano

Mientras la batalla ideológica se intensifica, la realidad golpea a estudiantes, investigadores y trabajadores. Ante la congelación de fondos, Duke anunció que casi 600 empleados aceptaron salidas voluntarias, y que serán necesarios más despidos.

Expertos temen que esto represente solo el inicio de una ola de precarización en el mundo académico. "El uso político de los recursos pone en riesgo la continuidad de investigaciones críticas para la salud pública, la tecnología o la justicia social", declara Jane Lewis, directora del American Academic Research Council.

¿Un problema más amplio?

Esta cruzada contra las políticas DEI se suma a otras ofensivas del entorno de Trump, como el caso del Dr. Vinay Prasad, quien dejó su cargo como jefe de vacunas de la FDA tras ser blanco de la extrema derecha por sus opiniones pasadas favorables a Bernie Sanders. Acusado de "traidor al trumpismo", fue cuestionado incluso por ejercer regulaciones más estrictas con ciertas terapias genéticas, en conflicto con el favorecimiento del acceso total a medicamentos experimentales que promueve el conservadurismo.

Igualmente, localidades que recibieron fondos federales por la pandemia del COVID-19 han sido amenazadas con la devolución de esos recursos si no presentan reportes detallados. Se trata de una estrategia más amplia: control financiero como forma de disciplina política.

¿Un panorama para exportar?

Las implicaciones de este tipo de tensiones no se limitan a EE.UU. En América Latina, donde las acciones afirmativas han ganado terreno en países como Brasil, Colombia o México, surgen voces que observan con temor la posibilidad de que este viraje estadounidense contagie agendas políticos similares.

Como sostiene la socióloga brasileña Djamila Ribeiro: "El discurso del 'racismo inverso' está construido desde el privilegio histórico. No busca más igualdad, sino la restauración de un orden que excluye sistemáticamente a los otros".

¿Qué podemos aprender del caso Duke?

Lo que está ocurriendo con Duke University es mucho más que un conflicto administrativo. Representa un nuevo capítulo —quizás el más intenso desde el fin de la segregación legal— en el debate sobre cómo definimos la justicia racial en la educación superior.

Más allá de las cifras y declaraciones oficiales, lo que se juega aquí es el derecho de las universidades a ensayar formas distintas de inclusión, sin temor a represalias políticas. ¿Puede una sociedad democrática sostenerse si castiga las iniciativas que buscan corregir desigualdades históricas? ¿Dónde termina el mérito y comienza el privilegio?

El laboratorio no es solo Duke. Es Estados Unidos entero.