¿Interferencia o vigilancia? El DOJ y su inusual ofensiva sobre las elecciones estatales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para acceder a datos de votantes en múltiples estados, generando tensiones constitucionales y acusaciones de intimidación política
En medio de un panorama político marcado por la polarización y desconfianza institucional, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha iniciado en 2024 un operativo sin precedentes para obtener datos electorales y registros de votantes de al menos 19 estados. Esta estrategia, que despierta alarma y cuestionamientos, es vista por algunos como una maniobra legal para proteger la integridad electoral, y por otros como un intento de presión que desborda los límites de la ley federal y la autonomía estatal.
El origen de la controversia: elecciones, fraude y federalismo
Desde abril, funcionarios del DOJ han contactado a los administradores electorales en al menos 15 estados solicitando copias completas de los padrones de votantes. Entre dichos estados, nueve están liderados por demócratas, cinco por republicanos y uno cuenta con una comisión bipartidista. El enfoque es amplio: desde cómo gestionan las bajas de votantes fallecidos o duplicados, hasta peticiones más intrusivas como registros electorales de ciudadanos identificados como no ciudadanos.
Todo esto sucede bajo el trasfondo de una transformación en la función histórica del DOJ. Tradicionalmente enfocado en la protección del derecho al voto, ahora canaliza esfuerzos en detectar posibles fraudes, una problemática que según estudios se presenta en menos del 0.0003% de los votos emitidos (Brennan Center for Justice, 2021).
Reacciones divididas: estados que cooperan contra otros que se resisten
Mientras que algunos estados como Nueva York, Florida o California han cedido versiones públicas (aunque redactadas) de los padrones, otros como Minnesota y Maine han rechazado rotundamente las solicitudes.
“La lista contiene información personal sensible de varios millones de personas, y entregarla violaría normativas federales y estatales sobre privacidad”,
Justin Erickson, asesor legal del Secretario del Estado de Minnesota
En Maine, la Secretaria del Estado Shenna Bellows fue aún más clara:
“El Departamento no tiene derecho a saber todo sobre usted solo porque quiere hacerlo”,
Shenna Bellows, Maine
Una jugada política bajo la administración Trump
El incremento en peticiones coincide con el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2024, quien ha presionado por la creación de acuerdos interinstitucionales para combatir el “fraude electoral”, a pesar de que ni en 2020 ni en 2022 se documentaron irregularidades sistémicas. Trump incluso propuso un fiscal especial para investigar la elección que perdió frente a Joe Biden.
Los correos electrónicos enviados a los estados citan una orden ejecutiva de marzo 2024 que instruye al DOJ a generar “acuerdos de intercambio de información con funcionarios electorales estatales en la máxima medida posible.”
La delgada línea entre el cumplimiento de la ley y la intimidación federal
Para muchos expertos legales y funcionarios, el problema no es que el DOJ pregunte, sino cómo y con qué finalidad lo hace. El involucramiento de fiscales del área penal, según analistas, puede percibirse como una maniobra de amedrentamiento.
“El DOJ no suele salir a ‘pescar’ posibles delitos. Debe haber causa legítima… Esto parece más un viraje en su modo tradicional de operar”,
David Becker, exabogado del DOJ
Asimismo, el Privacy Act de 1974 impone reglas estrictas sobre cómo el gobierno federal puede solicitar y manejar datos personales. Sin el cumplimiento de estos procedimientos, los pedidos de información podrían ser ilegales.
Alerta entre secretarios estatales y organismos de asistencia electoral
El Departamento también ha prometido contactar a todos los estados eventualmente, lo que generó una petición de la National Association of Secretaries of State (NASS) para reunirse con el DOJ y solicitar transparencia.
La NASS expresó preocupación por el uso final de los datos solicitados. En California, condados como San Diego y San Francisco recibieron cartas preguntando específicamente por registros de votantes eliminados por ser no ciudadanos, así como fechas de nacimiento y números de identificación.
¿El regreso de un Partido Republicano proactivo o una nueva era de vigilancia federal?
Según datos del Centro de Investigación Pew, más del 60% de los republicanos cree que hubo fraude electoral masivo en 2020, a pesar de la falta de evidencia. Ese nivel de desconfianza sostiene la narrativa que justifica este tipo de operativos.
En cambio, los demócratas enfrentan una crisis de confianza interna. Una encuesta del AP-NORC Center for Public Affairs en julio 2025 reveló que un tercio de los demócratas considera a su propio partido “débil” o “ineficaz”. Esta frustración podría derivar en una caída en la participación electoral en 2026, debilitando su intención de recuperar el Congreso.
Un precedente preocupante: datos sensibles, procesos judiciales y criminalización del desacuerdo
En los últimos meses, el DOJ también ha iniciado una demanda contra la Junta Electoral de Carolina del Norte por incumplimiento de la ley federal Help America Vote Act. El patrón parece claro: una vigilancia intensificada aliada a un discurso público que prioriza la “integridad” por encima de la privacidad y la autonomía regular electoral.
En palabras del profesor Justin Levitt, ex funcionario del DOJ:
“Pedir información sobre procedimientos está bien. Pero solicitar padrones completos, con información identificable, roza el límite de una invasión de derechos civiles.”
¿Qué nos dice esto sobre las elecciones americanas futuras?
La estrategia del DOJ podría sentar un precedente que afecte la relación entre el gobierno federal y las jurisdicciones estatales en materia electoral. Algunas preguntas surgen:
- ¿Puede el ejecutivo federal acceder a millones de registros personales sin orden judicial ni supervisión legislativa?
- ¿Qué impacto tendrá esta estrategia en la confianza ciudadana en las elecciones?
- ¿Es la “integridad electoral” una bandera legítima o un eufemismo para justificar acciones arbitrarias?
Más allá del partido en el poder, lo que está en juego es la legitimidad y transparencia del sistema democrático estadounidense. Y, por ahora, la niebla del escepticismo opaca lo que debería ser claro: proteger el voto sin comprometer la privacidad ni los derechos civiles.
