La expansión de la mina Rosebud en Montana: ¿progreso energético o retroceso ambiental?

Colstrip, Montana – En un movimiento que ha encendido tanto aplausos como críticas, el gobierno federal de Estados Unidos ha aprobado la expansión de casi 770 hectáreas para la mina Rosebud, el principal abastecedor de carbón de la planta de energía más grande de Montana. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la controversia nacional sobre la dependencia energética del carbón, la justicia ambiental y la lucha contra el cambio climático.

Una mina clave para un estado carbonífero

La mina Rosebud, operada por Westmoreland Mining LLC, ha sido históricamente la arteria que alimenta de carbón a la central eléctrica de Colstrip, una instalación en funcionamiento desde hace casi 40 años. Con la reciente autorización de la Oficina de Reclamación y Control Minero de Superficie (OSMRE, por sus siglas en inglés), se abrirá el acceso a 34 millones de toneladas de carbón adicional, lo que garantizará la operación de la mina hasta, por lo menos, el año 2039.

La expansión, que abarca el Área F de la mina, no fue aprobada sin controversia. En 2022, una orden judicial federal exigió a OSMRE realizar un análisis más profundo sobre los posibles impactos medioambientales del proyecto. El resultado: una autorización menos ambiciosa que la original, pero aún significativa.

Los argumentos del desarrollo económico

Los defensores de la expansión apuntan a su importancia estratégica en el actual contexto energético. La empresa Westmoreland opera la mina con una fuerza laboral de 300 empleados, y asegura que la autorización es esencial para cumplir futuros contratos y mantener empleos locales. Jon Heroux, abogado de la compañía, celebró la medida diciendo que "permite cumplir nuestros contratos de manera más eficiente" y agradeció a la delegación federal por eliminar la burocracia.

Más aún, según Heroux, la convergencia de la inteligencia artificial y la creciente demanda de electricidad por parte de centros de datos justifica incluir al carbón en lo que denominó una solución "de todo tipo de fuentes" para suplir la demanda energética a futuro.

El otro lado de la moneda: el costo ambiental

Los grupos ambientalistas, sin embargo, ven otro panorama. La directora del Montana Environmental Information Center (MEIC), Anne Hedges, denunció que la expansión representa una amenaza directa para los recursos hídricos locales y un retroceso en la lucha contra el cambio climático.

"La mina Rosebud ha estado destruyendo recursos hídricos cruciales para la agricultura y la fauna durante décadas. La aprobación federal perpetúa esta contaminación y beneficia a lo que es probablemente la planta más sucia y tóxica del país", afirmó Hedges.

Los científicos y ecologistas advierten sobre los gases de efecto invernadero generados por la quema de carbón, uno de los combustibles fósiles más contaminantes. Además, el consumo de agua y la alteración de ecosistemas por la actividad minera ponen en riesgo la biodiversidad y la economía agrícola local.

Un nuevo enfoque desde la Casa Blanca

La expansión refleja también un cambio de enfoque del gobierno federal. Según el comunicado conjunto de Interior y OSMRE, la decisión se enmarca dentro de un esfuerzo por asegurar la "independencia energética y la prosperidad rural". No obstante, este tipo de retórica ha sido criticada por estar anclada en nociones anticuadas del desarrollo económico, especialmente en momentos donde se discuten transiciones hacia energías limpias y renovables.

Un punto clave en la controversia es cómo el gobierno ha manejado la revisión de impacto ambiental. El departamento de Interior citó una nueva orientación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la cual establece que no es necesario emitir una declaración de impacto ambiental únicamente por el cambio climático o los efectos de los gases de efecto invernadero. Esto ha sido duramente criticado por ambientalistas, quienes consideran que la acumulación de decisiones locales como esta tiene consecuencias globales innegables.

Colstrip: una reliquia industrial en crisis

La ciudad de Colstrip ha crecido en torno a la industria del carbón, y su planta energética tiene actualmente cuatro unidades energéticas, de las cuales dos ya han sido cerradas por motivos financieros y ambientales. Las dos restantes siguen operando gracias, en buena parte, al suministro de la mina Rosebud.

Colstrip es una comunidad dividida. Para algunos residentes, la planta es sinónimo de solidez financiera, buenos sueldos y arraigo familiar. Para otros, es un símbolo de contaminación, dependencia de una sola industria y resistencia al cambio.

Las compañías propietarias de la planta –entre ellas NorthWestern Energy, con sede en Montana, y otras localizadas en Oregón y Washington– están bajo presión pública y responsabilidad legal para avanzar hacia fuentes más limpias. En una declaración reciente, la portavoz Jo Dee Black mencionó que “los recursos energéticos existentes deben seguir operando hasta que haya infraestructura limpia completamente desarrollada”.

Coalición jurídica y cambios políticos

La batalla judicial que obligó a la revisión a fondo de la OSMRE empezó en 2019, cuando MEIC y otras organizaciones demandaron al gobierno federal por autorizar la expansión sin considerar de forma suficiente los efectos climáticos y medioambientales.

El juez federal ordenó entonces un Estudio de Impacto Ambiental más completo, lo que retrasó el permiso hasta ahora. Con esta nueva decisión, legalmente sólida según Heroux, se cierra –en teoría– este prolongado capítulo legal, aunque otras acciones podrían aún desencadenarse.

Pero más allá del litigio, el caso de Rosebud se inscribe dentro de una agenda política más amplia. Las reformas a reglas ambientales impulsadas durante la administración Trump y aún vigentes en muchos organismos han reducido los requerimientos de impacto ambiental, minimizando los efectos del cambio climático a meras estadísticas acumulativas difíciles de rastrear a nivel local.

¿Qué podemos esperar a futuro?

Estados como Montana se enfrentan a un dilema evidente. Por un lado está la necesidad de preservar empleos bien remunerados en comunidades rurales donde el carbón ha sido el centro económico durante generaciones. Por otro, la urgencia de una transición energética hacia fuentes más limpias, sostenibles y con menor repercusión en nuestro ya deteriorado ecosistema global.

Este caso muestra cómo el discurso de la "independencia energética" puede ocultar realidades complejas: subsidios a energías fósiles obsoletas, impacto acumulativo del carbono atmosférico y sacrificio silencioso de ríos, acuíferos y especies locales en nombre del progreso.

Hoy, cuando se construyen centros de datos que demandan más electricidad que ciudades enteras y cuando el planeta rompe récords históricos de temperatura, ¿es realmente viable seguir apostando por el carbón como piedra angular del sistema eléctrico?

La expansión de Rosebud puede ser legal, pero plantea una pregunta más profunda: ¿es moral seguir cavando hacia un pasado contaminante en vez de construir un futuro resiliente?