Trump contra la energía eólica: ¿retroceso climático o estrategia política?

El veto a la energía eólica marina: una línea roja en la política energética de Trump

La administración de Donald Trump ha revertido de forma tajante las políticas de expansión de la energía eólica marina en Estados Unidos, cancelando más de 3.5 millones de acres designados previamente como Áreas de Energía Eólica (Wind Energy Areas, WEA por sus siglas en inglés).

La decisión, anunciada por la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM), implica el fin de la designación de grandes extensiones de agua federal para el desarrollo "especulativo" de energía eólica, truncando así el plan quinquenal de la administración Biden para hacer subastas de arrendamientos en alta mar.

¿Qué se pierde con esta decisión?

Estados como Texas, Luisiana, Maine, Nueva York, California y Oregón estaban en la lista para futuras subastas de espacios marinos destinados a desarrollar parques eólicos. Según datos de la BOEM, estas áreas tenían el mayor potencial de generación eólica gracias a sus características marítimas y cercanía a centros urbanos con alta demanda energética.

Uno de los proyectos más esperados era el desarrollo en el Atlántico medio y frente a las costas de Nueva York, donde ya se había aprobado un parque eólico llamado South Fork Wind, el primero de escala comercial en EE.UU., que con 12 turbinas ya opera frente a Montauk Point.

Trump y la guerra comunicacional contra las renovables

Desde el inicio de su mandato en 2017, Donald Trump ha mostrado un fuerte rechazo hacia las energías limpias, en especial la eólica marina. En reiteradas ocasiones ha difundido afirmaciones infundadas como que las turbinas causan cáncer o que representan un peligro para la vida silvestre, particularmente las aves —comentarios que han sido ampliamente desmentidos por científicos y organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía nuevas concesiones para parques eólicos marinos y pausaba la otorgación de permisos y financiamiento a estos proyectos. En 2024, bajo presiones internas y externas, permitió que algunos proyectos en curso continuaran, pero la nueva decisión de eliminar las Áreas de Energía Eólica deja sin base jurídica la mayoría de los futuros desarrollos.

Golpe legal en puerta: 17 estados contra Trump

Este movimiento no ha quedado sin respuesta. Diecisiete fiscales generales estatales y el Distrito de Columbia han presentado una demanda federal contra la orden ejecutiva de Trump, alegando que contraviene la Ley de Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act), que exige evaluaciones basadas en evidencia antes de eliminar políticas públicas medioambientales.

“Es una decisión irresponsable que nos aleja de nuestra soberanía energética y nos expone a crisis futuras”, dijo Letitia James, fiscal general de Nueva York.

Verde vs. fósil: el eterno retorno de los hidrocarburos

Este viraje no es casual. Tras asumir el poder, Trump promulgó múltiples órdenes ejecutivas para ampliar la producción de petróleo, gas y carbón, devolviendo protagonismo a sectores que habían perdido subsidios y permisos bajo la administración Obama.

Según datos de la Administración de Información Energética (EIA), en 2020 más del 79% de la matriz energética de EE.UU. aún dependía de fuentes fósiles. Las renovables representan apenas el 12% del consumo energético total, aunque su crecimiento ha sido exponencial: de 2000 a 2020, la producción eólica creció más de 1,200%.

¿Realmente la energía eólica es poco fiable?

La BOEM, al anunciar la reversión, hizo eco de declaraciones del Secretario del Interior designado por Trump, quien calificó la energía eólica y solar como "fuentes poco confiables y controladas por intereses extranjeros".

Sin embargo, informes del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) demuestran que la energía eólica marina tiene un factor de capacidad superior al 40%, ubicándose por encima incluso de muchos tipos de plantas térmicas. Además, los proyectos offshore en EE.UU. son desarrollados principalmente por consorcios mixtos con participación de empresas nacionales como Dominion Energy o Avangrid.

Impacto económico y laboral

La industria eólica marina prometía ser un motor económico potente. Se estimaba que podría generar hasta 83,000 empleos directos e indirectos para 2030, y una inversión acumulada de más de $70 mil millones. Esta reversión amenaza con evaporar esa oportunidad.

Estados como Massachusetts y Rhode Island ya habían establecido acuerdos de capacitación laboral y soporte regulatorio con empresas privadas. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, calificó la decisión federal como un "ataque directo al crecimiento de empleos verdes en la región noreste".

¿Y el cambio climático?

Esta es quizás la consecuencia más crítica. Mientras el planeta rompe récords de temperatura anual tras año y eventos extremos se multiplican —huracanes, sequías, incendios— Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, decide frenar su transición energética.

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, EE.UU. debía alcanzar una participación renovable del 50% para 2035. Con decisiones como esta, analistas del Climate Action Tracker advierten que el país se aleja peligrosamente de esa meta.

Juego político: más que una política energética

Más allá de argumentos técnicos, este giro parece una declaración de identidad política. Trump ha moldeado su discurso energético como parte de una narrativa nacionalista: combustibles fósiles = independencia energética; energías renovables = sumisión globalista.

Sirve también como una forma de marcar diferencias con los demócratas, en especial con figuras prominentes como Kamala Harris o Alexandria Ocasio-Cortez, partidarias del Green New Deal. Al eliminar las zonas eólicas y estigmatizar a estas fuentes, Trump activa a su base política más conservadora.

¿Qué pasará ahora?

• La demanda federal seguirá su curso. Si prospera, podría restablecer las Áreas de Energía Eólica y relanzar las subastas.
• Los estados podrían tomar medidas independientes, aunque con limitaciones legales frente a la jurisdicción federal marítima.
• Las empresas podrían buscar litigios por ruptura de acuerdos previos y pérdida de inversiones ya realizadas.

Un retroceso que puede tener efectos duraderos

Aunque la administración Trump no canceló todos los proyectos vigentes, su estrategia amenaza uno de los sectores más prometedores para el futuro energético estadounidense. En un contexto mundial donde la energía eólica marina se perfila como pilar fundamental —con países como Dinamarca y Reino Unido liderando desarrollos masivos— EE.UU. podría estar quedándose atrás.

Más allá del terreno político, lo cierto es que el rechazo sistemático a esta fuente de energía tiene consecuencias que afectan al medio ambiente, al empleo y a la competitividad nacional.

“La transición energética no es un capricho progresista, sino una necesidad geoestratégica”, escribió Bill McKibben en The New Yorker. Y decisiones como esta podrían tener ecos que perduren mucho más allá de una batalla electoral.