El programa BRIC bajo la lupa judicial: ¿Salvando infraestructura o socavando la resiliencia nacional?

Una batalla judicial entre 20 estados liderados por demócratas y la administración Trump ha sacado a la luz uno de los programas más importantes para la resiliencia ante desastres en Estados Unidos: el programa Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC), administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

¿Qué es el programa BRIC?

Creado como una respuesta al aumento de desastres naturales en Estados Unidos —huracanes más fuertes, incendios forestales extendidos, inundaciones más frecuentes— el BRIC canaliza fondos federales para reforzar la infraestructura en comunidades vulnerables. Desde su lanzamiento, ha financiado proyectos como:

• Actualización de redes eléctricas para resistir tormentas.
• Construcción de diques en zonas propensas a inundaciones.
• Reubicación de plantas de tratamiento de agua en áreas de alto riesgo.

La idea es simple: es más barato y eficaz prevenir que curar.

La controversia: ¿redistribución o desmantelamiento?

La disputa comenzó cuando FEMA, bajo la administración Trump, anunció en abril que tenía pensado “terminar” con el programa BRIC, argumentando que los fondos podían usarse con mayor flexibilidad para respuestas inmediatas ante desastres en lugar de prevención a largo plazo.

Sin embargo, 20 estados —incluyendo California, Nueva York y Washington— respondieron con una demanda en la corte federal de Boston. El Juez de Distrito Richard G. Stearns dio la razón temporalmente a los demandantes, bloqueando el desvío de más de $4,000 millones que el Congreso ya había aprobado específicamente para BRIC.

¿Qué dice la ley?

Los estados alegan que la administración federal no puede, sin aprobación del Congreso, redirigir fondos asignados. En palabras del juez Stearns:

“La evidencia de los estados sobre los pasos de FEMA para implementar la terminación del programa sugiere que ya se ha tomado una decisión, aunque la agencia lo niegue oficialmente.”

Además, Stearns señaló que FEMA ha cancelado nuevas oportunidades de financiamiento y ha informado a los colaboradores que no deben esperar nuevos fondos. Todo esto apunta hacia una terminación de facto del BRIC.

¿Por qué importa tanto BRIC?

Según un estudio del National Institute of Building Sciences, por cada dólar invertido en mitigación de riesgos se ahorran $6 en pérdida futura. Es decir, retirar fondos del BRIC no solo tendría un costo moral (vidas y comunidades en riesgo) sino también económico.

En un comunicado judicial, los estados señalan:

“Al fortalecer proactivamente nuestras comunidades antes de que ocurran desastres, reducimos lesiones, salvamos vidas, protegemos propiedades y, en última instancia, ahorramos dinero que de otro modo se gastaría en limpieza post-desastre.”

¿Hay precedentes?

La lucha entre estados y el gobierno federal por el control de fondos no es nueva. Históricamente, situaciones similares han surgido con programas de salud, educación e incluso transporte.

En 2012, por ejemplo, la Corte Suprema rechazó una parte clave de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) que exigía a los estados expandir Medicaid o perder todo su financiamiento federal. El tribunal dictaminó que el gobierno no podía utilizar los fondos como una "zanahoria o garrote".

De manera similar, muchos expertos consideran que redirigir los fondos de BRIC sin debate legislativo es una violación constitucional del rol del Congreso en la asignación presupuestaria.

Un impacto directo en comunidades rurales

Una de las características más importantes del BRIC es que muchos de sus proyectos benefician a comunidades rurales que carecen de recursos locales para prepararse ante desastres. Esto pone en evidencia una paradoja política: hasta estados conservadores y rurales que suelen apoyar a Trump podrían ser los más perjudicados.

Ejemplo: en Oklahoma, un condado con alta vulnerabilidad a tornados ha solicitado fondos BRIC para construir refugios comunitarios. Una pérdida o congelación del fondo dejaría esta región aún más expuesta.

FEMA entre la espada y la pared

Por su parte, abogados del gobierno han argumentado que FEMA necesita flexibilidad para manejar los fondos según surjan emergencias nuevas. Alegan que el dinero de BRIC también puede usarse para recuperación postdesastre y que no se está eliminando el programa sino revisando su arquitectura.

No obstante, la contradicción entre los comunicados públicos de FEMA y las acciones institucionales —como la cancelación de convocatorias de fondos— está alimentando la desconfianza.

El giro político: Whitmer, Trump y las tensiones intergubernamentales

Este conflicto por los fondos BRIC se presenta en paralelo a otras tensiones entre gobernadores demócratas y la Casa Blanca. Curiosamente, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, adoptó recientemente una estrategia más conciliadora con Trump, logrando acuerdos como el envío de $50 millones para la reparación de una tormenta en su estado y una nueva misión militar para una base aérea.

Whitmer, vista como posible candidata presidencial en 2028, ha destacado que trabaja “con cualquiera que quiera ayudar a Michigan”, pero ha sido criticada por miembros de su partido por no confrontar más directamente al presidente.

Este contexto demuestra que el dilema del BRIC no es solo presupuestario o técnico: también es político. Demuestra cómo los recursos para el futuro de las comunidades pueden convertirse en rehenes de disputas partidistas.

¿Cuál es el futuro del BRIC?

Por ahora, el programa sigue en pausa, con una orden judicial preliminar que impide su desmantelamiento total. A medida que avanza el litigio, se espera que salgan a la luz más detalles sobre las verdaderas intenciones de la administración y el destino de los miles de proyectos que dependen de estos fondos.

Lo que está en juego no es menor: la capacidad del país para prepararse ante el calentamiento global, eventos extremos e infraestructuras envejecidas. La decisión final no solo afectará a este programa en específico, sino que puede sentar un precedente sobre cómo —y quién— decide el uso de fondos críticos asignados por el Congreso.

Y mientras el BRIC cuelga de un hilo, lo que queda claro es que la resiliencia, hoy por hoy, no es solo un ideal técnico, sino una cuestión profundamente política.