La ejecución de Byron Black: ¿justicia o tortura? Un caso que reaviva el debate sobre la pena de muerte y los derechos humanos en EE.UU.

El caso que conmocionó Tennessee

Byron Black fue ejecutado el 5 de agosto de 2025 en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, Tennessee. Tenía 69 años, y su ejecución, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en un símbolo de las múltiples fallas del sistema de pena de muerte en Estados Unidos.

Acusado y condenado por el asesinato en 1988 de Angela Clay, su pareja, y sus dos hijas, Latoya y Lakeisha Clay, de 9 y 6 años respectivamente, Byron Black fue sentenciado a muerte. El crimen, terrible y marcado por un contexto de celos y violencia previa (Black ya había disparado al exesposo de Angela), selló su destino. Sin embargo, la forma en que llegó su final ha reabierto un debate más amplio que involucra ética, derechos humanos, procedimiento clínico y transparencia judicial.

Un ejecutado que dijo: "Está doliendo mucho"

En los minutos finales de su vida, Byron Black expresó su dolor de una forma que ningún testimonio oficial podía ignorar. Mientras yacía en la camilla, atado con correas y cubierto hasta la cintura, pronunció ante testigos: “Oh, está doliendo tanto...”. Levantó la cabeza varias veces, suspiró, gimió y exhaló profundamente mientras la droga pentobarbital era inyectada en su torrente sanguíneo.

Según el testimonio de los siete periodistas presentes, al menos hasta el momento en que se les permitió ingresar al recinto, Black parecía sufrir dolor visible. Una actitud que choca con las garantías ofrecidas por los expertos del estado de Tennessee, quienes habían asegurado que la ejecución sería rápida, indolora y sin complicaciones.

La incertidumbre del desfibrilador

Uno de los elementos más polémicos del caso fue el implante de un desfibrilador cardioversor (ICD) que Byron Black tenía desde hace años. La defensa argumentó que no desactivarlo podría ocasionar molestias físicas o incluso choques eléctricos innecesarios durante la ejecución, al interpretar que su ritmo cardiaco se alteraba. Un juez de distrito ordenó que este dispositivo fuera desactivado, pero el Tribunal Supremo de Tennessee anuló esa decisión a última hora.

Luego de la ejecución, Kelley Henry, abogada de la defensa pública federal, anunció que un análisis inicial del desfibrilador no muestra que se haya producido descarga alguna. Sin embargo, tanto ella como su equipo aseguran que eso no descarta la posibilidad de que Black haya sufrido por otras causas ajenas al sistema del desfibrilador, como una mala administración del pentobarbital o un acceso intravenoso deficiente.

Un cóctel médico dudoso: el pentobarbital

Tennessee, como otros estados de EE.UU., emplea el pentobarbital como agente único para las ejecuciones. Supuestamente, esta droga, derivada de los barbitúricos, debe inducir rápidamente el sueño, colapsar el sistema nervioso y provocar la muerte sin dolor. Sin embargo, múltiples organizaciones, como Amnistía Internacional y el Death Penalty Information Center (DPIC), cuestionan su eficacia.

El DPIC ha reportado que, entre 2010 y 2020, más del 7% de las ejecuciones por inyección letal en EE.UU. presentaron complicaciones visibles, desde convulsiones hasta signos claros de sufrimiento en el reo. El caso de Byron Black entra directamente en esta estadística.

“Lo que vimos claramente esa mañana indica que el pentobarbital no funcionó como prometieron los expertos del estado”, señaló Henry. La defensa también apunta a que hubo dificultades para acceder a las venas de Black, especialmente en el brazo izquierdo, lo cual habría complicado el procedimiento aún más.

El perfil médico de Black: ¿era apto para ser ejecutado?

Black sufría de múltiples enfermedades: deterioro cognitivo asociado a demencia, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas y daño cerebral. Tenía 69 años y se encontraba en una silla de ruedas. Con este historial clínico, no es descabellado preguntarse si cumplía con los criterios mínimos para estar sujeto a pena de muerte bajo estándares internacionales.

Organismos como Naciones Unidas y Convención contra la Tortura han estipulado que a personas con enfermedades neurodegenerativas y deterioro mental severo no deberían ser ejecutadas. El Comité Internacional de Derechos Humanos (CIDH) también ha llamado en repetidas ocasiones a la moratoria de la pena de muerte en personas vulnerables o con salud gravemente comprometida.

¿Hasta qué punto una ejecución puede considerarse humana?

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado previamente en Ford vs. Wainwright (1986) que ejecutar a personas con enfermedades mentales graves viola la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Sin embargo, muchas cortes estatales, como la de Tennessee en este caso, pueden interpretar de forma diferente la severidad de una enfermedad o la competencia mental de una persona condenada.

El hecho de que Byron Black pudiera suspender temporalmente su ejecución por la vía de un juez, sólo para que el Supremo estatal revocara esa decisión a escasas horas de morir, da pie a señalar contradicciones en el manejo judicial de estos casos y el uso de jurisprudencia ambigua al respecto.

El silencio del Estado y la lucha por la transparencia

Hasta la fecha, las autoridades penitenciarias y judiciales de Tennessee han guardado silencio sobre muchas de las interrogantes abiertas en este caso. La defensa legal ha informado que planea presentar solicitudes de acceso a registros públicos, incluyendo lecturas de electrocardiogramas del momento de la ejecución, protocolos administrativos y registros médicos de Black.

“Aún nos faltan muchas piezas del rompecabezas,” dijo Henry. “Pero lo que sabemos hoy es que Byron Black sufrió durante su muerte, y eso no es justicia. Eso es tortura.”

La autopsia oficial tardará entre 8 y 12 semanas. Hasta entonces, los argumentos de ambas partes se basan en observaciones médicas externas, análisis del desfibrilador y el testimonio de los presentes. Lo que sí es seguro es que la supuesta eficiencia y humanidad del método usado vuelve a estar bajo el reflector.

¿Hacia un nuevo enfoque legal?

A raíz de este caso, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han intensificado su campaña hacia la abolición total de la pena de muerte en Tennessee. Actualmente, solo 27 estados en EE.UU. aún permiten esta práctica, y las cifras siguen cayendo.

• En 2021, solo hubo 11 ejecuciones registradas en todo el país, contrastando con las 98 del año 1999.
• Desde 1976, cuando se restableció la pena de muerte en EE.UU., más de 1,500 personas han sido ejecutadas, y al menos 190 personas han sido exoneradas tras pasar años en el corredor de la muerte.

Es evidente que la sociedad estadounidense, aunque dividida, se mueve cada vez más hacia una postura crítica, cuestionando la utilidad, ética y eficacia de la pena de muerte como elemento de justicia penal.

Una última voz desde la camilla

"Lo siento mucho. Solo escucha mi voz,” le dijo su consejero espiritual mientras Byron Black agonizaba, buscando su último aliento entre el dolor y la resignación. Sus últimas palabras fueron: “No, señor”, en respuesta a si tenía algo que decir antes de morir.

Fría y precisa, la justicia cobró su precio. Pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿Fue justicia o castigo cruel disfrazado de ley?