‘Operación Caballo de Troya’: el nuevo rostro de la política migratoria en Los Ángeles

Los Ángeles volvió a convertirse en el epicentro del debate migratorio este miércoles tras una redada sorpresa llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en el estacionamiento de una tienda Home Depot, localizada cerca del centro de la ciudad. Lo que ocurrió no fue una operación común: los agentes aparecieron súbitamente desde la parte trasera de un camión de mudanza alquilado, en lo que fue posteriormente calificado como “Operación Caballo de Troya”.

¿Qué fue “Operación Caballo de Troya”?

La redada fue ejecutada por agentes de la Patrulla Fronteriza y autoridades federales de inmigración utilizando un camión de la empresa Penske. Fotografías y videos difundidos en redes sociales mostraron el dramático momento en que la puerta trasera del camión se abrió para revelar a varios agentes uniformados y armados que empezaron a realizar arrestos inmediatos.

La operación, según declaraciones del jefe del Sector Fronterizo de EE.UU., Greg Bovino, tenía como objetivo identificar y detener a trabajadores sin documentación legal que suelen buscar trabajo en la zona de Home Depot. Bovino la presentó con orgullo bajo el nombre clave de “Operation Trojan Horse”.

Un método altamente polémico

La reacción pública no se hizo esperar. Muchas organizaciones pro-inmigrantes catalogaron esta táctica como una “escalada peligrosa” en los esfuerzos del gobierno para intimidar y criminalizar a las comunidades migrantes.

“Hoy fuimos testigos de una redada donde trabajadores fueron emboscados por agentes federales escondidos en un camión alquilado. Esto no solo es humillante, es vergonzoso”, señaló Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Organizadores de Jornaleros (NDLON).

La educadora Lupe Carrasco Cardona, miembro de Unión del Barrio —organización que patrulla regularmente espacios públicos para prevenir abusos migratorios—, relató que el camión se estacionó simulando ofrecer empleo y, cuando varios jornaleros se acercaron, cayó la trampa: “Abrieron la parte trasera y comenzaron a arrestar gente indiscriminadamente”.

¿Legal, pero legítimo?

La legalidad de estas acciones se encuentra en constante disputa. Tan solo el mes pasado, un juez federal emitió una orden de restricción temporal contra el uso de perfiles raciales en redadas migratorias, tras una demanda impulsada por la ACLU y otras organizaciones. El fallo fue ratificado el viernes pasado por el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, que decidió mantener la restricción temporal contra arrestos indiscriminados.

No obstante, las agencias federales han insistido en que estas operaciones son “altamente enfocadas” y “prioritarias para la seguridad nacional”. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aseguró que se trata de ejercer el cumplimiento de la ley en su máxima expresión.

Impacto en vidas humanas

El drama humano tras estas tácticas es ineludible. “Iba camino a mi trabajo, no soy ilegal, tengo permiso de trabajo pero igual me arrestaron”, denunció Andrés*, uno de los jornaleros detenidos brevemente y liberado tras confirmar su estatus. Casos como el de Andrés muestran los vacíos operativos en este tipo de redadas, donde muchas veces ni siquiera se verifica inicialmente la documentación del detenido.

Además de jornaleros, se detuvo a vendedores ambulantes y personas que simplemente se encontraban en la zona como clientes. “Un vendedor incluso mostró evidencia de que estaba en proceso de asilo, pero se lo llevaron igual”, dijo Cardona.

Las ciudades santuario bajo ataque

Los Ángeles es considerada una ciudad santuario, concepto que implica que las autoridades locales no colaboran automáticamente con las agencias federales para ejecutar deportaciones. Sin embargo, las redadas como esta parecen estar diseñadas precisamente para desafiar el poder de esas jurisdicciones.

Bill Essayli, fiscal federal interino, fue claro en su mensaje: “Para aquellos que creen que la aplicación de la ley migratoria ha cesado, piénsenlo de nuevo. La ley federal no es negociable, y no hay santuarios frente a su alcance”.

El papel de las corporaciones

Otro aspecto alarmante del operativo fue el uso de un vehículo de Penske Truck Rental. La compañía emitió una declaración inmediata al conocer que su camión se usó sin autorización para transportar agentes armados alojados en su compartimento de carga —una práctica prohibida por sus políticas.

“No fuimos informados ni dimos consentimiento para el uso de nuestros vehículos en esta operación”, aseguró el portavoz Randolph P. Ryerson. “Contactaremos a las autoridades para reforzar nuestras políticas y evitar un uso indebido en el futuro”.

Control versus derechos civiles

El conflicto entre la seguridad fronteriza y los derechos civiles se agudiza con cada operación de este tipo. Para muchos, no es solo una batalla legal o administrativa, sino un conflicto moral que define la identidad de EE.UU. como nación.

“Estamos viendo un retorno a estrategias de miedo que priorizan la teatralidad política sobre el bienestar de nuestras comunidades”, denunció Alvarado. “Estos trabajadores, muchos de los cuales pagan impuestos y sostienen la economía diaria, no son criminales”.

Reacciones legales y políticas

La ofensiva migratoria se da en un contexto más amplio: un clima político exasperado por las elecciones presidenciales y por los nuevos aranceles del 35% impuestos por Estados Unidos a ciertas importaciones canadienses —otro frente abierto en la administración actual.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, señaló con escepticismo creciente: “¿Confiamos en Trump? Yo no”. Esta falta de confianza también resuena entre los representantes de las ciudades santuario y los activistas locales, que ven en cada operativo una forma de reafirmar un discurso de exclusión.

¿Qué sigue?

Los Ángeles no es nuevo en estas tensiones. Desde junio se han documentado múltiples operaciones de este tipo, en car wash, parques, estaciones de autobuses, e incluso granjas. Y parece que ningún rincón está exento. Ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos por error —una señal grave sobre cómo se ejecutan las redadas.

Por ahora, las organizaciones comunitarias han reforzado sus patrullas en áreas vulnerables y se preparan para asistir legal y socialmente a los detenidos. Mientras tanto, el debate entre seguridad nacional y justicia social seguirá marcando la política migratoria de EE.UU., con un ojo puesto en noviembre y otro en los derechos fundamentales.

*Nombre cambiado por razones de privacidad.