Trump toma control de la policía en Washington, D.C.: ¿emergencia legítima o jugada política?

Un movimiento presidencial sin precedente

Donald Trump ha declarado una emergencia de seguridad pública para justificar su toma de control del Departamento de Policía de Washington, D.C., así como el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional. Con ello, se convirtió en el primer presidente en hacer uso de una disposición poco conocida del Acta de Autonomía (Home Rule Act) de 1973. La alcaldesa Muriel Bowser calificó la medida como "inquietante, pero no sin precedentes", recordando que la ciudad ha sido históricamente vulnerable a este tipo de intervenciones federales debido a su estatus político especial.

El contraste con las cifras oficiales

A pesar de las afirmaciones de Trump de que Washington está sumido en "el crimen, el derramamiento de sangre y el caos", las estadísticas de la ciudad pintan un panorama distinto. Los delitos violentos, incluidos homicidios y ataques graves, han disminuido un 25% en relación con el año anterior, mientras que los secuestros de vehículos han caído en cerca del 50% durante el mismo periodo, según datos de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPD). La criminalidad, aunque aún presente, está en su nivel más bajo en más de 30 años.

El trasfondo histórico: control federal vs. autonomía local

La decisión del expresidente no ocurre en el vacío. Se inscribe en una larga tradición de retórica conservadora que describe a las grandes ciudades, especialmente aquellas con mayoría de población afroamericana o liderazgo progresista, como focos de crimen y decadencia. Desde la “Southern Strategy” de Richard Nixon en 1968 hasta las políticas de "ley y orden" de Ronald Reagan y Rudy Giuliani, existe un patrón donde se busca justificar intervención estatal o federal en nombre de la seguridad.

Monica Hopkins, directora ejecutiva del capítulo local de la ACLU, advirtió que esta injerencia podría abrir la puerta a acciones similares en otras ciudades con mayoría de población negra o latina como Chicago, Baltimore y Oakland. "Ya vimos en 2020 cómo el control federal puede llevar a abusos de poder", afirmó, en referencia al despliegue de helicópteros militares durante protestas pacíficas en D.C.

¿Seguridad o estrategia electoral?

Los críticos del expresidente han alzado la voz para denunciar esta medida como una distracción política. Derrick Johnson, presidente de la NAACP, fue tajante: "No hay ninguna emergencia en D.C. Entonces, ¿por qué enviar la Guardia Nacional? Para desviar la atención de otros escándalos, como su supuesta implicación en el caso Epstein, quizás. Esto no es más que un golpe federal".

La estrategia ha sido calificada de oportunista por exfuncionarios federales como Ed Martin, un aliado de Trump que en abril celebraba una reducción del 25% en los crímenes violentos bajo el lema “Make D.C. Safe Again”. De hecho, incluso el propio Martin reconocía que las políticas locales estaban funcionando, antes de ser reemplazado por Jeanine Pirro como candidata para fiscal federal del distrito.

Reacciones mixtas desde la capital

Bowser, por su parte, ha intentado mantener una postura firme pero moderada. Aunque no puede revertir formalmente la decisión de Trump, ha centrado su discurso en subrayar la necesidad de convertir a D.C. en el estado número 51 de la Unión. "Mientras sigamos siendo un enclave federal, estaremos a merced de decisiones como esta", enfatizó. Su mensaje encontró eco en organizaciones comunitarias que, si bien han criticado sus políticas sobre juventud y policía, cerraron filas frente al accionar de Trump.

"No se trata de seguridad, se trata de poder", declaró Clinique Chapman, directora del D.C. Justice Lab. "Es una jugada de control político en una ciudad sin voto en el Congreso".

La historia se repite: 2020 y más allá

Muchos recuerdan el verano de 2020, cuando tras el asesinato de George Floyd, Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional e incluso utilizó gases lacrimógenos y helicópteros contra manifestantes en Lafayette Square. Hoy, la narrativa del “rescate” de una ciudad que supuestamente ha tocado fondo vuelve a hacer eco.

Lo preocupante es que, a diferencia de otros estados, el presidente tiene poder directo sobre el D.C. National Guard, sin requerir autorización del gobernador o la alcaldesa. La combinación de esta autoridad con un discurso de “orden” y “pureza urbana” ha encendido las alarmas entre defensores de derechos civiles.

¿Qué viene después?

Las implicaciones de este acto podrían extenderse más allá de la capital. En declaraciones recientes, Trump ha mencionado su intención de llevar acciones similares a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, todas lideradas actualmente por políticos afroamericanos o demócratas progresistas. La percepción de una nueva “guerra contra las ciudades” ha cobrado fuerza.

Para algunos analistas, este plan forma parte de una estrategia de campaña centrada en la cultura del miedo y el resentimiento racial. Maya Wiley, directora de la Leadership Conference on Civil Rights, argumentó: “Si el crimen no es tan alto como se dice, ¿por qué militarizar una ciudad? Porque el objetivo es político, no social.”

El frente judicial y los límites legales

El uso del Acta de Autonomía permite que el presidente asuma control del Departamento de Policía de D.C. por 48 horas, con posibilidad de extensión hasta 30 días. Si bien la acción no es ilegal, sí representa una zona gris de poder federal. Hasta ahora ningún presidente había hecho uso de esta cláusula, lo que hace de esta intervención un evento sin precedentes.

Organizaciones como la ACLU estudian llevar el caso a las cortes, buscando establecer límites al uso discrecional de esta facultad presidencial. La pregunta de fondo es: ¿Quién protege a los ciudadanos de los excesos del poder federal cuando su ciudad no es un estado?

Una D.C. dividida, pero en resistencia

Entre la población hay sentimientos encontrados. Algunos reconocen problemas de seguridad, especialmente asociados a la juventud, pero muchos no comparten la propuesta de una ocupación militar de sus barrios como vía de solución. La historia de conflictos similares —como los disturbios de Watts en 1965 o el toque de queda en Ferguson en 2014— demuestra que la represión rara vez resuelve las causas de fondo.

En medio del ruido político, sigue pendiente la discusión real sobre vivienda asequible, inclusión social, reforma policial y educación. Asuntos que, de momento, quedan a la sombra del espectáculo político.

La “liberación” a la que hace alusión Donald Trump, usando un lenguaje propio de guerras y ocupaciones, es interpretada por muchos habitantes como una invasión camuflada bajo el disfraz de la ley.

Como dijo April Goggans, activista de derechos civiles y residente desde hace décadas: "Podrías ser tú, tu abuela o tu hija la próxima persona con derechos violados. Esto no es seguridad, es opresión".

En tiempos donde los discursos extremistas ganan terreno, la capital estadounidense se convierte en campo de batalla ideológico y legal. La pregunta persiste: ¿es esta la democracia que nos prometieron?