Vacunas, ciencia y política: ¿a quién pertenece la autoridad para decidir sobre nuestra salud?

Una decisión que sacude los cimientos de la salud pública

En un movimiento inesperado y altamente controversial, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han decidido excluir a más de media docena de las principales organizaciones médicas del país de los grupos de trabajo que asesoran sobre las recomendaciones de vacunación. Esta decisión, que afecta directamente al Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés), ha desatado una ola de críticas y preocupación entre profesionales sanitarios y la comunidad científica internacional.

Organizaciones como la American Medical Association (AMA), la American Academy of Pediatrics (AAP) y la Infectious Diseases Society of America, entre otras, fueron informadas por correo electrónico de su exclusión de estos comités. El motivo alegado: “ser grupos de interés especial con sesgo inherente” por representar a ciertos sectores de la población.

¿Qué es el ACIP y por qué es tan importante?

Desde su creación en 1964, el ACIP ha sido el órgano técnico que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos sobre cuál debe ser el uso apropiado de vacunas previamente aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos).

Las recomendaciones del ACIP no sólo guían a médicos en todo el país, también sirven como base para que las aseguradoras decidan qué vacunas cubrirán y qué calendarios de vacunación adoptar. En otras palabras, lo que se recomienda en el ACIP tiene un impacto directo en la salud de millones de personas.

Cuando la política entra por la puerta, la ciencia sale por la ventana

El panorama se ha tornado más tenso desde la llegada de Robert F. Kennedy Jr. al cargo de Secretario de Salud. Kennedy, conocido por su postura escéptica respecto a las vacunas, fue uno de los principales activistas del movimiento antivacunas, y en junio tomó una decisión sin precedentes: remover a todos los miembros del ACIP y nombrar a reemplazos con posturas similares a la suya.

Esto incluye a figuras como Retsef Levi, un académico del MIT conocido por su crítica abierta a la política de vacunación durante la pandemia del COVID-19 pero sin experiencia clínica. Levi ha defendido la exclusión de organizaciones profesionales argumentando que el criterio actual se basará exclusivamente en "mérito y experiencia", aunque sin definir cómo se evaluará dicha experiencia.

Una cadena de decisiones cuestionables

No es la primera vez que la gestión de Kennedy suscita alarma. Apenas el mes pasado, su oficina anunció que ya no recomendarían las vacunas contra COVID-19 para la mayoría de los niños y mujeres embarazadas. Esta decisión se tomó en contra de la opinión unánime de todas las principales asociaciones pediátricas, de obstetricia y salud pública.

Como respuesta, las asociaciones ahora expulsadas han promovido una demanda colectiva contra el gobierno federal por poner en peligro la salud pública al desmantelar los mecanismos de consenso científico.

Voceros de la salud en alerta máxima

Entre las voces más críticas se encuentra el Dr. William Schaffner, experto en vacunología de la Universidad de Vanderbilt, quien ha participado en el ACIP durante décadas. En entrevista con varios medios, Schaffner expresó su “consternación y tristeza” al ver cómo un sistema ejemplar de asesoría técnica está siendo demolido.

“Esto no solo fragmentará la confianza del público; también fragmentará las propias recomendaciones. Un paciente escuchará un mensaje del gobierno y uno completamente distinto de su médico.”

¿Qué motivó realmente esta decisión?

Si bien el motivo oficial apunta a evitar "conflictos de interés”, lo cierto es que las organizaciones médicas ya estaban sujetas a estrictos protocolos de revisión antes de asumir cualquier rol asesor. Como explica Schaffner, era norma evitar que, por ejemplo, alguien que hubieran trabajado en el desarrollo comercial de una vacuna contra la hepatitis se uniera al grupo de trabajo sobre esa enfermedad.

Pero la narrativa del “sesgo” parece más bien una excusa para sustituir el consenso científico con una visión ideologizada del riesgo, la salud y la prevención.

El precedente peligroso: desfilar hacia la desinformación

La exclusión de estas organizaciones representa un precedente inédito en la historia sanitaria moderna de EE. UU. No solo se está rompiendo con la tradición de consenso técnico, sino que también se está sembrando la duda entre médicos y pacientes.

Un comunicado conjunto de las entidades excluidas expresó su enorme preocupación:

“Eliminar nuestra experiencia médica de este proceso esencial y otrora transparente es una irresponsabilidad, un peligro para la salud nacional y una amenaza directa a la confianza en las vacunas.”

El riesgo para la población: ¿qué podemos esperar?

• Confusión en los consultorios: médicos recibirán pautas federales que no coinciden con el conocimiento clínico o los lineamientos internacionales.
• Caída de las tasas de vacunación: la falta de confianza y las contradicciones pueden provocar que más personas opten por no vacunarse.
• Resurgimiento de enfermedades erradicadas: ya lo vimos con el sarampión, cuyas tasas de contagio aumentaron tras campañas antivacunas en EE. UU. y Europa.

Un sistema admirado... hasta ahora

EE. UU. había sido históricamente un referente global en materia de salud preventiva gracias a sus sólidos sistemas de asesoría técnica y científica. El ACIP era una muestra clara de cómo los responsables políticos podían tomar decisiones basadas exclusivamente en la evidencia médica disponible.

Y si bien ningún sistema es perfecto, desmontarlo para reemplazarlo por un equipo conformado por escépticos y personas sin formación médica es, cuanto menos, un salto al vacío.

El impacto internacional

Lo que ocurre en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. Las decisiones del ACIP a menudo son replicadas o consideradas como guía por organismos de otros países, especialmente en América Latina. La posibilidad de que estas nuevas orientaciones estén dominadas por posturas ideológicas antes que científicas pone en riesgo la salud pública a nivel global.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

Frente a este panorama, lo más importante es que la sociedad civil, profesionales de la salud y medios de comunicación exijan transparencia, participación y evidencia científica como pilares irrenunciables en cualquier decisión sanitaria.

También es fundamental apoyar a las organizaciones médicas que están alzando la voz, no solo por su propia exclusión, sino por la necesidad de defender un abordaje riguroso e inclusivo de las políticas de vacunación.

Como dijo en una ocasión el virólogo Jonas Salk, creador de la vacuna contra la poliomielitis: “La responsabilidad moral de los científicos es hacia la humanidad entera.” Y esa es una lección que no debemos olvidar.