Tres rehenes del silencio: los trabajadores ucranianos de la OSCE encarcelados por Rusia

La tragedia de tres civiles ucranianos —Dmytro Shabanov, Maksym Petrov y Vadym Golda— encarna hoy uno de los casos más alarmantes de violación de derechos humanos en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ellos no son soldados, espías ni militantes: trabajaban para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), una misión internacional dedicada a vigilar los acuerdos de alto el fuego en el este de Ucrania.

Una detención planeada

En abril de 2022, pocas semanas después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, fuerzas prorrusas llevaron a cabo una operación coordinada en las regiones de Luhansk y Donetsk. Allí detuvieron a los tres trabajadores de la OSCE ucranianos que se encontraban colaborando en labores de cierre de oficinas y evacuaciones de personal internacional tras la cancelación de la misión negociada.

Dmytro Shabanov, un asistente de seguridad, fue secuestrado en su casa tras el toque de queda. Su esposa, Margaryta Shabanova, relata: “Fue sacado de casa como un delincuente, apenas veinte minutos después de que hablara con él por última vez”. El intérprete Maksym Petrov fue arrestado en circunstancias similares, y Vadym Golda, también asistente de seguridad, fue detenido en Donetsk.

El apagón de noticias: meses de desaparición

Shabanov desapareció tres meses. Durante ese tiempo, nadie supo nada sobre su paradero. Según testimonios posteriores, fue retenido en una prisión de Luhansk, interrogado y torturado hasta que firmó una confesión bajo coacción. Shabanova vive con el recuerdo implacable de esa noche: “Cada mañana me levanto con la esperanza de que lo liberen. Todo sigue igual. El silencio, la ausencia. Y la desesperanza que avanza”.

La OSCE, basada en Viena, había desplegado su misión de observación en el Donbás desde 2014, en respuesta a la guerra entre el Ejército ucraniano y los separatistas prorrusos respaldados por Moscú. Más de 14.000 personas habían muerto en combate antes siquiera de la invasión total en febrero de 2022.

La OSCE, una organización atrapada entre fronteras

La misión de la OSCE en Ucrania estaba formada por nacionales e internacionales. Los trabajadores ucranianos como Shabanov eran claves para mantener canales de comunicación, asegurar equipos (vehículos blindados, drones, cámaras) y apoyar evacuaciones. Pero cuando, en marzo de 2022, Rusia vetó la renovación del mandato de la misión, las fuerzas separatistas la declararon ilegal el mes siguiente. Fue el detonante para arrestarlos, a pesar de que todos portaban documentos de inmunidad diplomática sellados por los 57 Estados miembros de la OSCE —incluyendo Rusia.

Juicios sin justicia y condenas dudosas

En septiembre de 2022, los tribunales controlados por Rusia en Luhansk condenaron a Shabanov y Petrov a 13 años de prisión por traición. En julio de 2024, Golda fue sentenciado a 14 años por espionaje en Donetsk. Todavía no hay evidencias públicas o transparencia judicial alguna sobre sus cargos; ni siquiera se ha habilitado derecho de apelación independiente.

La OSCE calificó los juicios de “ilegales, opacos y profundamente preocupantes”, y ha exigido su liberación inmediata. El embajador ucraniano en Viena, Yurii Vitrenko, fue contundente: “Nunca debieron ser detenidos ni juzgados. Se trata de un secuestro bajo apariencia judicial.”

Prisiones del olvido: el traslado a Siberia

En marzo de 2025, Shabanov fue trasladado desde Luhansk a una colonia penal de alta seguridad en Omsk, Siberia. Según organizaciones de derechos humanos como la Ukrainian Legal Advisory Group, estos centros se caracterizan por sus condiciones de aislamiento extremo. “Allí los presos 'desaparecen' del radar. No hay acceso a familia, ni prensa, ni médicos adecuados. Para alguien enfermo, eso puede ser una sentencia de muerte”, indicó su abogada defensora, Ievgeniia Kapalkina.

Petrov aún corre riesgo de ser trasladado también a territorio ruso.

Testimonios desde dentro: tortura y presión psicológica

Maksym Butkevych, activista ucraniano liberado en octubre de 2024, compartió celda con los tres y confirmó los abusos: “Shabanov fue golpeado hasta perder el conocimiento. Petrov desarrolló reacciones alérgicas agravadas por el ambiente insalubre”. Ambos, según sus declaraciones, sufrieron tortura física y psicológica continua.

El impacto en las familias es devastador. Margaryta aún conserva la última llamada, el sonido de su voz, y espera repetir esa escena algún día. “Solo quiero verlo cruzar la puerta y decirle que se acabó”.

¿Rehenes políticos? Las consecuencias diplomáticas

Pese a no ser considerados prisioneros de guerra, los analistas consideran que están siendo tratados como “fichas de intercambio”. Rusia podría usarlos como moneda en negociaciones futuras.

El secretario general de la OSCE, Feridun H. Sinirlioğlu, ha planteado el caso en varias reuniones con el ministro ruso Serguéi Lavrov. Hasta el momento, ambas partes han mantenido silencio público sobre acuerdos posibles. Sin embargo, la presidenta finlandesa de turno en la OSCE, Elina Valtonen, declaró: “Su liberación es la máxima prioridad. Es inaceptable que civiles de una organización internacional estén detenidos por ejercer sus funciones.”

Ucrania pide ayuda a países con influencia sobre Rusia —como China, India o Brasil— y exige una posición más firme. Vitrenko añadió: “Si dejamos que esto pase desapercibido, ningún funcionario internacional tendrá garantía de inmunidad en un conflicto futuro. Esto va más allá de una guerra: afecta a todo el sistema diplomático internacional.”

Silencio internacional frente a gritos invisibles

El caso tiene todos los ingredientes de una tragedia moderna: una guerra de invasión, cortes de comunicación, procesos judiciales sin debido proceso, y tres vidas atrapadas en la burocracia del conflicto. Los organismos internacionales y gobiernos aún no han incluido a estos civiles en intercambios de prisioneros, lo que ha generado críticas, incluso desde dentro de la OSCE.

“Los hemos olvidado”, acusan activistas ucranianos, quienes proponen acciones ciudadanas coordinadas para aumentar presión internacional.

La historia de Dmytro, Maksym y Vadym no es solo un caso legal. Es un recordatorio incómodo de los límites de la diplomacia y los riesgos de trabajar por la cooperación internacional en zonas de guerra. Su libertad sería no solo una victoria humanitaria, sino un mensaje inequívoco: la ley internacional aún importa.

“No miren hacia otro lado,” suplica Shabanova. “No podemos permitir que encarcelen la verdad detrás de rejas políticas.”