Prohibición, protesta y justicia: Palestina Action contra el gobierno británico

Una decisión judicial que sacude los cimientos del activismo en Reino Unido

En una decisión que ha resonado más allá de los tribunales del Reino Unido, el Tribunal Superior británico ha permitido que la cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, impugne la polémica designación del grupo como organización terrorista. En juego no sólo está el futuro de esta organización, sino también los pilares fundamentales de la libertad de expresión y derecho de protesta en uno de los países con más larga tradición democrática del mundo.

¿Qué es Palestine Action?

Palestine Action es una organización activista con sede en el Reino Unido que ha ganado notoriedad por sus protestas directas contra empresas e instituciones que, según denuncian, se lucran con la ocupación israelí y suministran tecnología militar al Estado de Israel. Desde 2020, sus protestas han incluido acciones directas en plantas de armamento y propiedades asociadas con Elbit Systems, una empresa israelí de defensa.

Muchas de sus intervenciones incluyen el uso de pintura roja (simbólica de sangre), ocupaciones de instalaciones y sabotajes simbólicos. Aunque estas acciones son disruptivas, sus defensores argumentan que encajan dentro del activismo pacífico y directo.

¿Por qué el gobierno los prohibió?

El 20 de junio de 2025, miembros de Palestine Action ingresaron a la base aérea de la Royal Air Force en Brize Norton, Oxfordshire. Durante la protesta, rociaron pintura roja dentro de los motores de dos aviones cisterna y causaron daños con palancas. La protesta buscaba visibilizar la cooperación militar del Reino Unido con Israel durante su conflicto con Hamas.

Poco después, la ministra del Interior Yvette Cooper —con respaldo del Parlamento— clasificó a Palestine Action como una organización terrorista, comparándola legalmente con entidades como Al-Qaeda o Hamas.

Según la legislación antiterrorista británica, apoyar, afiliarse o incluso expresar simpatía hacia un grupo proscrito puede implicar hasta 14 años de prisión.

Una victoria preliminar en los tribunales

El 24 de julio de 2025, el juez Martin Chamberlain del Tribunal Superior dictaminó que el caso presentado por Ammori contiene elementos "razonablemente arguibles", especialmente en dos aspectos clave:

• La posible interferencia indebida en las libertades de expresión y reunión.
• La falta de consulta adecuada antes de la proscripción del grupo.

"Esta decisión histórica demuestra la importancia fundamental de este caso para nuestros derechos de expresión y justicia natural", afirmó Huda Ammori tras conocer el fallo, subrayando la trascendencia del juicio no sólo para su organización, sino para la salud democrática del país.

Paralelismos históricos: activismo vs legislación antiterrorista

Este tipo de tensiones no son nuevas. Durante el apartheid en Sudáfrica, muchos activistas que hoy son reverenciados —como Nelson Mandela— fueron considerados terroristas por numerosos gobiernos occidentales. Más cerca en el tiempo, figuras como Greta Thunberg han sido detenidas durante protestas ecológicas no violentas, generando debates similares sobre la criminalización del activismo.

Sin embargo, este caso añade un matiz más grave: la potencial ilegalización de un movimiento entero bajo legislaciones antiterroristas. Una tendencia peligrosa que puede abrir la puerta al silenciamiento sistemático de voces disidentes mediante criterios ambiguos.

La opinión pública: entre el apoyo y la condena

Las redes sociales y medios alternativos han servido como espacio de denuncia para simpatizantes de Palestine Action, mientras que medios más conservadores han respaldado la decisión del gobierno británico bajo el argumento de seguridad nacional y mantenimiento del orden público.

El debate también se ha reflejado en las calles. En las últimas semanas, la policía ha realizado decenas de arrestos durante manifestaciones en apoyo a la organización, principalmente en Londres y Manchester. Estas protestas, aunque en su mayoría pacíficas, han sido objeto de una creciente presión policial.

Dilemas éticos: ¿cuándo es válida la desobediencia civil?

Filósofos como Henry David Thoreau plantearon hace más de un siglo que los ciudadanos tienen el deber moral de desobedecer leyes injustas. ¿Es justo, entonces, proscribir a una organización que, si bien infringe leyes, lo hace con fines políticos y demandas de justicia internacional?

Desde una perspectiva legal, muchos advierten del peligro de equiparar activismo directo con terrorismo. Un ejemplo reciente es el de Extinction Rebellion, cuyos activistas también han sido arrestados masivamente por acciones que obstruyen caminos o invaden propiedades, pero sin causar daño físico a personas.

¿Qué se discute realmente en este juicio?

No sólo se debate si Palestine Action infringió la ley, sino si la respuesta del Estado fue proporcional y constitucional. Cuestiones como la falta de consulta popular, la rapidez del proceso legislativo y la ambigüedad jurídica en torno a la definición de “terrorismo” estarán bajo escrutinio.

Además, el juicio servirá como un barómetro para medir hasta dónde llegan realmente los límites de la libertad de expresión en el Reino Unido moderno.

Mirando al futuro: posibles consecuencias del fallo

Si el tribunal determina que la proscripción de Palestine Action fue ilegal o desproporcionada, el gobierno de Reino Unido podría enfrentarse a una ola de demandas por violaciones a derechos civiles, además de un escrutinio internacional significativo.

Por otro lado, si se mantiene la designación de terrorismo, se establecería un precedente inquietante para cualquier organización que practique la desobediencia civil como método de protesta. Sindicatos, movimientos por el clima, e incluso grupos de defensa de derechos humanos podrían ver limitada su capacidad de manifestación.

Una cuestión de soberanía moral

El caso de Palestine Action trasciende ideologías y posturas sobre el conflicto israelí-palestino. En su esencia, confronta una pregunta fundamental para toda democracia: ¿puede el Estado decidir, sin mayor debate social, quién es terrorista y quién es activista?

En palabras de Benjamin Franklin: “Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”.

En un mundo donde la protesta se convierte cada vez más en tema legal, el Reino Unido se enfrenta ahora al espejo de sus propias contradicciones.