El fin de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados en EE. UU.: ¿Justicia o discriminación?

La educación en disputa: ¿quién merece una oportunidad?

Durante más de dos décadas, numerosos estados de Estados Unidos permitieron que estudiantes indocumentados —niños traídos al país sin autorización legal— accedieran a matrículas estatales reducidas si cumplían ciertos requisitos. Pero esa era de inclusión educativa ha llegado abruptamente a su fin en varios estados, encabezados por Texas, luego de una ofensiva legal impulsada desde el gobierno federal bajo la administración de Donald Trump.

El Departamento de Justicia ha argumentado en múltiples demandas que es ilegal que estudiantes sin estatus migratorio regular paguen menos que ciudadanos estadounidenses de otros estados. Esta decisión ha desatado una profunda polémica sobre los derechos de acceso a la educación, la equidad fiscal y el valor del sueño americano en tiempos de nacionalismo creciente.

Contexto: cómo comenzó el acceso a la matrícula estatal

En el año 2001, Texas se convirtió en el primer estado en aprobar una legislación que permitía a ciertos estudiantes inmigrantes sin documentos legales pagar matrícula estatal. La ley, conocida como Texas House Bill 1403, tuvo un respaldo ampliamente bipartidista y fue firmada por el entonces gobernador republicano Rick Perry.

Los requisitos eran claros: los estudiantes debían haber residido al menos tres años en Texas antes de graduarse de secundaria, y un año antes de inscribirse en la universidad. Además, tenían que firmar una declaración de intención de regularizar su estatus migratorio en cuanto fuera posible.

El objetivo no era solo humanitario. También era una estrategia económica. Crear una fuerza laboral más educada, accesible y arraigada prometía beneficios a largo plazo para la economía estatal.

La diferencia de precios: un abismo educativo

Las tarifas de matrícula para estudiantes residentes y no residentes varían de forma drástica. Por ejemplo, en la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, una inscripción básica de tiempo completo cuesta alrededor de $10,000 anuales para residentes estatales, frente a $19,000 para no residentes.

Para un estudiante indocumentado que ha pasado casi toda su vida en Texas, no calificar como residente representa una barrera prácticamente insalvable. Según datos de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, alrededor de 57,000 estudiantes indocumentados están actualmente matriculados en las universidades públicas de Texas.

Una decisión legal los ha dejado ahora fuera de ese sistema de apoyo.

Ofensiva federal y reacción estatal

La administración Trump presentó su primer ataque legal en Texas en junio, argumentando que permitir tarifas reducidas para inmigrantes sin estatus violaba la ley federal. Poco después, los fiscales generales republicanos de Oklahoma, Kentucky y Minnesota también cedieron o fueron presionados para hacerlo.

En Oklahoma, el fiscal general Gentner Drummond señaló: “Recompensar a personas extranjeras que están ilegalmente en nuestro país con precios más bajos que los que enfrentan ciudadanos estadounidenses es no solo indignante, sino ilegal.”

En Texas, el fiscal general Ken Paxton —una figura clave del trumpismo— ni siquiera defendió la ley estatal y, en cambio, se unió a la moción federal que solicitaba su derogación.

Esto marcó el fin de una política progresista que había sobrevivido múltiples intentos de eliminarla en la legislatura estatal controlada por los republicanos.

¿Qué dice la ley federal?

El argumento legal se basa en la ley federal Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996, que establece que los inmigrantes sin estatus legal no deben recibir beneficios educativos más favorables que los ciudadanos estadounidenses de otros estados.

Sin embargo, muchos abogados sostienen que el texto no prohíbe explícitamente que los estados usen criterios de residencia dentro de sus propias jurisdicciones para determinar tarifas, por lo que el tema no está definitivamente cerrado.

Más de 20 estados, incluidos California, Washington, Nueva York e incluso algunos tradicionalmente conservadores como Kansas y Nebraska, han adoptado políticas similares a la de Texas. Unidos, representan a decenas de miles de estudiantes beneficiados.

