Deportaciones masivas y poder sin límites: el rostro más duro del segundo mandato de Trump

Una nueva era de deportaciones: ¿el regreso del martillo?

El segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos ha traído consigo la implementación agresiva de una de sus promesas de campaña más controversiales: la deportación masiva de inmigrantes no autorizados. Esta política, ejecutada principalmente por la agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE), ha visto cómo su presupuesto y poder se multiplican bajo un nuevo esquema de financiamiento que busca remover, según el plan oficial, hasta un millón de personas al año.

Desde el 4 de julio, tras la aprobación de una ley de recorte de impuestos y reasignación presupuestaria, ICE recibió una asignación récord de 170 mil millones de dólares para ser utilizados en un plazo de cinco años. Al menos 30 mil millones serán destinados exclusivamente a la contratación de 10,000 nuevos empleados, mientras otros 45 mil millones reforzarán su infraestructura de detención.

¿Quiénes son los nuevos rostros de ICE?

En palabras de la portavoz de ICE, Tricia McLaughlin, “muchos de estos nuevos agentes son personas que se jubilaron frustradas durante la administración de Biden porque no se les permitía hacer su trabajo”. Esta afirmación apunta a una narrativa más amplia que impulsa el presidente Trump y sus aliados: la del "rescate" del sistema de inmigración de manos de lo que llaman un gobierno débil y permisivo.

Según ICE, más de 1,000 ofertas laborales tentativas ya fueron extendidas. La plataforma USAJobs muestra actualmente decenas de vacantes para puestos de oficiales de deportación, investigadores de crímenes transnacionales y abogados especializados en leyes migratorias. La agencia también busca profesionales médicos para atender los crecientes centros de detención y bonifica con hasta $50,000 dólares por firmar contrato.

El costo humano y ético de acelerar la maquinaria migratoria

La historia ha demostrado que la expansión acelerada de instituciones de seguridad involucra riesgos significativos. Durante los años 2000s, una expansión similar en la Patrulla Fronteriza resultó en un incremento notable en las denuncias de mala conducta. ¿Podría ICE enfrentar el mismo camino?

McLaughlin desmiente cualquier relajación en los estándares de contratación, pero los expertos recuerdan que una estructura de esta magnitud no crece sin sacrificar tiempos de entrenamiento, supervisión ni procesos éticos. Según un informe del American Immigration Council, los periodos acelerados de formación de agentes en el pasado condujeron a consecuencias como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

La retórica del “enemigo interno”

Stephen Miller, principal ideólogo detrás de las políticas migratorias de Trump, ha sido claro: el objetivo es realizar 3,000 arrestos diarios, una tasa cinco veces superior a la de los primeros meses del segundo mandato. Miller afirma que esto permitirá limpiar a Estados Unidos de “violadores, asesinos, pandilleros y pedófilos”, una retórica que ha sido ampliamente criticada por asociar criminalidad con inmigración en general.

Un estudio de 2020 del Centro de Estudios Migratorios con sede en Nueva York reveló que los inmigrantes tienen menores tasas de criminalidad que los ciudadanos nacidos en el país. Sin embargo, esa narrativa no encaja con la visión de la Casa Blanca bajo el mando de Trump.

Impacto social: comunidades en estado de sitio

El efecto cascada de estas políticas ya se percibe en comunidades latinas, asiáticas y africanas. Las redadas son cada vez más frecuentes y agresivas, no solo en la frontera, sino también en escuelas, sitios de trabajo y vecindarios residenciales.

Uno de los casos más emblemáticos en semanas recientes es el de José Zavala, un jardinero sin papeles detenido en La Mirada mientras trabajaba y liberado días después tras pagar una fianza de $5,000. José ahora lleva un grillete en el tobillo como condición de su liberación temporal.

Organizaciones como United We Dream y ACLU han denunciado un clima de terror psicológico dentro de comunidades enteras, especialmente aquellas con niños ciudadanos que corren el riesgo de ser separados de sus padres.

¿Un sistema legal al servicio del poder ejecutivo?

En paralelo a la estrategia operativa, se ha visto una transformación del aparato legal que respalda estas políticas. La reincorporación de figuras controversiales como Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia que intentó invalidar los resultados electorales de 2020, evidencia una tendencia preocupante: la judicialización ideológica de la política migratoria.

Clark enfrenta actualmente un proceso por el cual podría ser despojado de su licencia legal por falsear información. A pesar de ello, ha sido designado como director interino de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), desde donde revisa regulaciones del poder ejecutivo.

Para Rachel Cauley, vocera de la OIRA, este proceso legal es simplemente “otro capítulo más del ataque de los poderes del Estado Profundo contra quienes apoyan a Trump”. Esta opinión, por más radical que parezca, refleja buena parte del discurso dominante entre los principales actores del segundo mandato del presidente.

Democracia en peligro: una opinión en voz alta

Bajo la superficie de estos cambios administrativos se esconde una preocupación mayor: la erosión del Estado de derecho en favor de una visión ultraconservadora y autoritaria del poder. La escalada de ICE y la politización de instituciones como el Departamento de Justicia no deben ser vistas solo como movimientos estratégicos, sino como síntomas de un sistema democrático sometido a presiones populistas peligrosas.

La narrativa del “enemigo externo” —en este caso, el inmigrante— es una táctica vieja y efectiva para consolidar poder. Pero en una nación construida por inmigrantes, esta política representa un autoataque a los principios fundacionales de Estados Unidos.

Lo que se viene: ¿una América cerrada al mundo?

Con la ampliación del aparato migratorio, los recursos para salud pública como Medicaid están siendo recortados. En estados como Carolina del Norte, la expansión del programa que había sido fruto de acuerdos bipartidistas ahora peligra bajo la nueva ley presupuestaria.

Mientras las cárceles se expanden y los centros de detención multiplican su capacidad, se reduce el acceso a programas sociales. En palabras de Jeff Allen, director de campaña del demócrata Roy Cooper: “Están quitándole cobertura médica a cientos de miles de personas en Carolina del Norte para financiar una maquinaria de persecución”.

La paradoja de la seguridad: ¿a qué precio?

Si bien el discurso oficial insiste en proteger a las familias estadounidenses, las consecuencias reales van desde la ruptura de tejidos sociales hasta la erosión de valores democráticos. Estados Unidos enfrenta un dilema moral y político: mantener una política de seguridad eficiente sin comprometer los derechos fundamentales de quien vive dentro de sus fronteras, ya sea con papeles o sin ellos.

La historia, desde el internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial hasta los abusos en Guantánamo, enseña que los excesos justificados en nombre de la seguridad suelen derivar en injusticias prolongadas.

Hoy, más que nunca, es vital vigilar de cerca qué es lo que realmente se quiere “proteger” con estas políticas, y a costa de quién.