¿Congreso sin acciones? El intento de prohibir que políticos de EE. UU. hagan fortuna con información privilegiada

Por décadas, el pueblo estadounidense ha desconfiado del poder político mezclado con intereses económicos personales. En especial, cuando sus representantes electos parecen enriquecer sus bolsillos en medio de crisis nacionales o decisiones estratégicas. A raíz de esto, ha emergido un nuevo esfuerzo en el Congreso para prohibir que los legisladores y altos cargos como el presidente y el vicepresidente participen en el comercio de acciones mientras estén en funciones. Un senador republicano inusualmente belicoso con los intereses de su propio partido lidera la cruzada: Josh Hawley.

Un ‘senador de segunda’ que agita el statu quo

El senador por Missouri, Josh Hawley, no es precisamente un aliado incondicional del establishment político de su partido. Pero su propuesta para prohibir el comercio de acciones por parte de congresistas, funcionarios del poder ejecutivo y sus cónyuges ha sido tan transversal que incluso ha ganado respaldo demócrata, especialmente del senador Gary Peters (D-Michigan).

A pesar de ello, recibió una feroz crítica del expresidente Donald Trump, quien lo llamó un “senador de segunda categoría”, sugiriendo que estaba entregando victorias a los demócratas. La crítica se basaba en la creencia —errónea— de que la legislación obligaría al propio Trump a vender propiedades como su club Mar-a-Lago. Hawley aclaró públicamente esta confusión diciendo que tuvo una “buena charla” con Trump y que no hay intención de exigirle tal cosa.

¿Cómo funciona la propuesta?

La legislación propuesta, llamada HONEST Act (Honoring Our Nation’s Ethics in Stewardship), prohíbe que los legisladores, el presidente, el vicepresidente y sus cónyuges, compren o vendan acciones mientras estén en funciones. No impide la posesión de bienes inmuebles o fideicomisos ciegos, pero exige que cualquier acción en cartera sea vendida en un plazo razonable o bien al inicio de un nuevo mandato. Existen exenciones claras para evitar la liquidación inmediata de activos complejos, como los fondos mutuos ampliamente diversificados.

Hawley señala que la iniciativa responde a una demanda pública persistente. “Tenemos una oportunidad de oro para hacer lo que la ciudadanía ha querido por décadas: impedir que el Congreso se enriquezca con información privilegiada”, expresó durante la audiencia del comité del Senado.

Represión contra los ‘Pelosi traders’

Aunque la legislación no menciona nombres específicos, sectores republicanos —y Trump especialmente— han apuntado contra la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su esposo Paul Pelosi, quien ha realizado voluminosas inversiones en el mercado bursátil. El proyecto no se centra solo en los demócratas, aunque varias enmiendas sugeridas por republicanos buscaban incluir investigaciones exclusivas sobre los Pelosi o excluir al presidente del veto bursátil. Ambas fueron derrotadas con Hawley posicionándose junto a los demócratas.

Pelosi, por su parte, ha apoyado la iniciativa públicamente. “Los estadounidenses merecen tener la confianza de que sus líderes electos actúan por el interés público, no por sus carteras personales”, afirmó en un comunicado.

Historia de una tentación peligrosa

El comercio de acciones por parte de miembros del Congreso no es nuevo, pero ha cobrado notoriedad en momentos como la pandemia de COVID-19, cuando se descubrió que varios legisladores compraron y vendieron activos financieros antes de la divulgación pública de la gravedad de la crisis. Aunque existe la ley de Valores de 1934 y otras posteriores, como el STOCK Act (Stop Trading on Congressional Knowledge) de 2012, la aplicación ha sido deficiente y las sanciones mínimas.

En 2020, un informe del Center for Responsive Politics descubrió que más de 1 de cada 10 congresistas había realizado transacciones sospechosas durante la pandemia, generando dudas sobre si obtuvieron beneficios con información no disponible para el público en general.

