Corrupción en tiempos de crisis: El megafraude de 'Feeding Our Future' que le robó millones a niños hambrientos
Una trama federal de $300 millones en Minnesota expone cómo la avaricia y la criminalidad florecieron en medio del caos de la pandemia, revelando fallas sistémicas en la supervisión de programas sociales.
Una crisis de salud que se volvió una oportunidad para el fraude
Mientras el mundo enfrentaba el caos de una pandemia sin precedentes, muchos vieron una oportunidad para la solidaridad, la compasión y el servicio. Pero otros, como Abdiaziz Shafii Farah, vieron una oportunidad para el enriquecimiento ilícito.
En Minnesota, Farah, de 36 años, estuvo al frente de uno de los mayores fraudes relacionados con fondos federales durante la era del COVID-19: el caso Feeding Our Future. Un esfuerzo originalmente destinado a alimentar a niños necesitados durante el cierre de escuelas se transformó en una red criminal que robó más de $300 millones al erario público, según la fiscalía federal.
¿Qué fue 'Feeding Our Future'?
La organización sin fines de lucro Feeding Our Future tenía como objetivo gestionar y coordinar la entrega de comida gratuita y nutritiva a niños en situación de vulnerabilidad, aprovechando los fondos provistos por programas federales de alimentación escolar, como el Child Nutrition Program y el Summer Food Service Program, administrados por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA).
Sin embargo, la falta de fiscalización rápida, combinada con una afluencia masiva de fondos debido a la emergencia sanitaria, creó las condiciones perfectas para que este sistema fuera explotado.
El cerebro del fraude: Farah y su sistema 'pay-to-play'
Farah no trabajó solo. Fue líder de una red de individuos que abrió sitios de distribución de comida completamente falsos o extremadamente exagerados, donde afirmaban servir a miles de niños diariamente. A través de facturas falsas, nombres ficticios de niños y reportes manipulados de entregas que nunca ocurrieron, lograron cobrar millones de dólares.
El modus operandi incluía un sistema de sobornos 'pay-to-play' en el que se direccionaban fondos mal habidos a colaboradores, quienes a cambio ofrecían lealtad y compartían ganancias. Según el Departamento de Justicia, Farah y sus cómplices crearon 250 sitios de distribución falsos o inflados, generando en conjunto más de $47 millones de ganancias ilícitas solo bajo su coordinación directa.
¿En qué gastaron el dinero?
El estilo de vida que adoptó Farah tras recibir estos fondos parecía sacado de una película de crimen: cinco vehículos de lujo, propiedades adquiridas en Minnesota y en Kenia, e incluso operaciones de blanqueo de dinero a través de China, según la fiscalía. Según el gobierno, Farah personalmente se apoderó de más de $8 millones.
Ese dinero fue utilizado para comprar propiedades en el extranjero, difíciles de recuperar por las autoridades estadounidenses debido a restricciones de jurisdicción.
Las consecuencias legales: 28 años de prisión y contando
En junio de 2024, el juez federal dictó sentencia: 28 años de prisión para Farah, además de una orden de restitución de $47.9 millones. Y eso no es todo. Farah ya se declaró culpable de intentar sobornar a un jurado con una bolsa de $120,000 en efectivo, un hecho que puede sumarle varios años más de condena en futuras audiencias.
Acting U.S. Attorney Joseph Thompson declaró lo siguiente:
“Farah ha hecho un daño incalculable a este estado. Nos robó a plena vista cuando más necesitábamos proteger a nuestras comunidades.”
Una red más grande: ¿Cuántos participaron?
Hasta la fecha, 73 personas han sido acusadas por su implicación en el escándalo Feeding Our Future, y 51 han sido encontradas culpables. Muchos de estos individuos eran operadores de ONG, empresarios, contadores y hasta cocineros que emitían facturas falsas.
La organización Feeding Our Future ha sido desmantelada y su exdirectora, Aimee Bock, enfrenta múltiples cargos al igual que varios miembros de su equipo.
Fallas en el sistema y oportunidad para mejorar
Uno de los aspectos más preocupantes del caso fue el nivel de supervisión —o más bien, su ausencia— durante un periodo de aumento abrupto del gasto público. El USDA delegó la responsabilidad de verificar los sitios a las agencias estatales, muchas de las cuales estaban desbordadas por la crisis del COVID-19.
Un informe de la Oficina del Inspector General reveló que Minnesota aprobó cientos de nuevos sitios sin visitas presenciales ni auditorías preliminares. En algunos casos, se aceptaron órdenes de compra sin siquiera comprobar si los proveedores existían.
Impacto directo en la comunidad
Quizás lo más trágico del escándalo fue que, mientras estos criminales se enriquecían, miles de niños en situación de pobreza quedaron sin acceso a comidas fundamentales. En un estado como Minnesota, donde en 2020 más de 300,000 niños dependían de programas de alimentación escolar, este fraude no es solo económico: es moral y social.
Más allá de Minnesota: ¿un problema nacional?
Si bien este escándalo surgió en Minnesota, ha encendido las alarmas en todo el país. Una auditoría del Congreso identificó que, solo en 2021, hubo al menos $11,000 millones en pagos incorrectos medidos en programas de nutrición infantil a nivel federal.
Estas cifras exigen reformas inmediatas en los procesos de verificación, selección de contratistas y evaluación en tiempo real. También es urgente implementar tecnologías como blockchain y IA para rastrear pedidos y entregas, algo que ya están probando algunas agencias en California y Nueva York.
Perspectivas: ¿Justicia o símbolo de un problema mayor?
La sentencia de Farah puede ser vista como un ejemplo contundente de justicia para quienes buscan impunidad en medio de una tragedia. Pero también es una oportunidad para repensar cómo gestionamos los fondos públicos y cómo el control debe ser tan ágil como la ayuda que pretende ofrecer.
Como dijo un vecino de Farah en entrevistas locales, “Lo que duele no es solo que robó. Es que lo hizo cuando sabíamos que había niños que no tenían nada en su plato.”
El caso de Feeding Our Future debería marcar un parteaguas en la forma en que se estructuran los programas sociales en EE. UU. No solo castigar, sino también prevenir.