Uso excesivo de la fuerza y discriminación: el lado oscuro de la autoridad en EE. UU.

Dos historias paralelas, con ecos tan similares que asustan, vienen sacudiendo el esquema de lo que debería ser justicia en Estados Unidos. Por un lado, un juez federal dictó una orden que prohíbe las detenciones migratorias basadas únicamente en el idioma hablado o el lugar de trabajo, a raíz de evidencias de discriminación sistemática en Los Ángeles. Por otro, un exoficial del sheriff del condado de Camden en Georgia fue acusado de múltiples cargos por uso excesivo de la fuerza en arrestos donde hubo manipulación de reportes y violencia no justificada.

Ambos casos representan más que momentos aislados: muestran una tendencia peligrosa que cada vez encuentra más exposición pública. ¿Cuánto poder es demasiado en manos de los agentes del orden? ¿En qué momento la seguridad se convierte en opresión? Vamos a analizar estos casos para dar contexto y entender la profundidad del problema.

La patrulla migratoria como campo de discriminación

En el área de Los Ángeles, considerada una “prioridad máxima de aplicación” para el gobierno de Donald Trump, la práctica de detener personas por razones como hablar español, trabajar en una construcción o simplemente tener “apariencia latina”, llegó a extremos que motivaron una demanda en 2022 con acusaciones graves: patrullajes itinerantes al margen de la ley y violaciones constitucionales en cadena.

La jueza federal Maame E. Frimpong, nominada por el presidente Joe Biden, dictó una orden de restricción temporal que prohíbe detener individuos basándose únicamente en características como idioma, lugar de trabajo o etnia aparente. Esta decisión generó una reacción inmediata de la administración Trump: una apelación urgente a la Corte Suprema, alegando que la orden “limita de forma severa y errónea” las capacidades legales de los agentes federales.

“No se puede asumir que hablar español o trabajar en construcción es suficiente para sospechar que alguien es inmigrante ilegal... pero en muchos casos esos factores pueden aumentar la probabilidad”, argumentó el entonces procurador D. John Sauer.

Pero el fallo de Frimpong se basó en evidencias contundentes. Entre los casos documentados, se encuentra el de Brian Gavidia, ciudadano estadounidense detenido injustificadamente y liberado solo después de mostrar su identificación. Detenciones como esta distorsionan el concepto básico de presunción de inocencia y apuntan a un sistema donde la discriminación suplanta la investigación.

Un halo de impunidad en Georgia: el caso de Buck William Aldridge

Buck William Aldridge, ex sargento de la Oficina del Sheriff del condado de Camden, fue acusado de 13 cargos federales por uso excesivo de la fuerza entre 2021 y 2023. Entre las acusaciones: uso repetido e injustificado de pistolas Taser, golpes en la cabeza y falsificación de reportes oficiales que intentaban encubrir las agresiones.

Lo más perturbador es el patrón documentado de abuso. Aldridge ya había sido despedido en 2017 de otro cuerpo policial tras lanzar a una mujer al suelo y esposarla durante una parada vial. A pesar de esto, fue contratado por el sheriff Jim Proctor, quien ignoró su historial disciplinario, sumándose a un patrón de contrataciones negligentes en el condado.

El caso de Leonard Cure, un hombre afroamericano de 53 años, asesinado por Aldridge en octubre de 2023, no fue incluido en la acusación federal, aunque el fiscal del distrito local se negó a procesarlo por considerarlo “uso justificado de fuerza letal.” La familia Cure ha presentado una demanda civil por $16 millones.

Una cultura de violencia tolerada

Según Mapping Police Violence, en 2023 más de 1,200 personas murieron a manos de la policía en EE. UU., cifra récord en la última década. De ellos, afroamericanos y latinos representaron una proporción desproporcionada. La cultura de la impunidad no es narrativa: está respaldada por estadísticas, testimonios y víctimas con nombre y rostro.

En Camden, la historia de Aldridge no es una excepción. Otros oficiales han sido acusados y despedidos por actos similares. La propia Oficina del Sheriff, hoy bajo liderazgo diferente, ha declarado su compromiso con la transparencia. No obstante, si se requiere una acusación federal para frenar a un oficial con historial violento, ¿cuánto hace falta para reparar la confianza pública?

Justicia selectiva: ¿igual para todos?

Ambos casos reflejan cómo el sistema legal puede operar con intensidades diferentes. En Los Ángeles, ciudadanos y migrantes tuvieron que presentar una demanda colectiva y enfrentar apelaciones del gobierno federal para proteger un derecho tan básico como no ser detenido por hablar español. En Georgia, la violencia de Aldridge quedó sin penalización estatal pese a décadas de advertencias.

La diferencia de enfoque entre cortes federales (como en el caso de Frimpong) y cortes locales (como en Georgia) evidencia una fragmentación preocupante en la administración de justicia. Mientras unas luchan contra la discriminación, otras fallan en identificar peligros provenientes de sus propias filas.

Voces que exigen responsabilidad

La comunidad se ha pronunciado con fuerza. El presidente de la NAACP en Camden, Timothy Bessent, expresó su frustración ante la exclusión del caso Cure del paquete de acusaciones, pero celebró que “finalmente haya justicia para quienes fueron privados de sus derechos civiles por Aldridge”.

Mientras tanto, en Los Ángeles, los activistas migratorios insisten en que la orden judicial es solo un paso. Exigen una reforma más amplia que incluya desmilitarización de los controles migratorios y una supervisión independiente para evitar abusos.

Ahora que la Corte Suprema deberá responder al pedido urgente de la administración Trump, lo que está en juego no es solo si agentes pueden detener personas basadas en estereotipos. Es si el sistema acepta que la sospecha no puede estar fundada en el idioma o el color de piel, principios arraigados en la constitución estadounidense.

¿Cuándo se vuelve irreversible la erosión de derechos?

Ambos casos –el de Aldridge y los controles migratorios de Frimpong– no son hechos independientes, sino síntomas de un modelo de autoridad sin frenos adecuados. El punto común no es solo el uso excesivo de poder, sino la debilidad sistémica para controlarlo. Un sistema que tolera disparos a personas inocentes y detenciones por hablar español está condenado a perder la legitimidad social.

Y como ciudadanos –sean migrantes legales, indocumentados o nacidos en el país– el riesgo no diferencia estatus si el criterio de detención es cómo luces o dónde trabajas. La frontera entre proteger y perseguir está más desdibujada que nunca.