La estrategia silenciosa de Trump para erradicar el derecho al aborto desde los tribunales

Desde la firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval hasta estrategias de campaña envueltas en retórica de moderación, Donald Trump ha jugado un juego doble respecto al aborto. Mientras declara que quiere dejar el tema en manos estatales, nomina jueces con profundas convicciones antiaborto para cargos que influirán en la legislación durante generaciones.

Jueces con agenda: más allá de la neutralidad

Desde su regreso al poder en 2025, la administración de Trump ha nominado a 17 jueces federales. De ellos, al menos ocho tienen un historial claro y documentado de defender restricciones al aborto, muchos de ellos en litigios con peso a nivel nacional.

Esto contrasta con la figura del juez imparcial que suele promoverse en audiencias de confirmación. En este caso, muchos han trabajado directamente con o para organizaciones antiaborto, han redactado demandas para restringir medicamentos abortivos como mifepristona, o han defendido prohibiciones estatales sin excepciones claras.

Algunos nombres clave

• Whitney Hermandorfer: defendió en tribunales la draconiana ley de aborto de Tennessee, argumentando que el aborto merece "un escrutinio especial" por ser "el único procedimiento médico que termina con una vida".
• Maria Lanahan: contribuyó a la demanda nacional contra la FDA y respaldó el intento de Missouri para retirar fondos públicos a Planned Parenthood.
• Jordan Pratt: calificó el aborto como una "práctica barbárica". Defendió el límite de 15 semanas en Florida y colaboró con la organización conservadora Alliance Defending Freedom.
• Joshua Divine: se autoidentificó como “fanático” del movimiento antiaborto y ha diseminado desinformación, decir que ciertos fármacos "matan de hambre al bebé en el útero".

Juntos, estos nombres reflejan un patrón: jueces con posturas públicamente adversas a la interrupción voluntaria del embarazo insertados cuidadosamente en el poder judicial.

¿Por qué es esto significativo?

Los jueces federales tienen nombramientos vitalicios. Aunque los presidentes sirven cuatro u ocho años, sus jueces influyen en la jurisprudencia durante décadas. La Corte Suprema de EE. UU., hoy dominada por una mayoría conservadora en parte gracias a los tres nombramientos de Trump durante su primer mandato, anuló el precedente de Roe vs. Wade en 2022, y la tendencia parece seguir.

Según Bernadette Meyler, profesora de derecho constitucional en Stanford:

“Las nominaciones judiciales son una manera de moldear federalmente la cuestión del aborto sin recurrir al Congreso o generar un gran revuelo mediante decretos. Es una forma encubierta de cambiar el panorama con menor costo político.”

Esto permite que el presidente diga que ha dejado el tema a los estados mientras siembra a largo plazo una red de jueces que se han opuesto activamente al aborto en los tribunales.

Panorama legal bajo ataque: medicamentos, clínicas y excepciones

Muchas de las nominaciones están vinculadas a casos cruciales en torno al acceso a medicamentos abortivos, especialmente mifepristona, utilizada en más del 50% de los abortos en EE.UU. Un informe del Guttmacher Institute señala que el 63% de los abortos en 2023 fueron con medicamento.

También se han defendido restricciones radicales como

• ecografías obligatorias,
• períodos de espera,
• consentimiento parental sin excepciones para violación o incesto,
• prohibición de cobertura en seguros,
• y exclusión de ciertas clínicas del financiamiento estatal.

Jennifer Mascott, otra de las nominadas a cortes de apelaciones, ha dicho públicamente que los asuntos del aborto "deben decidirse en los estados y mediante procesos democráticos". Esta frase clave respalda la estrategia de descentralización, pero ignora que muchos de estos estados han implementado prohibiciones sin excepciones vitales.

¿Contradicción o estrategia medida?

Trump ha mostrado una relación ambigua con el aborto: desde proponer una prohibición nacional de 20 o 15 semanas, hasta afirmar que "los estados deben decidir". Esta neutralidad aparente sirve para no alienar a votantes moderados, especialmente después de que en elecciones recientes la opinión pública se inclinara mayoritariamente a favor de mantener los derechos reproductivos.

Una encuesta de KFF Health Tracking Poll de 2024 mostró que el 67% de los encuestados quería que el aborto siguiera siendo legal en la mayoría de los casos, y el 54% creía que anular Roe v. Wade había sido una decisión equivocada.

Sin embargo, la plataforma de campaña de Trump ha centrado sus mensajes públicos en la economía y la migración, intentando minimizar la atención directamente sobre temas sociales divisivos como el aborto mientras avanza su agenda a través de los jueces que nomina.

Los movimientos antiaborto, optimistas

Grupos como SBA Pro-Life America o Students for Life ven con entusiasmo las designaciones:

“Esperamos otros cuatro años con nominados recortados del mismo molde,” dijo Katie Glenn Daniel. “Estamos viendo un compromiso concreto con nuestras prioridades.”

Mini Timmaraju, presidenta de Reproductive Freedom for All, critica esta estrategia:

“Trump ha conseguido distanciarse públicamente del tema mientras al mismo tiempo coloca a opositores del aborto radicales en todos los niveles del poder.”

Un país dividido ante un tema clave

El país se encuentra más polarizado que nunca en cuanto a derechos reproductivos. En al menos 14 estados el aborto está completamente prohibido sin excepciones claras. Algunos, como Missouri y Texas, incluso persiguen a médicos por realizar el procedimiento.

Mientras tanto, otros estados como California y Nueva York lo garantizan e incluso dan la bienvenida a mujeres de otros estados. Este mosaico legal desigual depende, entre muchas cosas, de cómo se interpretan las normas en los tribunales.

Y ahí, en los estrados judiciales, Trump ha dejado su huella más duradera. Al nominar jueces con convicciones antiaborto, moldeará las interpretaciones que definirán legislación, derechos y vidas durante los próximos 30 o 40 años.

Más allá de las elecciones o de las promesas de campaña, es en el poder judicial donde su legado realmente se escribe, y donde el futuro del derecho al aborto se juega en silencio.