Un policía detenido por ICE: ¿Falla del sistema o exceso de celo federal?

Un arresto que sacude a una comunidad

Old Orchard Beach, una pintoresca localidad costera en el estado de Maine, ha sido el epicentro de una controversia con profundas implicaciones nacionales. Jon Luke Evans, un oficial de reserva de la policía local y ciudadano jamaiquino, fue arrestado el 25 de julio por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿El motivo? Según ICE, Evans había excedido el tiempo de estancia legal en EE.UU. y realizó un intento ilegal de adquirir un arma de fuego.

El arresto, más allá del impacto individual, plantea preguntas incómodas sobre la eficacia de los sistemas federales para verificar el estatus migratorio de los trabajadores y el rol de ICE en la ejecución de las leyes bajo políticas migratorias endurecidas.

¿Quién era Jon Luke Evans antes del escándalo?

Evans era considerado por sus colegas como un oficial respetuoso, diligente y valioso. Se integró a la fuerza policial en mayo, después de haber sido aprobado por el Department of Homeland Security (DHS). La jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, declaró que Evans fue verificado a través del sistema federal E-Verify y recibió autorización para trabajar legalmente hasta el año 2030.

“Fue respetado y rápidamente se convirtió en un miembro admirado del equipo”, mencionó Chard. “Su arresto ha sido desmoralizante para un departamento que depende del apoyo de agentes temporales en los meses de verano”.

¿Qué es el sistema E-Verify?

E-Verify es un servicio en línea operado por el DHS que permite a los empleadores confirmar si sus trabajadores están legalmente autorizados a trabajar en EE.UU. El sistema fue impulsado tras los atentados del 11 de septiembre como parte de la modernización de la verificación laboral.

Sin embargo, su fiabilidad ha sido cuestionada. Según datos del Government Accountability Office, entre un 0,15% y 0,30% de empleados autorizados legalmente han recibido resultados erróneos que sugieren lo contrario. Aunque el margen parece pequeño, puede significar la pérdida de trabajo o, como en este caso, una detención federal.

Inconsistencias graves: ¿quién tiene la culpa?

La narrativa da un giro dramático cuando Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta del DHS, critica duramente a la policía local: “La dependencia temeraria en E-Verify para justificar el armamento de un inmigrante ilegal, Jon Luke Evans, viola la ley federal”.

Esta afirmación ha generado decepción en la comunidad y entre las autoridades locales. La administradora del municipio, Diana Asanza, respondió: “El DHS ha puesto en duda su propio sistema electrónico de verificación al acusarnos de contratar a un trabajador no autorizado. Si no podemos confiar en E-Verify, ¿para qué sirve?”

Aquí se plantea una contradicción evidente: por un lado, Evans fue aprobado con credenciales válidas; por el otro, el mismo gobierno que aprobó su estatus, ahora lo persigue por supuesta ilegalidad.

Arresto y acusación: ¿compra ilegal de arma o arma de doble filo?

ICE dijo que Evans admitió haber intentado comprar un arma para su función dentro de la fuerza policial local. Esto encendió una alerta en la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), lo que llevó al arresto coordinado.

Es importante destacar que portarse armado —en el marco de su trabajo como policía— era una obligación. Si Evans realmente fue autorizado para trabajar, ¿no tendría también que estar armado legalmente? Este es otro punto que sigue sin respuesta clara, y añade complejidad jurídica y moral al caso.

Fallas sistémicas y negligencia estructural

Este caso deja al descubierto las grietas de un sistema burocrático que parece sabotearse a sí mismo. Rep. Lori K. Gramlich, líder adjunta de la mayoría en la Cámara de Representantes de Maine, declaró que solicitará una investigación federal del sistema E-Verify y de los procesos de autorización del DHS. Pidió además la creación de protocolos claros para notificar a las policías locales sobre procedimientos en los que sus empleados estén involucrados.

“Necesitamos transparencia, no secretos federales”, señaló Gramlich. “Las instituciones locales y sus empleados no pueden convertirse en daños colaterales de un sistema federal descoordinado”.

La política federal detrás del escenario

La administración federal, bajo políticas de deportación más agresivas, ha incrementado el número de arrestos desde 2021. Según ICE, se realizaron más de 142,750 detenciones relacionadas con inmigración en 2023, un aumento del 24% con respecto al año anterior.

La promesa de "mano dura" en materia migratoria ha provocado temor no sólo entre comunidades de migrantes, sino también entre empleadores, universidades y gobiernos locales que temen estar inadvertidamente infringiendo la ley. Casos como el de Evans podrían tener un efecto de congelación, disuadiendo a instituciones locales a contratar trabajadores extranjeros aun si están autorizados.

La dimensión humana detrás del uniforme

Evans, más allá del uniforme y del proceso legal, es una persona con derecho a un debido proceso. Su esposa continúa viviendo en el pueblo, y tanto colegas como vecinos han expresado solidaridad. El silencio de ICE sobre paradero o representación legal del arrestado acentúa el misterio.

Como apuntó la jefa Chard: “Espero que esto se resuelva y se declare que no hubo malas acciones por parte de nadie. Él merece continuar viviendo la vida que tenía planeada”.

Pero hoy, esa posibilidad está suspendida en una maraña de contradicciones legales y burocráticas que un día lo autorizaron y al siguiente, lo criminalizaron.

¿Y ahora qué? Una llamada a revisar el sistema

El caso de Jon Luke Evans debe servir como punto de inflexión. Si E-Verify falla y el DHS contradice sus propias aprobaciones, ¿quién responde ante los errores? ¿Y cómo se protege a empleados que actúan de buena fe?

Más allá de Evans, es una cuestión de derecho, justicia y coherencia institucional. La migración es compleja, y casos como este merecen más que la frialdad de los procedimientos: merecen sentido común, humanismo y responsabilidad política.

El país necesita respuestas, pero más aún necesita consistencia. Y la comunidad de Old Orchard Beach, aunque pequeña, ha planteado preguntas que resonarán a nivel nacional.