Hong Kong refuerza medidas contra activistas en el exilio: ¿represión transnacional o seguridad nacional?

Una nueva escalada: Hong Kong amplía la ofensiva contra activistas en el exilio

El gobierno de Hong Kong ha dado un paso más en su ofensiva contra figuras prominentes del movimiento prodemocrático exiliadas en el extranjero. El lunes, autoridades anunciaron un endurecimiento de las medidas contra 16 activistas, a quienes ya en julio pasado se les había emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas por información que condujera a su captura. Esta vez, los castigos escalan: se han cancelado pasaportes, prohibido transacciones económicas y se han impuesto restricciones sobre bienes y colaboraciones empresariales.

¿Quiénes son los afectados?

Entre los nombres destacados están Victor Ho, Keung Ka-wai, el académico australiano Chongyi Feng y la ciudadana estadounidense Sasha Gong. Son miembros del grupo "Hong Kong Parliament", cuya influencia es modesta pero que ha sido calificado por la policía local como una organización subversiva. Las medidas se dan bajo el mayor marco de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, que ya ha sido motivo de fuertes críticas internacionales.

Pasaportes cancelados y bienes congelados

De los 16 activistas ahora sancionados, 12 vieron sus documentos de viaje anulados. A todos ellos se les ha prohibido recibir fondos, alquilar propiedades o mantener relaciones comerciales dentro del ámbito controlado por la ley de Hong Kong. Cualquiera que infrinja estas medidas enfrenta hasta siete años de prisión según detalló el secretario de Seguridad Chris Tang en un comunicado oficial.

Recompensas por su captura y la ira internacional

En julio de 2023, el gobierno había emitido órdenes de búsqueda internacional apoyadas con recompensas de 200,000 a 1 millón de dólares hongkoneses (aproximadamente entre $25,000 y $127,000 USD). Las reacciones de gobiernos extranjeros fueron inmediatas. El entonces Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó:

“La persecución extraterritorial de hongkoneses que ejercen sus libertades fundamentales es una forma de represión transnacional. No toleraremos intentos del Gobierno de Hong Kong de aplicar su ley de seguridad para intimidar a ciudadanos estadounidenses.”

Una ley que redefinió el paisaje político

La Ley de Seguridad Nacional fue impuesta por Pekín tras la oleada de protestas prodemocráticas de 2019. Desde entonces, más de 10,000 personas han sido arrestadas, según datos recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional. Aproximadamente la mitad de los líderes más destacados de las protestas se encuentran ya en prisión o en el exilio, y solo una fracción ha logrado obtener asilo en países como el Reino Unido, Canadá o Australia.

¿Seguridad nacional o castigo político?

El gobierno chino y la administración de Hong Kong insisten en que estas medidas son vitales para “la estabilidad y el orden”. Pero organizaciones de derechos humanos, legisladores europeos y gobiernos democráticos ven en ellas una transferencia del autoritarismo chino hacia jurisdicciones que respetan el derecho a disentir. El concepto de represión transnacional —cuando gobiernos persiguen a sus disidentes más allá de sus fronteras— cobra cada vez más fuerza en esta discusión.

La diáspora: héroes o amenazas?

Los activistas en cuestión residen hoy en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Tailandia y Taiwán. Según el gobierno hongkonés, todos ellos “siguen participando en actividades que ponen en peligro la seguridad nacional” y tratan de “incitar al odio contra Pekín y Hong Kong por medio de calumnias”. Sin embargo, desde los países de acogida, varios de estos individuos se han convertido en profesores universitarios, portavoces de ONG o representantes de comunidades exiliadas, defendiendo constantemente los valores democráticos.

Precedentes internacionales inquietantes

El caso de Hong Kong no es único. China ha estado cada vez más involucrada en casos de represión transnacional. En 2022, varios gobiernos europeos denunciaron la existencia de "comisarías clandestinas" de la policía china en ciudades como Madrid, Londres y Nueva York, utilizadas presuntamente para vigilar y presionar a disidentes.

La organización Safeguard Defenders identificó al menos 102 oficinas no oficiales en 53 países. Aunque China niega tales acusaciones, los informes documentan decenas de casos donde ciudadanos chinos fueron amenazados con represalias a sus familias si no regresaban "voluntariamente" al país.

Una comunidad internacional dividida, ¿y pasiva?

Aunque las condenas diplomáticas son fuertes, las respuestas prácticas han sido menos vigentes. Estados Unidos citó a altos funcionarios chinos en varias ocasiones pero no logró frenar la intensificación de estas políticas. La Unión Europea, por su lado, continúa firmando acuerdos comerciales con China, mientras que solo un puñado de países ha implementado verdaderas sanciones contra oficiales involucrados en la represión política.

Ejemplo canadiense: ¿Un camino viable?

En 2021, Canadá concedió asilo político a varios jóvenes activistas provenientes de Hong Kong tras comprobar que sus vidas estaban en peligro si regresaban. Además, Ottawa incluyó en su Magnitsky Act a diversos funcionarios hongkoneses acusados de violaciones a derechos humanos. Aunque simbólicas en muchos casos, estas medidas oficiales ofrecen modelos de defensa en el plano diplomático y legal.

¿Qué futuro para estos activistas?

Sin pasaportes válidos, sin acceso a recursos financieros ni posibilidades de retorno seguro, muchos de estos exiliados enfrentan un limbo legal y emocional. Son símbolos vivos de una lucha mayor: la pérdida progresiva de libertades en lo que alguna vez fue una de las ciudades asiáticas más abiertas del mundo.

Mientras tanto, las organizaciones internacionales insisten en que el caso de Hong Kong debe ser una advertencia global. ¿Qué puede impedir que otros regímenes autoritarios adopten las mismas estrategias?

"El mundo no puede permitirse normalizar la persecución política más allá de las fronteras nacionales," dijo en una reciente conferencia el activista Nathan Law, también exiliado en Londres desde 2020 y uno de los mencionados anteriormente por las autoridades hongkonesas.

Un conflicto que redefine el exilio moderno

Si antaño el exilio implicaba libertad y refugio, el caso hongkonés demuestra que hoy tampoco en el extranjero hay paz. Las líneas entre jurisdicciones, soberanía y derechos humanos se vuelven difusas bajo las nuevas dinámicas del autoritarismo globalizado. Todos observan, todos condenan, pero pocos actúan. Y en medio de esa parálisis, la ola represiva avanza. El nuevo rostro del control político no tiene fronteras. Hong Kong nos lo está gritando, aunque muchos aún no quieran escuchar.