El polémico programa de deportaciones de Trump hacia África: ¿solución migratoria o juego geopolítico?

En los márgenes de la política migratoria global, lejos de los focos de la frontera entre México y Estados Unidos o los campos de refugiados del norte de África, se está gestando un nuevo fenómeno que plantea serias preguntas sobre derechos humanos, diplomacia y responsabilidad. El expresidente estadounidense Donald Trump dio inicio a lo que parece ser una política migratoria fuera de los canales tradicionales: acuerdos con países africanos para aceptar a migrantes deportados por Estados Unidos, muchos de ellos con antecedentes criminales o rechazados por sus países de origen. ¿Qué hay detrás de estos polémicos pactos? ¿Quién se beneficia realmente: Estados Unidos, los países africanos firmantes o alguien más?

Un modelo poco transparente

Rwanda se convirtió recientemente en el tercer país africano en aceptar personas deportadas desde Estados Unidos, alcanzando un acuerdo con la administración Trump para recibir hasta 250 individuos. Anteriormente, Sudán del Sur y Eswatini (antigua Suazilandia) ya habían recibido 8 y 5 deportados respectivamente, según comunicados oficiales. Estos acuerdos se caracterizan por su falta de transparencia: ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han ofrecido detalles completos sobre cómo se concretan estas deportaciones ni sobre los términos negociados con los gobiernos africanos.

¿Quiénes son deportados y por qué?

En los tres casos conocidos hasta la fecha, los deportados son descritos por las autoridades estadounidenses como criminales peligrosos, entre ellos ciudadanos de Vietnam, Cuba, Jamaica, Laos, México, Yemen y Myanmar. Sus países de origen se niegan a recibirlos, lo que deja a Estados Unidos con un dilema legal y humanitario. La solución de Trump fue encontrar naciones terceras dispuestas a aceptarlos a cambio, presumiblemente, de beneficios diplomáticos o económicos.

Algunos de los deportados estuvieron detenidos por semanas en contenedores metálicos adaptados como cárceles en bases militares estadounidenses como la de Djibouti, antes de ser enviados a África. Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente estas condiciones, por tratarse de detenciones arbitrarias y en algunos casos potencialmente ilegales.

Rwanda y la sombra del acuerdo con el Reino Unido

Este acuerdo de Trump con Rwanda recuerda inmediatamente el trato que en 2022 intentó implementar el Reino Unido: enviar solicitantes de asilo al país africano mientras se resolvían sus procesos. Ese plan fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico, pero no sin antes costar al erario casi mil millones de dólares, de los cuales $300 millones ya habían sido entregados a Rwanda sin referentes resultados.

En este nuevo acuerdo con EE.UU., el gobierno rwandés ha declarado que los deportados serán “reasentados” con acceso a asistencia sanitaria, formación laboral y ayuda para encontrar alojamiento. Sin embargo, no se han publicado compromisos concretos ni mecanismos de seguimiento. Como explicó la analista de migraciones para África Central, Adeline Banza, “estos acuerdos sirven más para ganar legitimación diplomática que para realmente abordar el problema de migración global”.

Sudán del Sur: entre guerra civil y desinformación

Los ocho hombres enviados a Sudán del Sur provenían de seis nacionalidades distintas: Sudán del Sur, Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam. La elección de Sudán del Sur como destino ya es polémica: el país ha enfrentado múltiples conflictos armados desde su independencia en 2011 y actualmente vive una tensa calma con indicios de regreso a la guerra civil.

El gobierno local prometió “garantizar su seguridad y bienestar”, pero no ha revelado detalles sobre su ubicación o estado legal. ¿Qué mecanismos existen para integrar en la sociedad sudanesa a individuos expulsados desde miles de kilómetros de distancia? El silencio es total.

Eswatini: represión, autocracia y detención indefinida

Eswatini es uno de los países más pequeños del continente, pero también uno de los más herméticos. Gobernada desde 1986 por el rey Mswati III, es una de las pocas monarquías absolutistas que quedan en el mundo. Allí fueron enviados cinco ciudadanos deportados de EE.UU., quienes se encuentran en confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad, sin acceso legal.

Un abogado de derechos humanos ha llevado el caso a la justicia local, denunciando que los detenidos fueron sometidos a “detención indefinida e ilegal” pese a haber cumplido sus condenas en Estados Unidos. “Encarcelarlos sin juicio ni representación legal es una violación básica de los derechos humanos”, dijo en declaraciones a la prensa local.

¿Qué gana África?

Estos acuerdos no se firman por altruismo. Los analistas apuntan a que los gobiernos africanos involucrados podrían estar recibiendo incentivos como:

• Reducción de aranceles a sus exportaciones.
• Ayuda humanitaria o financiera directa.
• Levantamiento de sanciones a funcionarios estatales.
• Mayor visibilidad y legitimación diplomática ante actores globales.

La economía de Rwanda ha sido una de las más dinámicas del continente bajo el presidente Paul Kagame, quien busca convertir al país en un centro tecnológico y de servicios africano. Sin embargo, su gobierno es regularmente acusado de coartar libertades políticas y reprimir a la oposición.

Una política en expansión

Este modelo de deportaciones podría extenderse si se considera exitoso. Pero los problemas subyacentes son múltiples: ¿son estos países seguros para los deportados? ¿Se garantiza el cumplimiento de los estándares legales internacionales? ¿Qué sucede si los deportados no tienen vínculos con la sociedad de acogida? La historia migratoria mundial está llena de episodios de deportaciones forzadas que terminaron en abusos, explotación o desapariciones.

Lo que significa para el resto del mundo

El programa de “deportación por terceros” de Trump encuentra ecos en iniciativas similares, como el controversial plan del Reino Unido con Rwanda, o las propuestas de la Unión Europea de construir “centros de procesamiento” en el norte de África. Estas medidas buscan aplacar la presión migratoria dentro de las fronteras propias, pero trasladan el problema hacia regiones con menor vigilancia mediática y menores niveles institucionales.

Para los defensores de derechos humanos, es una señal alarmante de externalización de responsabilidades. Para algunos gobiernos africanos, es una carta de cambio que podrían usar estratégicamente en sus negociaciones internacionales.

La paradoja moral

Muchos de los países que reciben ayuda internacional por violaciones a los derechos humanos o niveles de pobreza extrema son los mismos que ahora ofrecen acoger deportados bajo acuerdos turbios con potencias como Estados Unidos o el Reino Unido. Esta contradicción plantea una pregunta vital: ¿está el sistema internacional incentivando la complicidad a cambio de beneficios?

Entre la necesidad y la diplomacia, muchas naciones africanas se ven atrapadas en el dilema de aceptar lo inaceptable para sobrevivir en el tablero global. Y mientras tanto, los migrantes —sean o no criminales, culpables o inocentes— quedan arrojados a un limbo jurídico y humano del que acaso nunca saldrán.