El gran retroceso verde: ¿Está en juego el futuro ambiental de Estados Unidos y Europa?
Entre prisiones en los Everglades, la eliminación de programas solares y pesticidas prohibidos: las decisiones políticas que amenazan décadas de avances medioambientales
El pantano se agita: “Alcatraz de los caimanes” y una batalla ambiental en Florida
En lo profundo del ecosistema único del sur de la Florida, una estructura emergente conocida como la “Alcatraz de los caimanes” ha prendido las alarmas tanto de ecologistas como de la Tribu Miccosukee. Construida en medio del famosamente frágil ecosistema de los Everglades, esta prisión migratoria ha desatado una batalla legal que pone en jaque las promesas de protección mediambiental en Estados Unidos.
Una jueza federal, Kathleen Williams, ha emitido una orden para detener temporalmente nuevas fases de construcción luego de alegatos que indican que se violan leyes ambientales al construir sobre humedales protegidos —hábitats de especies en peligro como el leoncito de los Everglades y la orquídea fantasma. Mientras tanto, la prisión podrá seguir operando y deteniendo inmigrantes para ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement).
Los demandantes —incluyendo el Center for Biological Diversity y la propia tribu originaria del área— aseguran que la construcción daña significativamente los esfuerzos restaurativos llevados a cabo durante los últimos 30 años, que han representado inversiones de más de $10 mil millones en restablecer el delicado equilibrio ecológico de los Everglades.
Batalla solar: Trump elimina el programa “Solar para Todos”
Si la polémica en Florida no era suficiente, una decisión devastadora cayó como un jarro de agua fría sobre otro frente de la lucha ecológica: la energía limpia.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció el fin del programa Solar for All, el cual tenía como objetivo instalar paneles solares en más de 900,000 hogares de bajos ingresos y ayudar a comunidades históricamente marginadas.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, afirmó en redes sociales que el programa “ya no tiene autoridad legal” desde la firma de una reciente ley fiscal por parte del presidente Donald Trump. Esta nueva norma eliminó el Greenhouse Gas Reduction Fund, que incluía $20 mil millones para bancos verdes y $7 mil millones específicamente para el proyecto solar.
La respuesta fue inmediata. Bernie Sanders, uno de los impulsores del programa, denunció: “Sabotear este esfuerzo no solo es erróneo, es una locura. El programa significaba facturas de energía más bajas, miles de empleos bien remunerados y avances reales contra el cambio climático”.
Entre los afectados están decenas de estados, tribus indígenas, y gobiernos locales que ya habían comenzado proyectos de "jardines solares comunitarios". Algunos beneficiarios han demandado al gobierno, argumentando que los fondos ya habían sido asignados y que la nueva ley no tiene efecto retroactivo.
Por si fuera poco, un juez federal ya dictaminó en abril que la EPA no puede congelar fondos ya comprometidos. Aun así, la administración Trump ha avanzado con la eliminación de los contratos, calificándolos como "derroche" y parte de un supuesto “esquema de lingotes de oro”.
Francia: el retorno frustrado del pesticida asesino de abejas
La lucha por el medioambiente no es exclusiva de América. En el corazón agrícola de Francia, una polémica propuesta para reautorizar el uso del pesticida acetamiprid fue bloqueada por el Consejo Constitucional, el tribunal más alto del país.
El pesticida, prohibido desde 2018 por su impacto devastador en abejas y polinizadores, formaba parte central de una ley propuesta por el senador
Una petición estudiantil contra la ley consiguió más de 2 millones de firmas, una cifra histórica para Francia. Científicos, médicos y activistas denunciaron riesgos para la biodiversidad y la salud pública, pues el pesticida ha estado vinculado no solo a muerte masiva de polinizadores, sino también a posibles efectos cancerígenos en humanos.
La Corte determinó que permitir el uso de acetamiprid “violaba la Carta del Medioambiente”, una cláusula constitucional francesa que obliga a proteger el entorno para las futuras generaciones. A pesar del fallo, el resto de la ley permanece activa y algunos legisladores ya preparan una nueva ofensiva.
El pesticida sigue estando aprobado por la Unión Europea hasta 2033 y aún es utilizado en otros países miembros como España e Italia, generando una importante presión para unificar criterios de protección ambiental a nivel comunitario.
¿Un nuevo paradigma o una marcha atrás ecocida?
Las tres historias —aunque a primera vista distintas— reflejan una misma narrativa global: el retroceso alarmante ante décadas de avances ambientales. Estados Unidos, bajo la presente administración, parece estar desmantelando con rapidez políticas de energías limpias y protección ecológica, mientras Europa enfrenta tensiones entre intereses agrícolas y compromisos ecológicos.
Históricamente, cada crisis ha sido una oportunidad para replantear nuestras prioridades. Durante los años setenta, luego del derrame de petróleo de Santa Bárbara y el escándalo de Love Canal, nacieron la Agencia de Protección Ambiental en EE.UU. y nuevas regulaciones cuya culminación fue el informe "Nuestro Futuro Común" de la ONU en 1987.
Hoy estamos ante un nuevo umbral. El cambio climático no es teoría: incendios que devoran continentes, olas de calor que rompen récords históricos, y eventos extremos que alteran la vida cotidiana. Y sin embargo, observamos cómo decisiones políticas están priorizando intereses industriales por encima de la supervivencia planetaria.
Motivaciones políticas detrás del ecocidio
No es coincidencia que muchas de estas medidas regresivas vengan respaldadas por potentes lobbies empresariales. En EE.UU., donantes vinculados a combustibles fósiles han incrementado su influencia sobre campañas políticas, llevando a decisiones como la eliminación del Greenhouse Gas Fund.
En Francia, los cultivadores de remolacha azucarera han presionado fuertemente para recuperar herramientas químicas eficaces —aunque letales— con el argumento de que sin pesticidas sus rendimientos no son competitivos frente a importaciones.
La presión económica de sectores agrícolas tradicionales, particularmente tras eventos como la guerra en Ucrania o la pandemia de COVID-19, ha debilitado el impulso de la Legislación Verde europea, como lo demuestra el aplazamiento del Green Deal en diversas comisiones del Parlamento Europeo.
La reacción ciudadana: una ráfaga de esperanza
Sin embargo, entre el escepticismo florece una oportunidad. La movilización social —desde estudiantes franceses hasta familias latinas que esperan ahorrar con paneles solares— señala que hay una conciencia creciente dispuesta a actuar.
Organizaciones como Sierra Club, Greenpeace y las tribus originarias de América llevan la batuta en una resistencia estratégica que involucra desde litigios judiciales hasta campañas digitales virales.
En EE.UU., la industria de la energía solar aún crece, con más de 250,000 empleos generados tan solo en 2022, pese a los embates políticos. Francia, por su parte, ve crecer un nuevo movimiento ambientalista juvenil post-Greta que bien podría reorganizar el debate de cara a las elecciones europeas de 2024.
¿Seremos capaces de revertir el retroceso?
Nos encontramos ante una dicotomía crítica: seguir el camino de la regresión o redoblar esfuerzos por un modelo más justo y resiliente. A pesar de Trump, Zeldin o Duplomb, los tribunales, activistas y comunidades afectadas están dando la pelea.
Tal vez el verdadero fondo del conflicto no es entre ecología y economía, sino entre visión a largo plazo y populismo cortoplacista. Porque como dijo el naturalista John Muir: “Cuando tratamos de aislar cualquier cosa por sí sola, descubrimos que está conectada con todo lo demás en el universo”.
