El legado amenazado: Medicaid, SNAP y el nuevo asalto al estado de bienestar en EE.UU.

El 30 de julio de 1965, en la Biblioteca Truman de Independence, Missouri, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una de las leyes más trascendentales del siglo XX. Junto al expresidente Harry S. Truman, dio vida a Medicare y Medicaid, dos programas de asistencia médica que configurarían las bases del estado de bienestar moderno en Estados Unidos. Apenas un año antes, la Ley de Cupones de Alimentos había consolidado el acceso a nutrición básica para los más desfavorecidos. En el diseño original de Johnson, estos programas no solo eran respuestas a necesidades urgentes, sino un acto de justicia social en una nación próspera.

Hoy, casi 60 años después, el debate regresa con fuerza. A raíz de una nueva legislación impulsada por Donald Trump y aprobada bajo control republicano, el futuro de estos pilares históricos pende de un hilo. Veamos por qué este viraje no es solo técnico o presupuestario, sino profundamente ideológico.

Medicaid: salvavidas médico y símbolo político

Según datos del KFF (Kaiser Family Foundation), actualmente más de 80 millones de estadounidenses reciben cobertura médica a través de Medicaid, incluidos niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y trabajadores de bajos ingresos. Este programa, inicialmente diseñado para familias extremadamente pobres, se ha expandido con los años, especialmente tras la aprobación del Affordable Care Act (Obamacare) en 2010.

Sin embargo, la nueva legislación presupuestaria —una de las más extensas en términos fiscales en la historia de EE.UU.— plantea recortes superiores a los $1 billón de dólares a lo largo de una década. Bajo el argumento republicano de reducir el déficit y “limpiar” el sistema de supuestos abusos, se introducen nuevos requisitos laborales para recibir beneficios, afectados especialmente los adultos aptos sin dependientes.

“Estamos haciendo los primeros cambios al estado de bienestar en generaciones,”
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

¿Requisitos laborales? Un arma de doble filo

El nuevo marco exige que ciertos beneficiarios —padres de adolescentes, adultos entre 50 y 64 años— deban demostrar al menos 80 horas mensuales de actividad laboral, educación o servicio comunitario para seguir recibiendo ayuda. Alentado por sectores conservadores, este cambio se presenta como incentivo para la autosuficiencia, pero múltiples estudios alertan sobre sus efectos nocivos.

Un análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) alerta que, con estas reformas, 10 millones de personas podrían perder su seguro médico, y al menos 3 millones dejarían de recibir asistencia alimentaria a través del programa SNAP.

SNAP: Alimentando a 40 millones de estadounidenses

La historia de los cupones de alimentos, ahora formalizados como el programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), se remonta a la Gran Depresión. Bajo Johnson, este programa se institucionalizó en 1964 con el fin de combatir el hambre estructural. Hoy, más de 40 millones de personas reciben unos $200 mensuales por individuo en asistencia alimentaria.

El golpe a SNAP por parte del nuevo paquete legislativo es profundo: se limita el acceso a ciertos grupos de extranjeros, se imponen topes en el gasto y se reduce la duración temporal de los beneficios. Estos cambios podrían generar un aumento directo de la pobreza, en particular, infantil, pues alrededor de uno de cada cuatro niños estadounidenses se ha beneficiado de SNAP en algún momento reciente.

¿Lo aprueba el pueblo?

Contrario al discurso oficial, las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses siguen apoyando el financiamiento de programas sociales. Una investigación del AP-NORC Center for Public Affairs Research revela que más del 60% desaprueba recortes en Medicare y Medicaid, incluso entre votantes republicanos de base.

Tal desfase entre políticas implementadas y percepción pública augura consecuencias políticas tangibles. Según Sharon Parrott, presidenta del Center on Budget and Policy Priorities, estas decisiones contravienen el pacto social instaurado en los años 60:

“Las consecuencias son millones de personas perdiendo atención médica y acceso a alimentos. El resultado: mayor pobreza y mayor sufrimiento.”

Detrás del argumento fiscal: ideología y prioridades

Es común oír entre líderes republicanos que los recortes están diseñados para reducir el déficit. Pero los mismos legisladores aprobaron un ambicioso paquete de desgravaciones fiscales por $4.5 billones. ¿Cómo casar ese afán de austeridad con recortes implacables en salud y alimentos mientras se alivia la carga tributaria sobre las rentas más altas?

Las prioridades parecen claras: reducir el tamaño del gobierno, limitar su papel en redistribuir riqueza e incentivar una economía menos regulada. Para muchos, esto se traduce en desmantelar décadas de avance social.

Voces de preocupación: desde los condados hasta el Congreso

Mark Ritacco, jefe de asuntos gubernamentales en la Asociación Nacional de Condados (NACo), expresó inquietud durante una reciente conferencia nacional:

“Hablamos de Medicaid y SNAP —estamos hablando de las vidas y medios de vida de las personas.”

Muchos gobiernos locales ya están calculando cómo absorber el impacto. Algunos evalúan subir impuestos, recortar otros servicios esenciales o limitar dramáticamente la asistencia.

Vidas salvadas vs. ahorro millonario

Para Bruce D. Meyer, economista de la Universidad de Chicago, el impacto va más allá de presupuestos:

“Hay muchos efectos positivos de Medicaid en salud, pero lo más impactante es que salva vidas... Los recortes ahorrarán dinero, pero aumentarán la mortalidad. Hay que escoger qué se valora más.”

Un debate que apenas comienza

En plena polarización ideológica, la cuestión de los programas sociales redefine el alma de la política estadounidense. ¿Es Medicaid un derecho o un regalo inmerecido? ¿Debe el gobierno alimentar al hambriento o motivarlo “por su cuenta”?

Para muchos ciudadanos, la eliminación paulatina de estas redes es una regresión a tiempos donde la pobreza era invisibilizada y no existía un soporte común. Otros lo ven como una señal para reconectar con valores de responsabilidad individual.

Pero los datos hablan: más pobreza, más mortalidad, más hambre. Las cifras no son meras estadísticas; son rostros. Y mientras el Congreso debate en tono seco, millones de estadounidenses tiemblan ante un nuevo horizonte de incertidumbre.

El legado de Johnson, forjado con tinta y convicción, enfrenta su hora más oscura. ¿Resistirá el experimento social estadounidense esta nueva arremetida?