La guerra silenciosa contra los jueces estadounidenses: amenazas, pizzas falsas y el riesgo de una democracia tambaleante

Un trágico precedente: el asesinato de Daniel Anderl

El 19 de julio de 2020 marcó un antes y un después para la magistratura estadounidense. Ese día, un agresor disfrazado de repartidor de paquetería tocó la puerta de la jueza Esther Salas, en North Brunswick, Nueva Jersey. Cuando el hijo de la jueza, Daniel Anderl, de tan solo 20 años, abrió la puerta, fue asesinado a tiros. El esposo de Salas, también herido gravemente, sobrevivió. La jueza, objetivo original del ataque, logró evitar el mismo destino trágico.

El asesino, un abogado con historial de misoginia y racismo, había participado en un caso anterior ante la jueza. Su única motivación: el odio. Este lamentable hecho se convirtió en un símbolo de la creciente vulnerabilidad que enfrentan los jueces federales en Estados Unidos.

El nuevo modus operandi: las "pizza doxings"

En lo que parece un macabro giro moderno, decenas de jueces han empezado a recibir pizzas no solicitadas en sus domicilios, a menudo bajo el nombre de “Daniel Anderl”, el hijo asesinado de la jueza Salas. Aunque a simple vista pueda parecer una broma de mal gusto, los jueces lo interpretan como una amenaza velada: "Sabemos dónde vives, y podrías ser tú el próximo".

Hasta junio de 2024, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. ha documentado más de 100 casos de "pizza doxings" dirigidas a jueces federales. Y la cifra sigue aumentando. Salas asegura que jueces estatales también han sido atacados en lugares tan lejanos como Colorado y Florida, casos que ni siquiera son contados por los federales.

Un ataque coordinado y sistemático

“Esto no es un acto aleatorio. Es concentrado, sistemático y coordinado contra el poder judicial”, denuncia Salas. El silencio de las altas esferas políticas respecto a estos ataques es alarmante. “No escuchamos ninguna condena desde Washington”, lamenta la magistrada.

Por su parte, el juez John McConnell Jr., del distrito de Rhode Island, compartió recientemente una llamada telefónica llena de insultos y amenazas de muerte que recibió tras frenar recortes de presupuesto impulsados por la administración Trump. “Te vamos a matar”, se oía al otro lado del teléfono.

Cultivando el odio desde las redes sociales y los micrófonos oficiales

Sin nombrarlo explícitamente, varios jueces como Salas señalaron a Donald Trump como principal catalizador de esta retórica incendiaria. Desde que asumió la presidencia en 2017, Trump ha convertido a muchos jueces en su blanco al más puro estilo de ataque personal: “lunáticos”, “peligrosos” o “enfermos” son solo algunos de los epítetos que ha usado.

Además, legisladores aliados como el congresista Andy Ogles, de Tennessee, han llevado esto a otro nivel, colgando carteles de "Se busca" con rostros de jueces que han fallado contra el expresidente.

Jueces intimidados a guardar silencio

En una democracia funcional, los jueces no deben temer represalias por dictar sentencias. Sin embargo, muchos evitan hablar por miedo a recibir quejas formales que afecten su legítimo trabajo judicial. “Muchos colegas temen cruzar la línea de lo permisible públicamente, como sucedió con el juez James Boasberg en D.C., acusado de irrespetar las órdenes judiciales de la administración Trump”, explicó el juez Lasnik, también víctima de amenazas.

Supervisión judicial vs. ataques políticos

Lo más grave no es solo la amenaza directa a la vida de estos magistrados, sino el desgaste institucional que estos ataques provocan. El principio de independencia judicial —una piedra angular de cualquier república democrática— está viéndose erosionado por luchas partidistas, amenazas orquestadas y campañas de intimidación digital.

En 2022, se aprobó la Ley Daniel Anderl, que permite a los jueces federales exigir la eliminación de su información personal en línea. Sin embargo, la implementación sigue siendo insuficiente. A día de hoy, más de 60 jueces han solicitado protección adicional para borrar su información de sitios web de acceso público.

De pizzas a tácticas militares: la militarización en disputa

No solo los jueces han quedado en el punto de mira de los extremistas políticos. En junio de 2020, tras el endurecimiento de las políticas migratorias bajo Trump, aproximadamente 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines fueron enviados a Los Ángeles, muchos de ellos sin el consentimiento del estado de California.

Mientras el presidente clamaba por restaurar el orden, líderes locales como el gobernador Gavin Newsom acusaban a Trump de transformar a las fuerzas armadas en instrumentos de propaganda. “Esto fue teatro político —y fracasó”, sentenció Newsom. Inicialmente, el gobierno federal sostuvo posiciones militares junto a edificios relacionados con migración, incluso durante redadas.

Los soldados, en su mayoría acantonados en la base de Los Alamitos, raramente se veían desplegados en las calles. Las protestas eran dispersas, pero sirvieron de justificación para la intervención militar, intensificando un clima de desconfianza institucional.

¿Qué se puede hacer?

• Fortalecer leyes como la Ley Daniel Anderl para impedir el acceso masivo a datos personales de jueces.
• Establecer protocolos rápidos de protección a jueces amenazados, incluso a nivel estatal.
• Promover campañas de concientización sobre la función de un poder judicial independiente junto a ONGs como Speak Up For Justice.
• Reforzar la inversión en ciberseguridad judicial para prevenir ataques digitales y campañas de desinformación.

Un grito por la cordura

En palabras de la jueza Salas: “Podemos aceptar ser apelados, pero no podemos aceptar ser demonizados”. La violencia contra el poder judicial no es solo un ataque a individuos. Es un granada lanzada contra los cimientos de la democracia. Si el Estado de Derecho se basa en el respeto mutuo entre poderes y ciudadanos, cada amenaza, cada pizza fantasmal y cada tuit incendiario destruye un poco más ese pacto esencial.

Como advirtió Salas durante una exposición organizada por Speak Up For Justice, “la retórica corrosiva ya ha encendido una hoguera. Y algunos desde el poder no hacen más que lanzar más combustible”.

El sistema judicial estadounidense se enfrenta así no solo al escrutinio político, sino al odio sostenido. Y en ese panorama, no existen partidos políticos, solo el imperativo urgente de defender la justicia como bien común.