Crisis migratoria entre Pakistán y Afganistán: ¿humanidad o política?

Pakistán ha retomado intensamente las deportaciones de refugiados afganos que viven en su territorio, especialmente aquellos cuya documentación ya ha caducado. Esta medida, que comenzó con fuerza en 2023, se agudiza aún más en 2024 tras la negativa del gobierno federal paquistaní de extender la validez de las Proof of Registration (PoR). Esta situación ha generado fuertes críticas desde la comunidad internacional, incluyendo a la ONU.

Un éxodo forzado: estadísticas alarmantes

Según datos del United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), al menos 1.2 millones de afganos han sido forzados a regresar desde Irán y Pakistán en lo que va del año. Aproximadamente 1.4 millones de ellos portan PoRs, documentos que ya no tienen validez desde el 30 de junio de 2024.

Además, hay otros 800,000 afganos con Afghan Citizen Cards identificados como ilegales por no tener pasaportes válidos ni visados paquistaníes. Ahora, todos enfrentan un mismo destino: la repatriación forzada.

El argumento del gobierno paquistaní

Shakeel Khan, el comisionado para refugiados afganos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, ha insistido en que estos retornos “se están haciendo de forma digna”. Pero lo cierto es que los operativos han escalado en todo el país, incluyendo provincias clave como Balochistán, Sindh y Punjab.

La policía ha incrementado los chequeos aleatorios y las visitas casa por casa. Dos funcionarios que hablaron bajo anonimato informaron que no se están realizando arrestos masivos, pero los detenidos son transportados inmediatamente a los cruces fronterizos para su repatriación inmediata.

Voces de quienes se van

Para muchos afganos, Pakistán ha sido más que un lugar de refugio: ha sido su hogar por décadas. Tal es el caso de Rehmat Ullah, un hombre de 35 años que nació en Peshawar y que ahora debe regresar a un país que nunca ha conocido realmente. “Tengo cinco hijos y me preocupa que pierdan su educación”, declaró. “Yo nací aquí, mis hijos nacieron aquí, y ahora nos vamos”.

¿Una violación a los tratados internacionales?

Qaiser Khan Afridi, portavoz del UNHCR en Pakistán, manifestó profunda preocupación por esta política, subrayando que la deportación forzada podría violar el principio de “non-refoulement”, amparado por tratados internacionales a los que Pakistán está suscrito.

“Enviar a las personas de vuelta de esta forma equivale a refoulement y una violación de las obligaciones internacionales del Estado”, afirmó Afridi.

Instó al gobierno a adoptar “un enfoque humano, voluntario, gradual y digno” y recordó que Pakistán ha sido anfitrión de millones de afganos desde hace más de 40 años.

Raíces históricas del desplazamiento

Desde la invasión soviética de Afganistán en 1979, una ola tras otra de refugiados afganos ha cruzado la frontera hacia Pakistán. En 1980, se estimaba que había hasta 3 millones de afganos en territorio paquistaní. A lo largo de las décadas, esta población se ha asentado principalmente en zonas urbanas como Peshawar y Quetta, incluso desarrollando barrios enteros con infraestructura propia.

Con la llegada del régimen talibán en agosto de 2021, otra oleada de migrantes afganos cruzó hacia Pakistán, esta vez por temor a represalias o por razones políticas, sociales y económicas.

Un dilema entre seguridad y derechos humanos

Pakistán justifica su actuar basado en temas de seguridad nacional. Desde 2023, el Ministerio del Interior lanzó una campaña de “identificación y deportación” de todos los extranjeros indocumentados, tras vincular a algunos afganos con actividades delictivas y extremistas.

Pero esta decisión choca directamente con las preocupaciones humanitarias: ¿qué sucede con quienes han vivido su vida entera en Pakistán? ¿A dónde van aquellos que se marchan sin tierra, sin trabajo, sin familia en Afganistán?

La presión económica como telón de fondo

No podemos ignorar el contexto económico. Actualmente, Pakistán se enfrenta a una severa crisis económica, con inflación superior al 25% y una moneda devaluada. Las ayudas internacionales se han reducido y albergar a más de tres millones de refugiados genera un costo logístico y económico insostenible.

Este factor ha llevado al gobierno federal, especialmente bajo la presión de sectores nacionalistas, a endurecer sus políticas migratorias.

Incertidumbre en Afganistán

El problema se agrava al considerar el frágil escenario en el que se encuentra actualmente Afganistán. Desde la toma del poder por los talibanes en 2021, el país ha registrado un colapso de su economía, restricciones draconianas a los derechos humanos (en especial de mujeres y niñas) y una creciente inseguridad.

Devolver a los refugiados a este entorno sin un proceso escalonado y con recursos es condenarlos a condiciones de pobreza extrema, inseguridad y—en algunos casos—persecución.

¿Hay salida para esta crisis?

Las soluciones pasan por el diálogo internacional. Afganistán necesita apoyo para reinsertar a su población retornada. Pakistán, por su parte, debe colaborar con organismos como el ACNUR y Naciones Unidas para establecer programas de retorno voluntario, asistencia para reubicación y la posible extensión de estatus para refugiados bien integrados.

Cuestionar estas deportaciones no es ignorar el derecho de un Estado a proteger sus fronteras, sino recordar que las leyes internacionales exigen humanidad, gradualidad y garantía de retorno seguro.

Al final, ¿quién pagará el precio?

Los desplazamientos forzados, como advierte el UNHCR, pueden tener efectos nefastos no solo para los individuos sino para la estabilidad regional. Enviar a millones de personas de regreso a un entorno inestable en masa, sin una hoja de ruta clara, es como arrojar combustible sobre un incendio. Y eso es lo que hoy está en juego.

Mientras tanto, hombres como Rehmat Ullah empacan sus memorias, su vida, su cultura híbrida y su futuro incierto en una maleta, en espera de una nueva frontera que tal vez nunca sintieron propia.