Del aeropuerto al centro de detención: el inquietante caso de Tae Heung Kim en EE.UU.

Por más de una semana, Tae Heung “Will” Kim durmió en una silla del aeropuerto internacional de San Francisco, sobrevivió con la comida que pudo comprar allí, y permaneció incomunicado de sus abogados. Su crimen: haber cometido una infracción menor hace 13 años y regresar de asistir a la boda de su hermano. Este caso no es un incidente aislado. Se trata de una expresión clara del endurecimiento migratorio liderado por el expresidente Donald Trump, cuyas políticas han tensado los límites del poder ejecutivo estadounidense.

Un esfuerzo sin precedentes: la campaña de Trump contra la inmigración

Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump reactivó su conocido enfoque de línea dura en políticas migratorias. Esto se traduce en detenciones en aeropuertos incluso para residentes legales, deportaciones aceleradas y endurecimiento de controles fronterizos. El caso de Kim es representativo de una tendencia más amplia: detener e iniciar procesos de deportación contra personas con antecedentes antiguos, sin importar su estatus actual.

“El aeropuerto no es un centro de detención. No es un tribunal de inmigración. Y los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza no son árbitros neutrales”, declaró con firmeza su abogado Karl Krooth en una rueda de prensa.

¿Quién es Tae Heung Kim?

Kim, de 40 años, es un investigador en la Universidad Texas A&M e ingresó a EE.UU. a los 5 años. Su vida ha transcurrido casi por completo en el país. Estudiante de doctorado, colabora actualmente en el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de Lyme, tarea que resalta su contribución positiva a la sociedad estadounidense.

Sus padres emigraron a Estados Unidos en los años 80 con visas de negocios y luego se naturalizaron. Pero cuando eso ocurrió, Kim ya era mayor de edad y no pudo adquirir automáticamente la ciudadanía, quedando como residente legal permanente con una green card.

Cuando regresó a EE.UU. el 21 de julio tras asistir a la boda de su hermano en Corea del Sur, fue automáticamente retenido y no se le permitió abandonar el aeropuerto. Esto ocurrió supuestamente debido a un cargo menor por posesión de marihuana en 2011 en Texas, un estado donde el uso recreativo de la droga sigue siendo ilegal.

El impacto de una ofensa sellada

Sus abogados aclaran que Kim cumplió su sentencia, realizó el servicio comunitario requerido y consiguió que el caso quedara sellado bajo una petición de no divulgación, lo que normalmente elimina las consecuencias legales públicas. Sin embargo, esto no impidió que las autoridades migratorias usen ese antecedente como base para iniciar su deportación.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), "todo titular de una green card que tenga una ofensa relacionada con drogas está en violación de su estatus legal". Pero ¿hasta qué punto puede una infracción menor sellada condicionar la permanencia de alguien que ha vivido prácticamente toda su vida en EE.UU.?

La detención en el limbo legal del aeropuerto

Durante su reclusión no oficial en el aeropuerto, Kim fue trasladado entre dos habitaciones sin ventanas, sin acceso a defensa legal y con escaso contacto telefónico con su familia. Por la noche, dormía en una silla. No se le proporcionó asistencia médica a pesar de angustiar a su madre, quien teme por sus afecciones asmáticas.

“No sé si come bien. No sé si alguien lo cuida en el centro de detención. No sé nada”, declaró su madre, Yehoon “Sharon” Lee, entre lágrimas frente a los medios.

¿Dónde está ahora?

Eventualmente, Kim fue trasladado a un centro de detención de inmigración en Arizona, donde permanece recluido y a la espera de una audiencia legal. Mientras tanto, sus abogados continúan sin tener contacto directo con él, lo que obstaculiza todo proceso de defensa efectiva. Además, sostienen que Kim fue víctima de una violación a su derecho al debido proceso al no brindársele acceso inmediato a asesoría legal ni a condiciones humanas mínimas durante su detención en el aeropuerto.