Según el National Immigration Law Center, al menos 16 estados también permiten a estos estudiantes acceder a becas y ayuda financiera.

Críticas y emociones encontradas

Los críticos del cambio legal argumentan que esta decisión castiga a jóvenes que crecieron en EE. UU., estudian en EE. UU. y sueñan con contribuir a EE. UU.

En palabras de Julieta Garibay, cofundadora de United We Dream, la red más grande de jóvenes inmigrantes del país: “Estamos viendo cómo se quiebra la promesa del país donde crecimos. Nos dicen que no somos bienvenidos, aunque hayamos hecho todo bien.”

Por su parte, los defensores del cambio argumentan que el acceso a tarifas reducidas “recompensa” estar en el país sin autorización legal y desincentiva la inmigración regulada. El debate mezcla legalidad, economía, valores culturales e incluso emociones patrióticas.

Impacto económico: una espada de doble filo

Varios economistas han advertido del potencial impacto negativo de estas decisiones sobre la economía local. En Texas, por ejemplo, se estima que una persona con título universitario gana en promedio $25,000 más al año que una que solo terminó secundaria. Ese ingreso adicional genera impuestos, consumo e inversión local.

La organización Texas Higher Education Coordinating Board encontró que cada dólar invertido en educación superior pública genera $5.40 en beneficios económicos netos para el estado.

Eliminar las tarifas más bajas podría forzar a muchos jóvenes talentosos a abandonar sus estudios, lo cual representa una pérdida de capital humano costosa y difícil de revertir, especialmente en economías locales que dependen de comunidades inmigrantes como el Valle del Río Grande, Houston o Dallas-Fort Worth.

¿Cuál es el futuro para estos estudiantes?

Muchos estudiantes indocumentados ahora enfrentan una disyuntiva cruel: abandonar sus estudios o endeudarse masivamente. Algunos buscarán universidades en estados que todavía ofrecen políticas inclusivas; otros optarán por posponer indefinidamente sus sueños académicos.

Organizaciones como Educators for Fair Consideration o Dream.US siguen otorgando becas y asesoramientos legales, pero la demanda está superando ampliamente la capacidad de respuesta. El miedo, la frustración y la ansiedad se han multiplicado entre las familias migrantes.

Un estudiante anónimo de Houston lo resumió así en una entrevista: “No queremos privilegios. Solo queremos la oportunidad de llegar tan lejos como nuestros compañeros de clase.”

Una visión más amplia: reforma migratoria estancada

Este debate sobre matrículas estatales es, en realidad, una pieza más del enorme rompecabezas de la política migratoria estadounidense. Una reforma migratoria integral ha sido tema de discusión en el Congreso durante más de dos décadas sin llegar a puerto. Mientras tanto, millones de “DREAMers” —jóvenes traídos al país en la infancia— viven en un limbo legal perpetuo.

La eliminación de beneficios educativos es vista por muchos como un síntoma de una política migratoria punitiva y sin visión de futuro, más interesada en dividir que en integrar. Para otros, es un regreso al cumplimiento estricto de la ley y a combatir lo que consideran una “amnistía” de facto.

El verdadero rostro del nacionalismo educativo

Este momento marca un punto crítico para imaginar qué tipo de sociedad quiere ser Estados Unidos. ¿Una donde el mérito y la contribución importan más que el lugar de nacimiento? ¿O una cada vez más cerrada, dura y determinada a castigar incluso a sus jóvenes más prometedores por las decisiones de sus padres?

La batalla por la educación de los estudiantes indocumentados no ha terminado, pero cada ley revocada, cada beca cancelada y cada puerta universitaria que se cierra resuena como un eco del tipo de nación en que se está convirtiendo el país.

Mientras tanto, miles de estudiantes siguen soñando, luchando y resistiendo con la esperanza de que algún día vuelva a abrirse una oportunidad donde solo quedan barreras.