¿Privilegios o seguridad? El debate sobre los favores gubernamentales a figuras políticas en EE. UU.
El reciente viaje de cumpleaños del vicepresidente JD Vance aviva un viejo debate: ¿hasta qué punto debe el Estado adaptarse a los caprichos de sus altos funcionarios?
¿Es apropiado que se use infraestructura pública para actividades personales de funcionarios políticos? La polémica más reciente recae sobre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien ha sido criticado por haber recibido, presuntamente, un trato preferencial cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército accedió a liberar más agua del embalse Caesar Creek con el fin de aumentar el caudal del río Little Miami, todo para que Vance pudiera realizar una excursión en kayak con su familia por su cumpleaños.
El río Little Miami: escenario de una controversia
De acuerdo con The Guardian, la decisión fue tomada a petición del Servicio Secreto estadounidense, cuyo argumento principal fue garantizar la seguridad del vicepresidente y permitir una operación fluida de embarcaciones motorizadas de respuesta ante cualquier emergencia. Aunque la decisión se ajustó, según el Cuerpo de Ingenieros, a criterios operativos normales y no afectó significativamente a aguas arriba o abajo del río, las reacciones no se hicieron esperar.
El exabogado de ética del expresidente George W. Bush, Richard W. Painter, calificó la medida como “indignante” y escribió en X (antiguo Twitter):
“Es indignante que el Cuerpo de Ingenieros gaste el dinero de los contribuyentes para aumentar el caudal de un río solo para que el vicepresidente pueda ir en canoa, cuando recortes presupuestarios afectan las vacaciones familiares del resto del país.”
¿Un patrón de privilegios excesivos?
No es la primera vez que se cuestionan los privilegios concedidos a JD Vance y su familia. Durante una reciente visita a Italia, el gobierno ordenó cerrar el Coliseo de Roma para una visita privada de su esposa Usha Vance e hijos. Algo similar ocurrió durante su estancia en el Taj Mahal, en India. Ambas acciones provocaron reacciones negativas de los turistas, quienes vieron cerrados estos monumentos emblemáticos por consideraciones personales de la familia vicepresidencial.
Otros ejemplos del pasado también provocaron indignación. En 1999, durante una campaña presidencial, el entonces vicepresidente Al Gore descendió el río Connecticut en una canoa para una sesión fotográfica. En ese entonces, también se liberaron 4 mil millones de galones de agua —a petición del Servicio Secreto— desde una represa para asegurar un buen nivel del río, algo que fue criticado desde la oposición.
¿Dónde trazar la línea entre seguridad y exceso?
Si bien la protección de funcionarios de alto perfil como el vicepresidente es tarea del Servicio Secreto, analistas y ciudadanos se preguntan si ciertas medidas cruzan la línea de lo razonable. ¿Es realmente necesario manipular recursos naturales y cerrar monumentos históricos para proteger a una sola persona? ¿Qué mensaje se le envía al ciudadano promedio, que ve como se desvían fondos y recursos para el beneficio de su clase gobernante?
Esta no solo es una cuestión técnica acerca de logística o seguridad; también es un tema ético y político que atañe al respeto por las instituciones, la equidad en el acceso a bienes comunes y el cumplimiento del principio básico de que ningún ciudadano —ni siquiera el vicepresidente— está por encima del resto.
El impacto en el presupuesto y el mensaje público
Si se tiene en cuenta que el gobierno al que pertenece JD Vance promueve un mensaje de austeridad y recortes en el gasto público, tales acciones generan aún mayor controversia. Las críticas sostienen que es contradictorio exigir sacrificios al ciudadano común mientras se permiten lujos excepcionales en la élite política. Painter mencionó además los recortes al Servicio de Parques Nacionales, que han restringido las vacaciones familiares estadounidenses, mientras se asignan recursos considerables para una excursión privada.
Según el sitio web del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, el embalse Caesar Creek, que abastece al río intervenido, abarca 2,830 acres y cuenta con cinco rampas náuticas, áreas de acampada y marina. Todo esto es administrado con fondos públicos, y su uso se regula para el beneficio colectivo, no privado.
Privilegios en el poder: una tendencia transversal
Vale recalcar que este tipo de controversias no ocurren solo con un partido político. Como vimos en el caso de Gore, los demócratas también han capitalizado sus posiciones para obtener ciertos privilegios. La diferencia estriba en cómo cada incidente es percibido por el electorado según el discurso del partido en ese momento.
El fenómeno revela una falta general de estándares claros sobre el uso de recursos públicos. Es decir, mientras se permite a los vicepresidentes o altos funcionarios beneficiarse de ciertas comodidades bajo el pretexto de la seguridad, no existe claridad pública acerca de los límites o costos reales implicados.
¿Es la seguridad un cheque en blanco?
Si bien nadie niega que la seguridad de una figura como el vicepresidente es importante, el debate gira en torno a si esta justifica perturbaciones en el acceso del público a monumentos históricos o alteraciones del ecosistema de un río para actividades recreativas. Varios expertos han dicho que se necesita mayor transparencia sobre cómo y bajo qué criterios el Servicio Secreto determina estas acciones.
El precedente que sienta JD Vance
El uso de poder e influencia estatal para acuerdos personales, aunque sea por “seguridad”, establece un precedente preocupante. Si se normaliza la idea de que cualquier actividad de un alto funcionario merece intervención estatal sin cuestionamiento, se abre la puerta a futuros abusos y se incrementa la desconfianza ciudadana respecto de sus representantes.
El caso del río Little Miami podría parecer banal para algunos, pero tiene implicaciones mucho mayores: pone el énfasis en cómo se administra la seguridad personal con recursos públicos, el nivel de transparencia del gobierno y la visión de justicia e igualdad ante la ley en los Estados Unidos.
Una opinión pública cada vez más vigilante
En un momento donde la ciudadanía alerta constantemente sobre la corrupción, el gasto innecesario y el abuso del sistema, eventos como estos solo alimentan la percepción de una política desconectada de las necesidades colectivas. Quizás no sea necesario cortar el agua al vicepresidente, pero usarla para un paseo de cumpleaños sí es cuestionable.
Estos incidentes no sólo erosionan la confianza pública, sino que podrían alimentar futuras campañas contra la clase política. Conforme se suman los ejemplos —Coliseo romano, Taj Mahal, Little Miami—, el electorado toma nota. Tal vez sea el momento de implementar límites más estrictos a lo que puede o no solicitarse en nombre de la seguridad nacional, y quién debería pagarlo.
El privilegio es el verdadero escollo
Más allá del kayak y los monumentos cerrados, lo que está en juego no es solo una tarde familiar para JD Vance, sino el símbolo de un país cuya clase política a menudo vive una realidad completamente distinta de la de sus ciudadanos. La seguridad también puede ser razonable, pero lo que muchos temen es que se convierta en una excusa permanente para los lujos disfrazados de necesidad.