¿Derechos humanos selectivos? La nueva narrativa de Trump y su enfoque global

Una nueva versión de los derechos humanos

La administración de Donald Trump ha publicado los informes anuales sobre derechos humanos globales con una edición que ha provocado una oleada de críticas por parte de organizaciones internacionales. Estos informes, tradicionalmente utilizados por académicos, legisladores e investigadores para evaluar condiciones en países específicos, se han transformado bajo un nuevo enfoque: menos detalle sobre abusos individuales, omisiones notables en temas de derechos LGBTQ y reproductivos, y una fuerte carga ideológica que privilegia conceptos como la libertad de expresión —especialmente en defensa de figuras políticas de derecha.

La eliminación de temas clave

Por primera vez en décadas, desaparecieron menciones explícitas a discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. Tampoco se incluyen narrativas detalladas de víctimas o testigos de abusos, un elemento esencial para documentar violaciones sistemáticas o silenciosas en regímenes autoritarios.

“Estos informes revelan un esfuerzo preocupante por parte de la administración Trump de no captar completamente el incremento alarmante de ataques a los derechos humanos en ciertos países”, denunció Amnistía Internacional en un comunicado.

Una visión selectiva: aliados y enemigos

Los informes mantienen duras críticas hacia países como China, Irán, Corea del Norte y Rusia —un patrón consistente con anteriores administraciones. Sin embargo, el matiz ideológico aparece al señalar que países aliados como Reino Unido, Francia y Alemania han “empeorado” en derechos humanos por supuestas restricciones contra la libertad de expresión, dirigidas a movimientos de derecha. Las acusaciones se formulan en lenguaje casi idéntico en cada informe:

• "Significativas restricciones a la libertad de expresión, incluyendo aplicación de leyes criminales o civiles para limitar expresiones."
• "Violencia o amenazas motivadas por antisemitismo."

Estas afirmaciones han sido refutadas por los propios gobiernos europeos, quienes consideran que su legislación busca prevenir la incitación al odio y la desinformación.

La libertad de expresión como arma ideológica

En el marco de las tensiones con Brasil, la administración Trump aprovechó los informes para criticar duramente al Supremo Tribunal brasileño por sus medidas contra el ex presidente Jair Bolsonaro —aliado cercano de Trump. Las sanciones impuestas y las recientes restricciones digitales fueron catalogadas como violaciones directas a la libertad de expresión:

“Se socavó el debate democrático al restringir el acceso a contenido en línea que fue considerado perjudicial para la democracia”, señala el informe sobre Brasil.

Este cambio de foco traslada el peso de las preocupaciones a los derechos de grupos políticos conservadores, un giro estratégico del discurso tradicional sobre derechos humanos.

¿Un nuevo estándar para determinar abusos?

El Departamento de Estado estadounidense justificó los cambios acusando a testigos de ser poco confiables o de tener incentivos para exagerar. Este cambio plantea interrogantes sobre la objetividad con la que se valoran ahora los testimonios en zonas de conflicto, especialmente en regímenes represivos donde las víctimas rara vez tienen canales seguros para reportar abusos.

Además, la limitación de reportes sobre derechos reproductivos pone en duda el compromiso del nuevo gobierno con tratados internacionales que reconocen el acceso a estos derechos como fundamentales.

Los países refugiados y sus grises humanitarios

Otra ironía dolorosa: el informe detalla graves abusos de derechos humanos —incluidos asesinatos arbitrarios, torturas y represión de prensa— en países como Esuatini, Sudán del Sur y Ruanda, los cuales han aceptado recibir migrantes deportados desde EE.UU. Esto, a pesar de que muchos de estos países tienen historiales oscuros en derechos civiles y persecución política. El informe admite que:

"Los gobiernos no tomaron medidas creíbles para sancionar a los responsables de abusos."

¿Nueva narrativa racial en África?

La inclusión de Sudáfrica como caso de “empeoramiento significativo” generó controversia. El informe pone foco en un supuesto sesgo contra la minoría blanca afrikaner tras aprobaciones legislativas de redistribución de tierras:

“Sudáfrica dio un paso preocupante hacia la expropiación de tierras de afrikaners, alimentando violaciones contra minorías raciales.”

Esta visión asegura que los blancos son víctimas de un sistema que por décadas oprimió a la mayoría negra durante el apartheid. El gobierno ha sido criticado por este enfoque selectivo en la lectura histórica y social de la región.

¿Un informe que justifica políticas migratorias?

En la transición del discurso humanitario al abordaje pragmático de la inmigración, los informes parecen también servir como justificación de acuerdos migratorios firmados con gobiernos cuyos antecedentes en derechos humanos son, al menos, cuestionables. En lugar de detener estos acuerdos, los informes destacan estos peligros sin frenar la colaboración con dichos países.

California vs. Trump: la otra cara de los derechos humanos

Mientras tanto, en territorio estadounidense, la situación interna no escapa al debate. La gestión de la crisis de personas sin vivienda —específicamente en California— ilustra las tensiones sobre la criminalización de la pobreza. Legisladores como Ash Kalra y Alex Lee impulsan leyes para prohibir que las ciudades impidan la ayuda a personas sin hogar, en respuesta a una política estatal que ha alentado los desalojos forzosos.

En San José, por ejemplo, se creó una ordenanza para arrestar repetidamente a quienes declinen ingresar en refugios disponibles —aunque sólo existe una cama por cada tres personas sin hogar. Según estadísticas locales, al menos 60% de la población sin hogar en la ciudad sigue en la calle. La producción de viviendas asequibles va muy lenta: solo se han construido 3,586 de las 62,200 unidades requeridas para 2031.

¿Reclasificación de la marihuana? Otra incógnita bajo Trump

Trump ha insinuado estar abierto a reclasificar la marihuana como una sustancia menos peligrosa. Actualmente, la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal —clasificada al mismo nivel que la heroína—, aunque 24 estados ya la han legalizado para uso recreativo y otros 40 para uso medicinal.

La administración actual podría pasarla de “Categoría I” a “Categoría III”, lo que permitiría investigar más sus propiedades medicinales y eliminaría algunas restricciones tributarias para empresas legales. Sin embargo, ni siquiera este cambio eliminaría la prohibición federal total.

La tensión interna se hace intensa: según una encuesta de Gallup, el apoyo a la legalización ha crecido de 36% en 2005 a 68% en 2023. Más de 64 millones de estadounidenses de 12 años o más usaron marihuana el año pasado —una cifra en crecimiento.

¿Un enfoque ideológico o estratégico?

Los informes de derechos humanos del gobierno Trump no son solo una evidencia política, sino también una herramienta narrativa poderosa. Ya no se trata únicamente de denunciar regímenes represivos, sino de reconfigurar qué se considera una violación grave en función del lente político. ¿O es acaso ésta una nueva forma de priorizar los derechos desde un prisma ideológico que favorece ciertas libertades (como la de expresión conservadora) frente a otras (como la identidad de género, los derechos reproductivos o la asistencia a personas sin hogar)?

La política exterior de EE.UU. está plasmada a través de estos reportes. Y si algo dejan claro es que, bajo Trump, los derechos humanos están lejos de ser un ideal universal; son, cada vez más, parte de una agenda política cuidadosamente seleccionada.