Muerte de Johnny Hollman y la impunidad policial en EE. UU.: ¿hasta cuándo?

Por tercera vez en menos de un lustro, una escena grabada por una cámara corporal reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía en Estados Unidos. Esta vez, la víctima fue Johnny Hollman Sr., un diácono de 62 años que falleció en Atlanta tras resistirse a firmar una multa de tráfico. Un gran jurado decidió no presentar cargos contra el agente, lo que ha generado una ola de indignación.

Un desenlace letal por una infracción menor

El 10 de agosto de 2023 debería haber sido una noche ordinaria para Johnny Hollman Sr., quien regresaba a casa tras un estudio bíblico y llevaba la cena a su esposa. Pero su camino se cruzó con el del oficial Kiran Kimbrough tras un pequeño accidente vehicular. Lo que inició como una interacción de rutina terminó en tragedia.

Según el video de la cámara corporal, Hollman, con voz pausada pero firme, insistió en que no había cometido ninguna infracción, mientras Kimbrough exigía reiteradamente que firmara una citación. Luego, comenzó una lucha en la que el oficial terminó por inmovilizar al anciano en el suelo, le aplicó descargas eléctricas con una Taser y fue ayudado por un conductor de grúa, que presionó con su peso el cuello y la cabeza de Hollman.

“No puedo respirar”, repitió Hollman varias veces antes de quedar inconsciente, y posteriormente fue declarado muerto en el hospital. El informe forense determinó la muerte como homicidio, con enfermedades cardíacas como factor contribuyente.

La decisión del gran jurado: sin cargos penales

El 15 de julio de 2025, un gran jurado del condado de Fulton, en un giro inesperado, determinó no imputar cargos por homicidio involuntario, agresión o violación del juramento contra Kimbrough.

La fiscalía, liderada por Fani Willis, había buscado imputarlo con cinco cargos diferentes, según confirmó su portavoz Jeff DiSantis. Kimbrough, amparado por la ley estatal, testificó ante el gran jurado, lo cual pudo haber influido en el veredicto.

“La muerte de Johnny Hollman fue trágica, pero de ninguna manera fue causada por Kiran Kimbrough”, expresó en un comunicado su abogado Lance LoRusso.

¿Uso excesivo de la fuerza o negligencia en el deber?

La policía de Atlanta despidió al agente en noviembre de 2023. Argumentaron que, conforme a los protocolos, debería haber permitido que Hollman hablara con un supervisor, como solicitó reiteradamente, en vez de forzarlo a firmar una multa o arrestarlo.

Además, una junta del servicio civil ratificó su despido, y el Ayuntamiento de Atlanta acordó una compensación de $3.8 millones a la familia Hollman por uso excesivo de fuerza. Paralelamente, la familia inició acciones legales contra el conductor de grúa que también intervino en la agresión.

El patrón: viejos vicios, nuevos rostros

Este caso resuena con ecos de tragedias recientes que han sacudido a Estados Unidos. De George Floyd en 2020 a Tyre Nichols en 2023, las muertes a manos de policías han seguido un patrón común: encuentros por situaciones menores que terminan con víctimas negras fallecidas bajo custodia.

Según Mapping Police Violence, más de 1,200 personas murieron durante encuentros con la policía en 2023, y las personas negras tienen casi tres veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que las personas blancas, pese a representar solo el 13% de la población.

En múltiples casos, incluso cuando hay videos, testimonios y reportes de autopsia que señalan exceso de fuerza, los culpables evitan juicio o condena. Como si la cámara no bastara.

La ley contra la justicia

El conflicto entre la legalidad y la justicia se hace evidente: que el gran jurado no haya encontrado bases legales para imputarlo no implica que las acciones de Kimbrough fueran correctas, ni que Hollman mereciera morir por no firmar una multa.

Como plantean abogados y defensores civiles, una pregunta clave persiste: ¿es proporcional forzar, electrocutar e inmovilizar a un anciano para que firme una infracción?

“Este es el tipo de casos que destruyen la confianza pública en las instituciones de seguridad”, comentó Andrea Young, directora ejecutiva de la ACLU en Georgia. “Cuando se perdona la brutalidad policial, se normaliza.”

Indignación, protestas y memoria

Colectivos civiles como Black Lives Matter Atlanta convocaron movilizaciones en las inmediaciones del Capitolio estatal reclamando transparencia, justicia y reforma.

La familia de Hollman, mediante sus abogados, emitió un comunicado tras el veredicto:

“La decisión del gran jurado de negar la acusación es otro doloroso recordatorio del poco valor que se le da a la vida de los ciudadanos negros por parte de algunos sectores de nuestra sociedad. Nuestro dolor es profundo, pero nuestra lucha por la justicia no cesará.”

El caso también ha reavivado el debate interno en el sistema político de Georgia, donde el Congreso estatal propuso una ley para prohibir los arrestos por negarse a firmar citaciones. Sin embargo, el gobernador republicano Brian Kemp vetó la ley, argumentando objeciones administrativas no relacionadas con el espíritu del proyecto.

¿Qué sigue para Kiran Kimbrough?

La fiscal Willis aseguró que su oficina está evaluando la posibilidad de presentar el caso ante otro gran jurado. El precedente legal en Georgia lo permite, aunque es poco frecuente.

Mientras tanto, Kimbrough permanece sin cargos, con su carrera en pausa, pero sin consecuencias penales. Su abogado planea acciones para permitir su reincorporación o recuperar beneficios.

Una falla sistémica en la justicia

El caso de Johnny Hollman no es una excepción, sino una ilustración recurrente de un sistema que protege más a sus ejecutores que a sus ciudadanos. Aunque el sistema judicial opera bajo principios de presunción de inocencia y debido proceso, el margen de impunidad ante el uso de la fuerza por parte de agentes sigue siendo alto.

En palabras de la escritora y activista Michelle Alexander:

“Nos enfrentamos a un nuevo sistema de castas, en el que la brutalidad y la desigualdad se maquillan bajo normas institucionalizadas.”

Casos como el de Hollman deben servir de espejo para la necesaria revisión de los protocolos de detención, el uso de la fuerza, la capacitación policial y la equidad judicial.

Si se puede morir por no firmar una citación, ¿qué tan protegidos estamos el resto?