Trump, la Guardia Nacional y el debate sobre el control federal de las ciudades

El discurso de Trump y sus implicaciones

Donald Trump ha vuelto a establecer una narrativa alarmista sobre la seguridad en el corazón político de los Estados Unidos: Washington D.C. Con publicaciones en redes sociales, el expresidente afirmó que la capital necesita ser "más bella y segura que nunca" y exigió que los indigentes sean desalojados "INMEDIATAMENTE". Añadió que, mientras a los sintecho se les ofrecerán lugares distantes del centro, los criminales serán enviados directamente a prisión.

Este tipo de retórica suele apelar al miedo y al orden, una estrategia que Trump ha utilizado desde su campaña presidencial en 2016. En aquella ocasión, su eslogan "Ley y orden" fue eje fundamental para atraer a los votantes preocupados por la seguridad. Sin embargo, ¿cuáles son las implicaciones reales de sus palabras y, sobre todo, de sus acciones?

Las cifras contradicen el pánico

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, contestó que no hay un incremento actual en los niveles de criminalidad que justifique las medidas drásticas sugeridas por Trump. De hecho, las estadísticas policiales revelan que los crímenes violentos en la ciudad han bajado un 26% comparado con el mismo periodo del 2023. Homicidios, robos y allanamientos también han ido a la baja en el año.

Bowser calificó como “hiperbólicas y falsas” las comparaciones que hizo Trump entre Washington y ciudades devastadas por conflictos armados. Afirmó en MSNBC: “No estamos experimentando un alza de criminalidad. Estamos viendo cómo nuestras cifras delictivas disminuyen”.

¿Militarización de lo civil?

La preocupación mayor radica en el aumento de la presencia federal encargada por Trump: más de 120 agentes y oficiales fueron desplegados en la ciudad, incluyendo miembros del FBI, el Servicio Secreto y los U.S. Marshals. Esta escalada de control ha reavivado el temor a una posible activación de la Guardia Nacional.

Aunque la alcaldía no tiene potestad para movilizar directamente a la Guardia Nacional, puede hacerlo mediante solicitud al Pentágono. Sin embargo, Trump tiene autoridad directa para desplegarla, lo cual ya ha ocurrido en otras ocasiones, como en Los Ángeles, tras protestas por redadas migratorias.

Bowser expresó que esto no sería el uso más eficiente de los recursos de seguridad disponibles. En cambio, propuso llenar las 15 vacantes del Tribunal Superior de D.C. y aumentar recursos para fiscales como acciones más viables.

Precedentes históricos y constitucionales

El Acta de Gobierno Local (Home Rule Act) de 1973 estableció la limitación del control federal sobre D.C., otorgando autonomía limitada a la ciudad. Sin embargo, Trump ha insinuado un retroceso sugiriendo que los abogados están analizando revertir esa autonomía.

Las leyes federales dan margen al presidente para asumir control en situaciones graves, pero siempre deben cumplirse ciertos requisitos. Como señaló el juez federal Charles Breyer en otro caso —respecto al despliegue militar en Los Ángeles—, invocar el artículo 12406 del Título 10 del Código de EE.UU. requiere que se enfrente una invasión, rebelión o impedimento real para aplicar las leyes federales. Y según Breyer, "las protestas en Los Ángeles distan mucho de una rebelión".

Los peligros de politizar la seguridad pública

El uso de las fuerzas armadas para tareas de orden público no es nuevo, pero su legalidad y constitucionalidad ha sido reiteradamente limitada. El Posse Comitatus Act de 1878 impide al presidente utilizar las fuerzas militares como policía doméstica salvo en casos específicos. Su propósito es proteger al pueblo estadounidense de abusos del Estado, garantizando la separación entre lo civil y lo militar.

Utilizar la seguridad como herramienta de presión política es otro patrón preocupante en los movimientos de Trump. En ocasiones anteriores ha usado este tema como cortina de humo frente a otros frentes más espinosos, como problemas económicos o controversias legales personales.

Redistritaciones y tensiones estatales

En paralelo, otro conflicto se cuece en Texas, donde el gobierno estatal presidido por el republicano Greg Abbott busca rediseñar los distritos electorales para favorecerse políticamente. Un intento que ya ha provocado que legisladores demócratas huyan del estado para impedir la votación —privando del quórum necesario para formalizar el plan.

Este conflicto por el control político de los mapas electorales ha derivado en amenazas reciprocas entre estados. Gobernadores de Nueva York, California e Illinois —de mayoría demócrata— han anunciado que responderán con medidas similares. Se perfila así una “guerra de redistritaciones” a nivel nacional que refleja la polarización creciente del país.

¿Qué está en juego?

• Autonomía local: Las decisiones como desplegar la Guardia Nacional o rediseñar distritos pueden anular completamente la voluntad de gobiernos locales y estatales.
• Legalidad constitucional: El uso extendido del poder federal en áreas tradicionalmente locales puede chocar con la Décima Enmienda (que limita el poder del gobierno federal sobre los estados).
• Precedentes: Sentar un precedente de intervención militar innecesaria puede abrir la puerta a más abusos ante cualquier protesta o disenso político.
• Desconfianza institucional: Las tácticas autoritarias erosionan la confianza pública en las instituciones democráticas, especialmente cuando se justifican con información tergiversada.

El papel de la ciudadanía y los medios

En medio de estos acontecimientos, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados con datos verificados. Las decisiones en Washington generan un efecto dominó que se extiende a todo el país. Para algunos sectores conservadores, la intervención es necesaria. Para otros, representa un camino peligroso hacia el autoritarismo bajo la excusa de la seguridad.

La vigilancia ciudadana, el activismo legal y la cobertura crítica e independiente son contrapoderes fundamentales. No se trata solo de D.C. o Texas. Lo que está en juego es el equilibrio entre el poder federal y los derechos locales, la legitimidad de los procesos democráticos y, en última instancia, la visión de país que prevalecerá en las próximas décadas.

Reflexión final

Una ciudad como Washington D.C., con su peso simbólico y político, merece soluciones reales, no escenificaciones autoritarias. La seguridad es importante, sí, pero también lo es el respeto al estado de derecho, a la autonomía local y a los derechos humanos. Gobernar con excusas es gobernar con desconfianza. Y sobre eso, la historia de América tiene muchas advertencias.