La política migratoria como instrumento político

El caso de Kim se da en un contexto en el que cientos de personas legales, ciudadanos naturalizados, titulares de visa e incluso turistas han sido cuestionados, detenidos o deportados por razones variopintas. Desde 2017, durante la primera administración de Trump, las detenciones arbitrarias en aeropuertos aumentaron considerablemente, con más de 77,000 detenciones reportadas solo en el primer trimestre de 2020, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Al endurecer prácticas migratorias, Trump busca forjar una narrativa política de “protección del pueblo estadounidense” que en la práctica ha generado consecuencias desproporcionadas. “La ley no hace distinción entre una sentencia mayor sellada y una simple posesión de marihuana de hace más de una década”, señalan activistas migratorios.

Las medidas ejecutivas, el congreso y la justicia

Esta realidad también pone a prueba la interacción del poder ejecutivo con los otros brazos del gobierno. Numerosos jueces federales han intervenido desde 2017 para frenar medidas consideradas incompatibles con los principios constitucionales. Sin embargo, la efectividad de esas intervenciones ha sido desigual, sobre todo en puntos de entrada como aeropuertos, donde los oficiales de CBP tienen una autoridad ampliada que les permite retener e interrogar sin orden judicial.

Aunque muchas decisiones son posteriormente impugnadas y anuladas por la justicia, en el caso de Kim se vislumbra un patrón: el uso del sistema migratorio como una herramienta de poder discriminatorio y selectivo.

Una vida entre dos mundos

Para muchas personas como Kim, quienes crecieron en EE.UU., estudiaron allí, trabajan legalmente y contribuyen a la sociedad, la idea de “volver” a otra nación es absurda. “¿A qué se debe volver si uno ya pertenece aquí?”, preguntaba retóricamente su madre frente a la prensa. La situación revela las grietas entre las leyes de inmigración vigentes, pensadas para un pasado diferente, y la realidad compleja actual de millones de migrantes binacionales.

La criminalización selectiva

Es crucial destacar que la selectividad en la aplicación de la ley también se presta a sesgos raciales y sociales. ¿Se detendría a un científico blanco estadounidense por una ofensa menor sellada hace 13 años? ¿Tendría el mismo tratamiento un ciudadano de origen europeo? Este tipo de preguntas son cada vez más frecuentes entre especialistas del derecho y organizaciones de derechos humanos.

En solo un año, según datos del American Immigration Council, más de 250,000 residentes legales estuvieron en riesgo de deportación por “violaciones menores” relacionadas con marihuana o errores burocráticos, lo que pone de manifiesto una estrategia de persecución más amplia.

Una puerta trasera hacia la deportación de residentes

Ser titular de una green card ya no garantiza estabilidad ni legalidad segura en Estados Unidos. Las acciones contra Kim indican que los residentes permanentes —a pesar de su legalidad y años en el país— pueden enfrentar la misma incertidumbre jurídica que un inmigrante indocumentado. Esta estrategia parece reescribir silenciosamente las reglas del juego migratorio y genera un clima de inseguridad jurídica alarmante.

Este caso guarda similitud con otros documentados por la prensa nacional durante los últimos años, donde residentes permanentes fueron detenidos por causas archivadas, errores administrativos o simple revanchismo político.

Kim como símbolo de una era hostil

No se trata solo de Kim. Se trata de lo que simboliza: la transformación del sistema migratorio en un arma de control político. También representa una llamada de atención sobre cómo una simple acción del pasado, aunque cumplida y archivada judicialmente, puede convertirse en una sentencia de destierro, cuando los derechos civiles y migratorios se subordinan a la lógica del castigo y la exclusión.

Mientras tanto, Kim permanece lejos de su familia, de sus estudios de posgrado y del laboratorio donde trabaja por una noble causa sanitaria. No tiene una fecha definida de audiencia ni sabe si podrá conservar su estatus legal.

Pero su historia ha encendido la alarma sobre el evidente debilitamiento de las garantías civiles en un país que siempre ha proclamado ser tierra de libertad y oportunidades. Hoy, para muchos como Kim, esa promesa parece cada vez más lejana.