Fraude, leche cruda y corrupción: tres escándalos que exponen los riesgos en salud pública y gobernanza en EE.UU.

Fraude médico a gran escala: el caso Autumn Bardisa

En Palm Coast, Florida, un caso de fraude médico ha sacudido la confianza en el sistema de salud. Autumn Marie Bardisa, de 29 años, fue arrestada por ejercer como enfermera sin licencia y haber atendido a más de 4.400 pacientes entre junio de 2024 y enero de 2025 en el hospital AdventHealth Palm Coast Parkway.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Flagler, Bardisa utilizó el número de licencia de otro trabajador de la salud y presentó documentación falsificada para ser contratada como técnica avanzada de enfermería. Las autoridades confirmaron que fue arrestada frente a su domicilio y enfrenta múltiples cargos por ejercer sin licencia, con una fianza fijada de $70,000. Su audiencia de lectura de cargos se ha programado para el 2 de septiembre.

“Este es uno de los casos más perturbadores de fraude médico que hemos investigado”, declaró el Sheriff Rick Staly. “Esta mujer potencialmente puso en riesgo miles de vidas, violando la confianza de pacientes, familias y todo un sistema médico.”

Una línea directa de correo fue habilitada para posibles víctimas: [email protected].

¿Cómo nadie notó el engaño?

Casos como el de Bardisa revelan fallas estructurales en los sistemas de contratación y verificación de credenciales médicas. En un hospital, donde la certificación de habilidades puede literalmente salvar vidas, resulta alarmante que una persona sin habilitación haya logrado integrar un equipo intensivista y realizar labores durante meses sin ser descubierta. ¿No existen protocolos internos más sólidos para verificar identificaciones médicas? Este caso expone una debilidad grave.

Leche cruda: el brote silencioso que enfermó a 21 personas

A tan solo 64 kilómetros de Orlando, en el condado de Volusia, otro problema de salud pública emergió: el consumo de leche cruda. El Departamento de Salud de Florida confirmó que la granja Keely Farms Dairy es la fuente de un brote de E. coli y Campylobacter que ya ha enfermado a 21 personas desde enero de 2024.

Entre los afectados, se encuentran seis niños menores de 10 años, y al menos siete personas han sido hospitalizadas. Dos casos derivaron en complicaciones severas. Las autoridades sanitarias trabajan actualmente con la granja para mejorar su prácticas sanitarias y prevenir nuevos casos, aunque hasta el momento la granja ha evitado responder preguntas públicas.

La trampa legal de la leche cruda en Florida

Según la ley estatal, está prohibida la venta de leche cruda para el consumo humano. Sin embargo, los productores se aprovechan de un vacío legal: comercializan sus productos como “alimento para mascotas”. En el sitio web de Keely Farms Dairy incluso aparece el siguiente descargo de responsabilidad:

“Como la ley federal prohíbe la venta de leche cruda para consumo humano, por favor NO discuta ese uso con nosotros, ya que pondría en peligro nuestra capacidad de venderle leche cruda. Como exige la legislación de Florida, nuestro producto está etiquetado y se vende como alimento para animales”.

A pesar de las repetidas advertencias de la FDA y los CDC, que catalogan la leche cruda como uno de los alimentos más arriesgados de consumir, su popularidad continúa creciendo, impulsada por movimientos que rechazan la pasteurización por razones ideológicas o “naturistas”.

Vale la pena recordar que, en comparación con la leche pasteurizada, los productos lácteos crudos tienen una probabilidad 150 veces mayor de causar enfermedades y complicaciones graves.

Implica a niños y adultos: el peligro ya es una realidad

• 21 infectados en lo que va del año
• 6 niños menores de 10 contagiados
• 7 hospitalizaciones confirmadas
• 2 pacientes con complicaciones graves

Y es apenas abril. Los expertos temen que, de mantenerse el consumo de estos productos sin legislación clara ni etiquetado riguroso, los afecciones se intensifiquen en los próximos meses.

Cuando el sheriff rompe la ley: Steven Tompkins y el escándalo del cannabis

Por si fuera poco, un tercer escándalo proveniente del lado opuesto del país terminó de dibujar una semana negra para la ética institucional. El sheriff de Suffolk County, Massachusetts, Steven Tompkins, fue arrestado en Florida por dos cargos de extorsión relacionados con una empresa de cannabis.

Tompkins, de 67 años, lideraba un cuerpo de unos 1,000 empleados, pero habría utilizado su influencia para presionar a una compañía de cannabis con sede en Boston. Según documentos judiciales, intentó obtener acciones bursátiles cuando la compañía se preparaba para realizar una oferta pública inicial. A cambio, insinuó que seguiría colaborando en un programa que facilitaba empleo a exconvictos a través de esa empresa. Esta maniobra puso en jaque la reputación de la empresa, su relación con el estado y el futuro de cientos de empleos.

En noviembre de 2020, transfirió desde su cuenta de jubilación unos $50,000 hacia la empresa y, al desplomarse el valor de las acciones un año después, exigió un reembolso íntegro, el cual recibió mediante cinco cheques registrados como “reembolso de préstamo”.

No es su primer atropello ético

Ya en 2023, Tompkins había sido multado con $12,300 por vulnerar las leyes de conflicto de interés al crear un puesto para su sobrina dentro del mismo cuerpo policial, y por pedir favores personales a subordinados. Ahora, se enfrenta a una posible sentencia de hasta 20 años por cada cargo de extorsión, sumado a multas de $250,000.

La fiscal federal Leah Foley comentó con dureza: “Los funcionarios electos, especialmente aquellos en la aplicación de la ley, deben comportarse con ética, honestidad y legalidad — no para servirse a sí mismos”.

Factores comunes: debilidad regulatoria y crisis ética

Estos tres casos tienen más en común de lo que parece. A pesar de que se desarrollaron en lugares y sectores diferentes (un hospital en Florida, una granja lechera y un sheriff en Massachusetts), todos reflejan una alarmante fragilidad del sistema institucional en Estados Unidos, tanto en el control sanitario como en la vigilancia ética de funcionarios públicos.

• Falta de fiscalización efectiva: ¿Cómo pudo una falsa enfermera ser contratada sin una revisión completa? ¿Y cómo puede comercializarse un producto ilegal simplemente etiquetándolo como “para animales”?
• Vulnerabilidad ante el poder: Tompkins usó su influencia para favorecerse en un mercado que busca legitimidad. Sin controles externos fuertes, el poder se convierte en licencia para corromper.
• Costos humanos reales: No se trata solo de asuntos legales o administrativos. Se han enfermado niños, se han puesto en riesgo miles de vidas y se ha corrompido la confianza ciudadana.

¿Estados Unidos necesita una revisión urgente de ética y salubridad?

Casos como los de Bardisa, Keely Farms y Tompkins no son hechos aislados. Son síntomas de un ecosistema donde el control fallido, el oportunismo legal y la superficialidad institucional se combinan para poner en juego la vida de las personas y la credibilidad de sus líderes.

Como ciudadanos, es fundamental no solo exigir justicia, sino también transitar hacia una cultura donde las certificaciones se verifiquen, los productos se regulen y los funcionarios rindan verdaderas cuentas. Porque hoy fue Florida y Massachusetts, pero mañana puede ser cualquier otro estado.