El oscuro destino de los deportados: Cuando los derechos humanos terminan en cárceles extranjeras

Una deportación que no termina con la libertad

En un movimiento que ha encendido las alertas sobre derechos humanos y prácticas de deportación cuestionables, cinco inmigrantes —provenientes de Cuba, Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam— fueron enviados en secreto desde Estados Unidos a Esuatini, un pequeño reino en el sur de África, a pesar de que ya habían cumplido sus respectivas condenas por delitos graves en territorio estadounidense.

El programa, parte de un esfuerzo del gobierno del ex presidente Donald Trump para encontrar terceros países que acepten a inmigrantes deportados cuyos países de origen se rehúsan a recibirlos, ha generado severas críticas tanto dentro como fuera de EE.UU. Los hombres están detenidos en el Complejo Correccional de Matsapha, una prisión de máxima seguridad cerca de la capital administrativa de Esuatini, Mbabane.

¿Libertad o reclusión indefinida?

Sibusiso Nhlabatsi, abogado de derechos humanos que trabaja en representación de sus colegas en Estados Unidos, ha denunciado que no ha podido tener acceso a los detenidos desde su llegada al país hace ya más de dos semanas.

"Han cumplido sus sentencias. ¿Por qué, entonces, continúan en prisión?" declaró Nhlabatsi, quien ha interpuesto una demanda contra el jefe de servicios correccionales y el fiscal general del país.

Esuatini, regido por uno de los últimos monarcas absolutos del mundo, ha sido acusado repetidamente de reprimir a disidentes y opositores políticos, y este caso parece reforzar esas preocupaciones.

El rechazo de los países de origen

Según informes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), los países de origen de estos inmigrantes se negaron a recibirlos, lo que llevó a buscar acuerdos con terceros países en África. En esta lógica, Esuatini figura aparentemente como un nuevo destino para los deportados.

En julio, el gobierno de Trump también deportó a ocho inmigrantes a Sudán del Sur, una nación al borde del conflicto civil, después de mantenerlos detenidos en un contenedor convertido en celda en una base militar en Yibuti. El traslado fue posible solo tras un fallo favorable de la Corte Suprema de EE.UU. que desbloqueó la operación luego de una batalla legal.

Activistas y defensores de derechos humanos han calificado estos acuerdos como secretos y peligrosos, especialmente porque ni Esuatini ni Sudán del Sur cuentan con garantías apropiadas para el respeto del derecho al debido proceso.

Silencio diplomático y prisión sin derechos

Desde su llegada a Esuatini, los detenidos no han podido comunicarse con sus familias ni recibir ningún tipo de visita. Las autoridades de la prisión han prometido instalar dispositivos que permitan ese contacto, pero hasta el momento no ha habido avances verificables.

El gobierno de Esuatini ha rechazado comentar sobre los reclamos legales, asegurando que los cinco hombres serían deportados a sus respectivos países apenas se logre resolver la logística, algo que podría tardar hasta un año.

Este plazo prolongado contradice las afirmaciones del gobierno estadounidense, que había declarado que sus países de origen no los aceptarían de vuelta. Los activistas locales han exigido claridad y la publicación de los términos del acuerdo con el gobierno estadounidense, pero hasta ahora se ha declarado como clasificado.

Esuatini: un nuevo actor en las políticas migratorias globales

Esuatini, anteriormente conocida como Suazilandia, se encuentra en una delicada posición geopolítica. Con vecinos como Sudáfrica y Mozambique, el país tiene un historial preocupante en materia de derechos civiles.

El país ha sido testigo de protestas masivas reprimidas violentamente y, según múltiples informes, el sistema penitenciario es utilizado como una herramienta de intimidación política.

El Complejo Correccional de Matsapha, donde estarían recluidos estos cinco inmigrantes, es el mismo donde activistas prodemocracia denuncian ser encarcelados bajo cargos fabricados. Mantener a personas extranjeras dentro de ese mismo sistema representa un riesgo elevado de abusos y aislamiento.

Crímenes, perdón y castigo perpetuo

El DHS ha justificado la deportación señalando que los cinco inmigrantes habían cometido crímenes "únicamente bárbaros", utilizando lenguaje duro en redes sociales para describir sus condenas, que incluían asesinato y violación infantil. Sin embargo, ningún documento confirmó si esas sentencias fueron cumplidas en su totalidad, algo que sí afirma el abogado Nhlabatsi.

La opinión pública se encuentra dividida. Por un lado, hay quienes consideran que estos individuos ya habían perdido su derecho a permanecer en EE.UU. tras cometer crímenes atroces. Por otro, están quienes señalan que, una vez cumplida su deuda con la justicia, no deberían continuar siendo castigados y mucho menos privados de derechos fundamentales.

Repercusiones legales y diplomáticas

Expertos jurídicos advierten que la política estadounidense de buscar "países terceros seguros" podría no solo contravenir los tratados internacionales de derechos humanos, sino también abrir una era de política migratoria clandestina, en la que personas sin ciudadanía activa terminan en un limbo legal, expuestos a tortura, represión y muerte civil.

“Estamos exportando nuestros problemas a países con menos recursos y menos derechos garantizados para los individuos”, comenta Bethany Wilson, experta en derecho internacional en la universidad de Georgetown. “Es una externalización de la cárcel”, agrega.

La falta de transparencia total, tanto por parte de Washington como de Mbabane, dificulta trazabilidad alguna, dejando a los defensores de derechos solo con sospechas y puertas cerradas.

Miedos fundados: lo que podría venirse

• Si los países que reciben a estos deportados mediante acuerdos secretos no ofrecen las condiciones mínimas legales, sería responsabilidad de los gobiernos firmantes resolver violaciones a los tratados internacionales.
• Organismos como la Corte Africana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana podrían eventualmente intervenir si son suficientes los elementos presentados.
• Otras democracias occidentales podrían verse presionadas para adoptar políticas similares o, al contrario, romper la cooperación con EE.UU. en temas de deportación.

¿Un patrón en expansión?

La estrategia no parece limitada al África Subsahariana. En el pasado, EE.UU. ha intentado pactos similares con países como Guatemala y El Salvador. El patrón indica que se buscan países con gobiernos autoritarios o sistemas judiciales débiles, en los que pocas preguntas serán hechas y menos respuestas exigidas.

Este caso en Esuatini podría marcar un precedente alarmante. La ausencia de cobertura mediática, la invisibilidad de los detenidos y la opacidad de sus condiciones significan que sus derechos pueden estar siendo violados sin que el mundo lo sepa.

La idea de pagar la sentencia de un crimen, salir de prisión, y aún así no ser libre, redefine por completo la noción de justicia.

Un llamado a la vigilancia

Este oscuro relato debería hacernos reflexionar sobre el precio de la seguridad y la justicia cuando se sacrifica la dignidad básica del individuo. Las deportaciones internacionales no son solo cuestiones migratorias: son temas de derechos humanos, jurisdicciones, geopolítica y, en última instancia, humanidad.

Si permitimos que personas desaparezcan en sistemas penitenciarios remotos con la complicidad silenciosa de democracias modernas, entonces estamos asistiendo a una nueva forma de destierro institucionalizado.

Y una sociedad que acepta el castigo sin fin es una que ha dejado de creer en el perdón.