Justicia incompleta: el caso de Clifton Dilley y las grietas del sistema policial en EE.UU.

Clifton “Scotty” Dilley tenía solo 19 años cuando el curso de su vida cambió para siempre en la madrugada del 10 de julio de 2018. En una parada de tráfico en Baton Rouge, fue baleado por la espalda por la patrullera estatal Kasha Domingue, quedando parcialmente paralizado de la cintura hacia abajo. Cinco años después, este hecho ha provocado una sacudida profunda en el sistema judicial y policial de Luisiana, y representa una verdad incómoda sobre el uso excesivo de la fuerza, la negligencia institucional y la impunidad que sigue imperando en gran parte de las fuerzas del orden estadounidenses.

Una mentira letal: "Fue el Taser"

La oficial Kasha Domingue, quien participaba en una detención de vehículo, disparó a Dilley por la espalda mientras este huía desarmado. Poco después del disparo, Dilley —aún consciente— preguntó qué ocurría con sus piernas. "Es el efecto del Taser, se va a pasar pronto", le respondió Domingue. La realidad era muy distinta: una bala había penetrado su columna.

La patrullera reportó el incidente como un uso de Taser, pero la investigación, apoyada por imágenes de video de una tienda cercana, desmintió esa versión. En vez de cargar contra la oficial de inmediato, el sistema pareció protegerla: la investigación interna fue pospuesta por más de dos años hasta que concluyeran los procesos penales. En ese lapso, Domingue siguió siendo parte activa de la fuerza.

Tácticas de encubrimiento y contradicciones

Las versiones de Domingue fueron cambiando con el tiempo. Primero afirmó haber confundido su arma de fuego con el Taser. Luego dijo que disparó por accidente. Más adelante, justificó el disparo asegurando que temía por su vida. Pero el video muestra algo contundente: Dilley estaba corriendo y no representaba una amenaza inmediata.

El informe del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), publicado en 2024, señaló el patrón reiterativo de uso excesivo de la fuerza y cobertura de errores en la Policía Estatal de Luisiana. También mencionó cómo estos casos suelen encajar dentro de políticas que priorizan la defensa institucional por sobre la búsqueda de justicia ciudadana.

Un acuerdo millonario, pero sin justicia plena

El estado de Luisiana acordó pagar $9 millones de dólares a Dilley, convirtiéndose en uno de los acuerdos más grandes de su tipo en la historia del estado. Sin embargo, el acuerdo financiero no equivale a una condena penal ejemplar.

La oficial Domingue fue acusada por uso agravado de la fuerza e utilización ilegal de un arma, pero en 2022 aceptó un acuerdo de culpabilidad reducido por obstrucción a la justicia, un delito menor que le permitió evitar la prisión, con la única condición de no trabajar nunca más como oficial. Su historial limpio fue restaurado poco después, tras la expurgación de su condena. Sin cárcel. Sin justicia real.

Problemas desde la formación: señales ignoradas

Los antecedentes de Domingue como cadete de la academia ya presentaban signos de alarma. Documentos internos revelan que tuvo problemas físicos y mentales durante su preparación, reprobó evaluaciones, tuvo bajo rendimiento en la línea de tiro y aun así fue autorizada a graduarse y operar en funciones armadas.

Los instructores expresaron dudas sobre su aptitud desde el principio, calificándola como una aspirante que “luchó desde el comienzo de la clase, tanto física como mentalmente”. A pesar de estas advertencias, la academia la dejó avanzar con entrenamiento suplementario en vez de expulsarla. Luego ocurrió lo que era predecible: una tragedia que pudo evitarse.

¿Un caso aislado o un patrón sistémico?

Dilley no está solo en vivir una experiencia de violencia estatal inmerecida. El acuerdo recuerda el caso de Alton Sterling, otro ciudadano afroamericano asesinado por la policía en Baton Rouge en 2016. El video de su muerte desató protestas a nivel nacional. En 2021, la ciudad acordó pagar $4.5 millones a los hijos de Sterling, y los oficiales implicados tampoco fueron enjuiciados por asesinato.

En el caso de Dilley, la única diferencia es la supervivencia, aunque a un costo devastador: Dilley está confinado de por vida a una silla de ruedas por un disparo que nunca debió ocurrir.

El costo humano detrás de las estadísticas

Estados Unidos, en 2023, tuvo más de 1,200 muertes a manos de la policía, según la organización Mapping Police Violence. Luisiana tiene una de las tasas más altas de mortalidad per cápita por fuerza policial desde 2013.

Lo más alarmante es que menos del 2% de esos casos terminan con condenas penales para los oficiales involucrados. Muchos de los que enfrentan cargos, como Domingue, terminan con reducciones significativas o acuerdos que minimizan la responsabilidad penal.

El problema de la rendición de cuentas institucional

El informe del DOJ también criticó el protocolo que suspendía las investigaciones internas mientras existieran diligencias penales. En la práctica, esto significó que Domingue permaneciera en funciones por más de dos años después del incidente, sin enfrentar consecuencias internas inmediatas.

“Este tipo de demoras generan un obstáculo significativo para la rendición de cuentas y erosionan la confianza pública en las instituciones de seguridad,” cita el informe del DOJ.

El gobernador Jeff Landry negó enérgicamente los hallazgos del departamento, calificándolos como “un intento de desprestigiar la grandeza del cuerpo policial estatal.” Mientras tanto, los ciudadanos siguen experimentando los efectos de un sistema que los traiciona.

La voz de Dilley: "Esto me cambió para siempre"

En su declaración ante el tribunal, Dilley fue conciso y conmovedor: “Lo que pasó esa noche me cambió la vida para siempre”. Expresó su esperanza de que su caso impulse una transformación en la cultura interna de la policía estatal. “Si esa cámara no hubiese estado allí, no sé cómo habría terminado esto”, declaró.

Hoy, desde su silla de ruedas, Dilley no busca venganza sino reformas tangibles. Desea evitar que lo que le ocurrió a él vuelva a sucederle a otro ciudadano, especialmente uno del mismo perfil socioeconómico y racial.

¿Puede haber un cambio real?

El caso Dilley resalta la urgencia de reformar los requisitos de formación policial, implementar supervisión externa independiente y establecer protocolos inamovibles para la activación de cámaras corporales. Es imprescindible garantizar que ningún reporte falsificado pueda ser aceptado sin verificación objetiva.

Aunque los acuerdos económicos pueden mitigar los daños paralelos del trauma físico, quedan preguntas abiertas: ¿quién garantiza que no habrá otra Domingue? ¿Qué estructura falló al no detectar los riesgos antes de que ella portara un arma?

Más allá del dinero entregado, Dilley representa a una generación marcada por las secuelas de excesos policiales irreparables. Su testimonio es una advertencia constante de que la justicia parcial no es justicia.