Emergencia hídrica en Puerto Rico: crisis, negligencia y una lección política

Una emergencia declarada

El pasado miércoles, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró estado de emergencia a raíz de la interrupción masiva del servicio de agua potable en diversos puntos del archipiélago. Casi 180,000 clientes quedaron sin acceso a agua en el punto álgido de la crisis. Aunque el número se ha reducido a cerca de 3,000 al día de hoy, el daño ya está hecho: la confianza pública y la indignación ciudadana han alcanzado un punto crítico.

Entre los afectados hay una docena de hoteles turísticamente relevantes y comunidades vulnerables que llevaban años arrastrando problemas similares. La crisis tomó tal magnitud que la Guardia Nacional fue activada para colaborar con la distribución de agua, tanto en puntos designados como puerta a puerta.

¿Qué pasó realmente?

Todo comenzó con una reparación vial aparentemente rutinaria. Una empresa, cuyo nombre no ha sido revelado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), dañó una tubería principal de distribución de agua. La negativa a nombrar públicamente a la compañía culpable ha desatado aún más ira en la población.

"Mientras tenga 11 hoteles sin agua y residentes sin servicio, por supuesto que tenemos una emergencia", declaró la gobernadora González.

De inmediato, designó un coordinador especial para estabilizar el sistema, investigar la AAA y explicar la causa real del incidente. Se espera un informe detallado en los próximos 10 días. Sin embargo, lo que este evento refleja es mucho más profundo que una sola falla técnica.

Infraestructura frágil, crisis previsible

Puerto Rico ha enfrentado crisis similares en innumerables ocasiones. Huracanes, terremotos y recortes presupuestarios han dejado a la infraestructura en un estado de precariedad alarmante. Organizaciones como el Center for a New Economy (CNE) han advertido insistentemente sobre el estado del sistema hídrico en la isla.

Según un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), más del 50% del agua potable en Puerto Rico se pierde por fugas y deterioro de los sistemas de tuberías. Esto la convierte en una de las tasas de pérdida más altas en jurisdicciones estadounidenses.

La AAA en el ojo del huracán

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no solo ha sido criticada por su lentitud en respuestas de emergencia, sino también por la falta de transparencia. A pesar de múltiples llamados, González ha confirmado que el director ejecutivo de la AAA se mantendrá en su cargo.

Esto ha generado reacciones mixtas: mientras unos piden estabilidad institucional en medio de la crisis, otros exigen renuncias y reestructuración profunda en la AAA. El sindicato que representa a empleados técnicos denunció que ya habían advertido que esa tubería estaba en riesgo debido al trabajo cercano.

Lecciones no aprendidas desde María

Desde el huracán María en 2017 —uno de los eventos más devastadores en la historia moderna de Puerto Rico— se prometieron mejoras significativas a los sistemas esenciales de la isla. Parte de los más de $20 mil millones en fondos federales aprobados por el Congreso de EE. UU. fueron destinados al mejoramiento de sistemas de agua y energía. Sin embargo, la gran mayoría de esos fondos no ha llegado todavía a procesos de construcción o renovación de infraestructura.

Según el portal de recuperación de Puerto Rico, menos del 25% de esos fondos ha sido adjudicado a proyectos concretos. El resto permanece envuelto en procesos burocráticos y diferendos políticos entre la isla y el gobierno federal.

El turismo paga las consecuencias

El turismo, uno de los ejes económicos principales de Puerto Rico, se vio notablemente afectado. Cerca de una docena de hoteles en las zonas de San Juan, Bayamón y Carolina permanecieron sin servicio por más de tres días. Algunos optaron por reubicar a sus huéspedes, mientras otros ofrecieron descuentos o alternativas basadas en el uso restringido del agua.

“Este tipo de eventos puede poner en jaque nuestra reputación como destino confiable,” explicó Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. “La falta de un plan de contingencia claro es alarmante.”

Una emergencia con rostro humano

Más allá de los hoteles lujosos y los informes técnicos, la crisis ha dejado una huella visible en las comunidades ya marginadas. En barrios de Villalba, Utuado y Humacao, muchas personas no solo perdieron el acceso al agua potable, sino que tampoco cuentan con medios de transporte suficientes para llegar a los puntos de distribución habilitados.

Testimonios como el de Doña Carmen, de 78 años, quien tuvo que esperar cuatro horas al sol para obtener dos botellas de agua, recuerdan que la emergencia hídrica también es, inevitablemente, una emergencia humanitaria.

Activismo ciudadano y nuevas formas de solución

Organizaciones comunitarias como Casa Pueblo en Adjuntas y grupos ambientalistas han redoblado sus llamados a independizar comunidades del sistema centralizado. Algunas ya cuentan con sistemas de captación de agua de lluvia y pequeñas plantas de filtración comunitaria.

“Depender de un sistema frágil es una sentencia de vulnerabilidad constante,” opina Rosario Rivera, experta en alternativas energéticas y ambientales. “Puerto Rico debe descentralizar y democratizar sus recursos básicos.”

¿Y ahora qué?

Este nuevo capítulo en la ya extensa saga de vulnerabilidad en Puerto Rico reabre el debate sobre la relación con el gobierno federal, la capacidad de autogestión y los niveles alarmantes de negligencia en la administración de bienes públicos.

Mientras miles esperan aún una simple gota de agua, el pueblo exige que esta sea no solo una crisis más en la historia de Puerto Rico, sino un punto de inflexión político y estructural.

“El agua es vida, y la vida en Puerto Rico no puede esperar más.”