Tensiones dentro del Partido Republicano

La convicción de Hawley ha generado conflictos en su propio partido. Senadores republicanos como Rick Scott intentaron introducir enmiendas que exoneraran de la prohibición a los presidentes y vicepresidentes, además de sus familias. Alegaban que los titulares de esa investidura enfrentan evaluaciones de escrutinio público suficientemente rigurosas. Sin embargo, estas propuestas fueron derrotadas.

El senador Ron Johnson fue más allá y lo llamó demagogia legislativa. “Ya existen leyes para combatir el uso de información privilegiada. Tenemos divulgación financiera. Confíen en mí, tenemos divulgación”, afirmó Johnson, desestimando la iniciativa.

¿A quién afecta realmente esta ley?

De aprobarse, el HONEST Act integraría a todos los legisladores federales, el presidente, vicepresidente y sus cónyuges. No afecta directamente a funcionarios anteriores como Trump de manera retroactiva, y muchas de las disposiciones entrarían en vigencia al inicio de los nuevos mandatos para brindar una ventana de adaptación.

Entre otros términos clave:

• Quedaría prohibido comprar, vender o mantener acciones individuales.
• Habrá hasta 90 días desde la promulgación para vender activos.
• El incumplimiento conllevaría multas proporcionales y penas civiles.

El objetivo es evitar conflictos de interés directos que hoy, pese a las leyes de divulgación, pueden ser difíciles de rastrear y castigar.

Un debate con implicaciones profundas

Lo que está en juego no es solo un cambio de reglas, sino una transformación cultural en cómo se entienden los roles electos. Según encuestas de Pew Research y Gallup, menos del 20% de los estadounidenses confía plenamente en que el Congreso actúa por el bien común. La percepción de corrupción y abuso de la posición pública incide directamente en la polarización política y la alienación democrática.

Además, este esfuerzo choca también con realidades económicas poderosas: muchos legisladores son multimillonarios o manejan grandes carteras de inversión. Como ejemplo, según la firma CapitolTrades, el 60% de los senadores tiene inversiones individuales en acciones de empresas cuyas regulaciones votan directamente.

El papel de Trump: ¿contradicción o pragmatismo?

Trump ha mantenido una posición ambigua: por un lado expresa el deseo de castigar a los “actores corruptos como Pelosi”, pero por otro se resiste a legislaciones que podrían afectarlo o limitar su legado. Irónicamente, buena parte de su base electoral aborrece el enriquecimiento del “swamp” o pantano político que representa Washington.

El expresidente ha utilizado su plataforma Truth Social para atacar a Hawley, pero luego, tras diálogo privado, moderó su tono. Según Hawley, Trump le reiteró su respaldo a la idea genérica de prohibir el comercio de acciones a políticos.

Al final, el mensaje parece contradictorio. Quiere castigar “a los otros” pero no acepta controles que eventualmente lo incluyan. El intento de algunos senadores de crear una excepción para el presidente refuerza esa lógica de impunidad institucionalizada.

¿Estamos ante una reforma real o simbólica?

Si el HONEST Act logra superar el Senado y ser aprobado en la Cámara, se convertiría en una de las legislaciones éticas más profundas en décadas. Su impacto está por verse, y mucho dependerá de su implementación: ¿será realmente monitoreada y fiscalizada? ¿se evitarán maniobras como fideicomisos ciegos simulados?

Lo mismo aplica al caso particular de Trump, que busca volver al poder en 2025. La eventual entrada en vigencia de esta ley podría coincidir con su eventual regreso a la Casa Blanca, obligando más transparencia del ejecutivo que nunca antes en la historia reciente.

¿Tiene futuro esta cruzada contra el lucro político? Todo indica que existe voluntad popular y creciente presión mediática para avanzar. Pero la historia enseña que el diablo está en los detalles. Y el Congreso de EE. UU. no es precisamente célebre por legislar con rapidez o aplicar sus propias reglas con rigor. Aun así, este momento podría marcar el inicio de un cambio cultural si la presión ciudadana persiste.