Rediseño electoral en California: ¿Juego político o necesidad democrática?

Mientras Estados Unidos avanza hacia las elecciones intermedias de 2026, los estados más poblados del país, California y Texas, se han visto inmersos en una batalla silenciosa, pero poderosa: la redistribución de distritos electorales para la Cámara de Representantes. Este proceso aparentemente técnico tiene implicaciones profundas, y en California, ha desencadenado una carrera contrarreloj por parte de los demócratas para programar una elección de emergencia que ni siquiera ha sido formalmente convocada.

¿Redistritaciones o rediseños estratégicos?

La redistribución distrital es el proceso mediante el cual se redefinen los límites geográficos de los distritos electorales en función del último censo de población. En teoría, se trata de una medida democrática para garantizar una representación proporcional. En la práctica, se ha convertido en un instrumento de poder utilizado por los partidos políticos para reforzar su posición en distintas regiones del país.

En 2021, tras el censo más reciente, ambos partidos comenzaron a preparar el terreno. Sin embargo, lo que distingue a California es que su proceso es dirigido por una comisión independiente, a diferencia de Texas, donde la legislatura controlada por los republicanos maneja el dibujo de los mapas. Ahora, impulsados por rumores de que Texas redibujará su mapa para obtener hasta cinco escaños más, los demócratas californianos quieren responder con una maniobra similar.

La urgencia tiene nombre: control del Congreso

Durante una entrevista en CNBC, el expresidente Donald Trump afirmó: “Estamos en derecho de recuperar cinco escaños en Texas. Ellos lo hicieron con nosotros en California”. Su declaración refleja con crudeza la intención partidaria detrás de estos movimientos, y encendió aún más la mecha para que los demócratas en Sacramento comiencen a mover sus piezas.

Los rumores apuntan a que los nuevos mapas demócratas podrían recortar hasta cinco escaños controlados por republicanos en California, lo que dejaría a estos últimos con apenas cuatro curules en una delegación de 52. Este rediseño podría reforzar e incluso blindar las posiciones de los demócratas en distritos donde hoy la contienda es reñida.

Un reloj que corre sin autorización oficial

El problema, sin embargo, radica en la falta de convocatoria formal para una elección. Organizar unos comicios a nivel estatal implica una logística abrumadora: impresión y distribución de boletas en múltiples idiomas, reclutamiento de personal, provisión de centros de votación y más. Todo esto en un estado con más de 23 millones de votantes y 58 condados.

El Secretario de Estado de California, Shirley Weber, organizó una reunión urgente con autoridades locales. A pesar de que la elección no ha sido oficialmente convocada, los condados ya tienen instrucciones de comenzar a prepararse como si fuera un hecho. Este movimiento revela lo que muchos han calificado como una presión política injusta hacia los gobiernos locales.

Un costo a pagar... ¿por quién?

La incertidumbre se extiende al ámbito financiero. Aún no está claro si el gobierno estatal cubrirá los costos de una elección que puede llevarse a cabo en noviembre. Para ponerlo en perspectiva, la última elección especial en 2021, organizada para el fallido intento republicano de destituir al gobernador Gavin Newsom, costó más de $200 millones de dólares. Muchos condados, aún recuperándose económica y operativamente de la pandemia, se encuentran simplemente sin los fondos para afrontar esta exigencia.

Bob Page, jefe electoral del condado de Orange, señaló: “Tenemos una gran presión de tiempo. No podemos darnos el lujo de perder agosto esperando a que el gobernador y la Legislatura tomen decisiones”. Page también advirtió sobre las consecuencias legales de no cumplir plazos federales, como enviar papeletas a votantes militares o en el extranjero para el 20 de septiembre.

El rol de Newsom: ¿acción reactiva o liderazgo estratégico?

El gobernador Newsom se ha mantenido cauto, diciendo que solo avanzará en la convocatoria si Texas efectivamente redibuja sus distritos. Esta postura lo coloca en un terreno delicado: si no actúa y Texas lo hace, su partido podría perder el equilibrio de poder en la Cámara. Si llama a elecciones de emergencia sin causa firme, puede ser acusado de abuso partidista y de derrochar recursos públicos.

El liderazgo legislativo demócrata, alineado con Newsom, podría verse forzado a suspender la regla que exige al gobernador anunciar una elección estatal al menos 148 días antes de la misma. Este plazo se venció el 9 de junio. Por tanto, aún si se decide realizar la elección para el 4 de noviembre, habría que aprobar medidas extraordinarias para obviar las leyes actuales.

Un juego nacional: el mapa electoral como tablero de ajedrez

Esta batalla va mucho más allá de California y Texas. En el telón de fondo, otros estados como Florida, Nueva York e Indiana también están considerando embarcarse en procesos similares, lo que podría desencadenar una verdadera guerra de mapas. Las elecciones intermedias tradicionalmente perjudican al partido que ocupa la Casa Blanca, por lo que ambos bloques se están preparando para maximizar su representación de cara al 2026.

La intervención judicial no se ha hecho esperar. El Departamento de Justicia podría intervenir si los derechos de los votantes, especialmente aquellos en el extranjero o pertenecientes a minorías, se ven afectados. Además, toda la maquinaria electoral estatal y local podría estar sujeta a múltiples demandas por parte de ciudadanos o partidos afectados por los cambios de distritos.

Lecciones de historia: redistribución vs gerrymandering

Lo que ocurre hoy recuerda al viejo y criticado concepto del gerrymandering, un término que se originó en 1812, cuando el gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, firmó un proyecto de ley para redibujar distritos electorales en su beneficio. Desde entonces, esta práctica ha sido vista como una amenaza perenne al principio de una democracia justa y representativa. ¿Estamos simplemente reviviendo el gerrymandering en su forma más moderna?

Y si no hay elección, ¿qué sigue?

Una posibilidad muy real es que no se realice ninguna elección este año. En ese caso, el costo político podría ser elevado para Newsom y el Partido Demócrata. El electorado podría interpretar este proceso como una estrategia partidista mal calculada. También podría frustrar a los votantes que esperan claridad en un ciclo electoral que ya se perfila como uno de los más complejos en la historia moderna.

Dean Logan, encargado de las elecciones en el condado de Los Ángeles, lo resumió mejor que nadie: “Sin financiación estatal anticipada y un calendario claramente establecido, los condados enfrentarán desafíos difíciles. Garantizar que los votantes sean atendidos con precisión, seguridad y equidad debe seguir siendo la prioridad. Y eso requiere tiempo y preparación”.

¿Democracia en jaque?

La urgencia política no debería poner en riesgo las bases de una elección transparente ni presionar a los funcionarios locales más allá de su capacidad. Sin embargo, la obsesión por el control congresual ha sobrepasado el sentido común en muchos frentes. Tal vez esta coyuntura sea una oportunidad para revisar, estandarizar y proteger el proceso de redistribución distrital a través de un marco más federalizado que minimice intereses partidistas y maximice la representatividad.

En una democracia moderna, no deberían existir elecciones fantasmas que se preparan sin convocarse, ni mapas que se redibujan en función de estrategias coyunturales. Y aún así, eso es exactamente lo que está ocurriendo en el corazón político de los Estados Unidos.