La dura batalla de la inmigración en Florida y Texas: ¿Control de fronteras o abuso de poder?

En los Estados Unidos, pocas cuestiones políticas han sido tan divisivas y consistentemente presentes en la agenda nacional como la inmigración. En las últimas semanas, los focos se han vuelto a encender, esta vez en torno a nuevas iniciativas altamente polémicas en Florida y Texas. Con un nuevo centro de detención estatal en puertas y una confrontación legal sin precedentes entre legisladores estatales, estas medidas revelan una estrategia conjunta republicana para reconfigurar el panorama migratorio y político de cara a 2026.

Florida, entre los pantanos y las rejas: el caso de “Alligator Alcatraz”

Desde los Everglades hasta el norte de Jacksonville, el gobernador Ron DeSantis ha puesto en marcha una política agresiva de detención de inmigrantes con el establecimiento de centros operados por el estado, al margen del sistema federal tradicional. El primero de estos centros, apodado “Alligator Alcatraz” por su aislamiento en una antigua pista aérea en los Everglades, abrió oficialmente el 1 de julio.

La instalación ya ha recibido más de $245 millones en contratos estatales y pretende actuar como piedra angular de un sistema alternativo de detención para inmigrantes en el sur de Florida. Según DeSantis, “Florida está lista y dispuesta a incrementar el ritmo de deportaciones”. Pero activistas señalan que se trata de una estrategia peligrosa que vulnera derechos fundamentales.

Críticas humanitarias y medioambientales

Grupos de derechos civiles y ambientalistas han presentado múltiples demandas contra la instalación. Denuncian que los detenidos reciben atención médica insuficiente, alimentos inapropiados o escasos y que han sido incomunicados, sin acceso a abogados ni a jueces de inmigración federales. La opacidad es otra preocupación: los planes de evacuación en caso de emergencia han sido fuertemente censurados bajo una ley estatal que permite mantener confidencial esta información.

“Estamos hablando de seres humanos retenidos en condiciones draconianas sin el debido proceso”, afirma Mariana Ortega, vocera del grupo de defensa Florida Immigrant Coalition. Además, expertos ambientales como Dr. Luis Varela, biólogo de la Universidad de Miami, han expresado su alarma por el impacto ecológico en uno de los ecosistemas más delicados del hemisferio occidental.

¿Un modelo para exportar?

Algunos miembros del Partido Republicano, incluyendo a la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ven el centro como un “modelo” para otras instalaciones similares a nivel estatal en el país. Una visión respaldada por Donald Trump, quien ha elogiado lo “duro y remoto” del centro como un espacio “idóneo para los peores de los peores”.

Pero grupos de derechos humanos, periodistas e incluso abogados constitucionales cuestionan tanto la legalidad como la ética de replicar este modelo. “Estamos viendo el nacimiento de una red de prisiones migratorias paralelas, lejos del control judicial”, advierte David Froomkin, profesor de leyes en la Universidad de Houston.

El nuevo capítulo: Camp Blanding y el “North Detention Facility”

El siguiente paso en Florida será la construcción de un nuevo centro de detención en Camp Blanding, una base de la Guardia Nacional 43 kilómetros al suroeste de Jacksonville. Aunque DeSantis ha dicho que esperan más deportaciones federales antes de expandir operaciones allí, el estado ya ha otorgado contratos iniciales —incluyendo uno de $39,000 para estaciones meteorológicas y sirenas— como parte de lo que se ha llamado “North Detention Facility”.

Este movimiento ha sido interpretado como un ambicioso intento de anticiparse al flujo migratorio y consolidar la autoridad estatal sobre políticas tradicionalmente federales. Pero sigue sin conocerse cómo se garantizarán los derechos humanos, las condiciones sanitarias y la transparencia en esta futura instalación.

Texas: legisladores contra el poder ejecutivo

Mientras Florida construye muros físicos, en Texas la batalla es política y judicial. Decenas de legisladores demócratas abandonaron el estado para boicotear una votación sobre un nuevo mapa de distritos electorales diseñado para favorecer al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término de 2026.

La reacción del gobernador Greg Abbott ha sido contundente: amenazas de arrestos, investigación por sobornos y hasta la posibilidad de expulsión del cargo. Bajo las reglas de la Cámara de Representantes estatal, los ausentes pueden ser multados con $500 por día y sometidos a órdenes civiles de arresto.

Fugas, refugios y legalidades

Los legisladores se refugiaron en estados con gobiernos demócratas, como Illinois, Nueva York y Massachusetts, donde las autoridades texanas no pueden ejercer fácilmente su jurisdicción. El mismísimo Fiscal General Ken Paxton admitió que ejecutar arrestos fuera del estado es “desafiante” y que requeriría la cooperación de gobiernos que no están dispuestos a colaborar.

Se han mencionado incluso investigaciones de sobornos por posibles donaciones financieras destinadas a costear la fuga política. Pero legalmente, expertos como Froomkin dicen que estas amenazas son más intimidatorias que efectivas: “Mucho de esto es teatro político. Las bases legales para estas acciones son endebles”, declaró.

La sombra de 2026: Trump, redistritación y control electoral

El trasfondo de estas maniobras políticas va más allá del 2023. En Texas, Donald Trump busca ganar cinco escaños republicanos más en 2026, y el rediseño del mapa electoral es clave para lograrlo. Actualmente, los republicanos dominan con una mayoría de 88-62 legisladores en la Cámara, pero necesitan al menos 100 miembros presentes en sesión para aprobar nuevas leyes o mapas.

Este no es el primer boicot demócrata: en 2003 pusieron freno a una ley similar, y lo repitieron en 2021 con un proyecto de ley electoral. Sin embargo, eventualmente los demócratas tienen que regresar. La estrategia de dilatar procesos rara vez impide la aprobación final de las medidas.

La paradoja de los “jurisdicciones santuario”

Este clima de tensiones migratorias coincide con un informe reciente del Departamento de Justicia que identificó a aproximadamente 36 estados, condados y ciudades como jurisdicciones santuario. Aunque estas listas han sido problemáticas por errores y falta de definiciones claras, demuestran la intención del gobierno federal —bajo Trump— de presionar a los gobiernos locales para cooperar con deportaciones masivas.

Entre los lugares señalados se encuentran California, Nueva York y Boston, expandiendo el conflicto federal-estatal sobre el control de política migratoria. Según la Fiscal General Pamela Bondi, “esas políticas santuario ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses”.

¿Estado policial o defensa de fronteras?

La pregunta que divide a Estados Unidos hoy es si estamos frente a un fortalecimiento necesario del sistema migratorio o a una alarmante concentración de poder en manos estatales y ejecutivas. La creación de centros de detención sin supervisión judicial, el uso de fuerzas del orden para intimidar a legisladores y el intento de redefinir los mapas electorales son señales de una política migratoria cada vez más beligerante.

Las próximas semanas serán claves: ¿persistirán los demócratas en su resistencia? ¿Seguirá DeSantis adelante con su segundo centro? Lo cierto es que la política migratoria en Estados Unidos está cambiando rápidamente, y no necesariamente en dirección a una mayor justicia o transparencia.