¿Libertad de expresión o apología del terrorismo? El polémico caso de Palestine Action en Reino Unido

Por Redacción

La capital británica ha sido el epicentro de un nuevo conflicto entre el derecho a la protesta y la seguridad nacional. La reciente ilegalización del grupo Palestine Action por parte del gobierno británico, seguido de la detención masiva de más de 150 manifestantes, ha encendido el debate sobre la libertad de expresión y el papel del activismo político en un sistema democrático.

¿Quiénes son Palestine Action?

Palestine Action surgió en 2020 como una red de activistas que han centrado sus esfuerzos en denunciar y sabotear instalaciones de empresas vinculadas con el ejército israelí. Sus acciones más llamativas incluyen ataques a propiedades de Elbit Systems, el mayor fabricante privado de armamento de Israel, y otros contratistas del sector defensa.

Desde su creación, el grupo ha buscado generar presión directa contra lo que considera como cómplices de crímenes de guerra en Gaza y otros territorios palestinos ocupados. Han usado métodos como el vandalismo, ocupación de techos, bloqueo de operaciones comerciales y sabotaje de maquinaria.

El ataque que lo cambió todo

El 20 de junio de 2025, varios activistas de Palestine Action irrumpieron en la base aérea de la Real Fuerza Aérea Británica en Brize Norton, Oxfordshire, una instalación clave para la logística militar británica. Allí dañaron dos aviones cisterna del tipo Voyager utilizados para suministrar combustible en el aire a otras aeronaves.

Los activistas pintaron los motores con pintura roja y rompieron parte de la infraestructura con herramientas metálicas. Este acto fue el punto de quiebre para las autoridades británicas.

Prohibición y criminalización

Días después, la ministra del Interior, Yvette Cooper, anunció que Palestine Action había sido incluido en la lista de organizaciones terroristas bajo la Ley de Terrorismo de 2000. Esta proscripción implica que “mostrar apoyo” público al grupo es ahora ilegal. Es decir, llevar pancartas, símbolos o corear lemas a favor del colectivo puede ser motivo de arresto.

“Quienes usan violencia para perturbar la seguridad nacional deben ser tratados como amenazas para todos los ciudadanos”, argumentó Cooper en una rueda de prensa. Sin embargo, el movimiento provocó reacciones contundentes, tanto a favor como en contra.

¿Terrorismo o desobediencia civil?

La clave de esta discusión es cómo se define realmente el concepto de terrorismo. Para el gobierno británico, entrar forzadamente a una base militar y destruir aviones cumple los parámetros para ser clasificado como tal. Para los activistas y defensores de derechos civiles, lo ocurrido es una forma de desobediencia civil directa.

El colectivo Defend Our Juries, que brinda apoyo legal a activistas procesados, sostiene: “Separar el terrorismo de campañas de violencia contra civiles e incluir en su definición acciones que afectan intereses económicos o generan vergüenza a los poderosos, vacía de sentido a la libertad de expresión y mata la democracia”.

Las protestas recientes en Londres

Este conflicto legal se tradujo en arrestos masivos en el centro de Londres el 9 de agosto de 2025. Cerca de un millar de personas se congregaron frente al Parlamento británico portando pancartas que decían “Apoyo a Palestine Action” y “No a la criminalización de la protesta”. La respuesta policial fue rápida y contundente.

“En esta multitud, un número significativo de personas muestran carteles en apoyo a Palestine Action, lo cual es ilegal desde su proscripción”, declaró la Policía Metropolitana a través de su cuenta oficial de X.

La oposición política ha sido tímida para condenar los arrestos. Aunque el primer ministro Keir Starmer ha mostrado interés en reconocer un Estado palestino a finales de año, aún no se pronuncia claramente respecto a la prohibición del grupo activista.

La raíz geopolítica del conflicto

El trasfondo de esta controversia es el conflicto palestino-israelí, intensificado por la ofensiva israelí contra Gaza iniciada el 7 de octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamas que dejó más de 1,400 muertos en Israel. Según las cifras de la ONU (hasta abril de 2024), más de 34,000 palestinos han perdido la vida, en su mayoría civiles.

Esto ha generado una ola sin precedentes de solidaridad con Palestina, especialmente en ciudades europeas como Londres, París y Berlín. Pero también ha provocado un auge legislativo de medidas para limitar, controlar o prohibir ciertos tipos de activismo considerados “radicales”.

Comparativas internacionales

El caso británico no es aislado. En Francia y Alemania, se han aplicado leyes similares para limitar manifestaciones propalestinas. El gobierno francés ha justificado estas prohibiciones como formas de evitar altercados violentos o antisemitismo. En Alemania, incluso el uso de banderas palestinas ha sido restringido en eventos públicos.

Amnistía Internacional ha condenado estas acciones como “un patrón regresivo que criminaliza la protesta legítima bajo pretextos de seguridad”.

El dilema democrático

Este caso plantea tensiones fundamentales sobre los pilares de una democracia.

• ¿Puede un Estado prohibir todo vínculo con una organización política sin caer en censura?
• ¿Es legítimo etiquetar como terrorismo a un grupo que no ha causado muertes o amenazas directas?
• ¿Dónde está el límite entre orden público y control autoritario?

El experto en derecho constitucional Tom Bingham solía decir: “Una democracia fuerte es aquella capaz de tolerar la crítica feroz sin recurrir a la represión”.

La idea de que manifestantes sean arrestados por sostener un cartel parece contradecir los principios sobre los que se construyen las sociedades abiertas. Y si bien el vandalismo debe ser sancionado, ¿es razonable prohibir absolutamente cualquier expresión solidaria?

Un futuro incierto para el activismo en Europa

Mientras los tribunales británicos se preparan para analizar las apelaciones de los activistas detenidos, muchos observadores temen que el caso se convierta en un precedente: otro ejemplo de cómo gobiernos europeos están recurriendo a estrategias para sofocar la disidencia bajo el paraguas de la seguridad nacional.

En palabras de la organización Civil Liberties Union for Europe: “Si seguimos permitiendo que cada protesta incómoda sea clasificada como una amenaza, asistiremos al retroceso más grande de derechos ciudadanos desde la Guerra Fría”.

Mientras tanto, la tensión sigue latiendo en las calles de Londres, donde las protestas, arrestos y contra-manifestaciones han polarizado a la sociedad británica en torno a un dilema que enfrenta no solo Reino Unido, sino al corazón mismo de la democracia occidental: ¿Dónde termina la seguridad, y dónde comienza la censura?