¿Quién protege a quién? Tras la muerte de Sonya Massey, Illinois impulsa una reforma policial sin precedentes

Una tragedia que desembocó en una histórica legislación

El 6 de julio de 2024, Sonya Massey, una madre afroamericana de 36 años radicada en Springfield, Illinois, llamó al 911 para reportar un presunto merodeador fuera de su casa. En vez de recibir protección, fue fatalmente herida por un agente de policía que respondió a su llamado. La reacción política y social ante ese evento ha derivado en lo que ahora es considerada una legislación pionera en Estados Unidos, impulsada por las más altas autoridades del estado de Illinois.

El gobernador JB Pritzker firmó recientemente una ley que, por primera vez, obliga a los aspirantes a puestos policiales a liberar el acceso a sus antecedentes completos de desempeño laboral, informes psicológicos, documentos previamente confidenciales, e incluso acuerdos de separación con antiguos empleadores. Todo esto como respuesta directa al asesinato de Massey, que fue un llamado de atención provocado por la impunidad y falta de transparencia que rodeó la contratación del agente Sean Grayson.

La víctima: una vida truncada por el miedo que ella misma buscó disipar

Sonya Massey no solo era madre de dos adolescentes, sino también una mujer de fe que luchaba con problemas de salud mental. Su historia es profundamente humana: ante el miedo de que alguien intentaba irrumpir en su hogar, solo hizo lo que se espera en cualquier sociedad con Estado de derecho: pedir ayuda a la policía. A Grayson, el agente que respondió, le bastó una frase espiritual —"Te reprendo en el nombre de Jesús"— y un gesto confuso al levantar una olla con agua caliente para interpetarlo como una amenaza a su vida y dispararle. El disparo impactó bajo su ojo. Massey murió en su hogar, el mismo al que llamó pidiendo auxilio.

Este hecho encendió las alarmas sobre cómo se evalúa, contrata y supervisa a los oficiales de policía en Estados Unidos, especialmente aquellos que patrullan comunidades vulnerables.

¿Quién era Sean Grayson y por qué fue contratado?

Grayson tenía solo 14 meses en su puesto como ayudante del sheriff del condado de Sangamon. Sin embargo, ya se sabía mucho de su pasado. Y no precisamente cosas positivas:

• Dos condenas por conducir bajo efectos del alcohol en menos de un año, lo que le costó su baja del Ejército.
• Cuatro trabajos policiales, casi todos a tiempo parcial, en seis años.
• Informes de antiguos colegas que lo describían como impulsivo, imprudente y jactancioso.
• Un video —revelado seis semanas después del disparo a Massey— donde desobedece la orden de detener una persecución a alta velocidad y choca con un ciervo.

Aun así, el entonces sheriff Jack Campbell lo contrató y, aunque por prevención lo envió a repetir la academia policial estatal, no impidió que Grayson portara arma ni que respondiera emergencias. Campbell tuvo que jubilarse anticipadamente tras el caso.

¿En qué consiste la nueva ley?

Hasta ahora, muchas dependencias policiales carecían de requisitos rigurosos para escarbar en el historial de los candidatos. La ley firmada por Pritzker establece que cualquier persona que desee ser agente deberá firmar una autorización que permita indagar completamente en:

• Informes de desempeño.
• Evaluaciones psicológicas y físicas.
• Documentos legales, incluso si fueron sellados por acuerdos privados.
• Sentencias civiles o penales, acuerdos de despido y cualquier historial disciplinario.

Además, si un empleador anterior se niega a entregar información, se podrá solicitar intervención judicial para acceder a esos datos.

“No se trata de castigar a los buenos agentes. Esto es sentido común y debería implementarse en todo el país”, afirmó James Wilburn, padre de Massey, durante la ceremonia de promulgación junto al gobernador.

¿Habría evitado esta ley la tragedia de Massey?

Paradójicamente, no. La mayoría de los antecedentes ahora exigidos ya eran conocidos por el Departamento del Sheriff. El problema, en muchos sentidos, fue la indiferencia al considerarlos como descalificadores. “No podemos decidir a quién contratan, pero sí asegurar que se tomen decisiones bien informadas basadas en todos los hechos disponibles”, afirmó el representante estatal Kam Buckner, uno de los patrocinadores de la ley.

Aunque sea demasiado tarde para Sonya, su nombre hoy representa una fuerza política que ya ha mostrado frutos concretos en las estructuras legales del país.

Un efecto dominó en el debate nacional sobre justicia y racismo

Este caso no se da en aislamiento. El recuerdo de George Floyd, Breonna Taylor, Elijah McClain y otros nombres resonantes de víctimas de la violencia policial racializada sigue latente. La ley en Illinois puede sentar un precedente que otros estados —donde persisten estructuras policiales opacas y resistente al escrutinio— tendrán que considerar por presión pública o por responsabilidad institucional.

“Nuestro sistema de justicia debe basarse en la confianza”, dijo Pritzker, quien dejó claro que el legado de Massey será no solo recordado, sino también institucionalizado, convirtiendo una tragedia individual en motor de cambio colectivo.

Impacto judicial: ¿qué pasará con Grayson?

El agente Grayson enfrenta cargos por asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial. Su juicio comenzará en octubre en la ciudad de Peoria, tras ser trasladado desde Springfield por la exposición mediática del caso. Mientras tanto, la familia Massey ha recibido una indemnización civil de 10 millones de dólares, pero la verdadera justicia, aseguran, llegará solo cuando otras familias no tengan que pasar por lo mismo.

¿Reforma real o solución temporal?

Hay quienes sostienen que estas leyes son apenas parches a un sistema profundamente ineficaz. Como apunta la Journal of Criminal Law, más del 40% de las carreras policiales en Estados Unidos tienen registros de “conductas de riesgo profesional”, y muchas de estas conductas no implican consecuencias duraderas. La movilidad interdepartamental permitía hasta ahora que agentes problemáticos simplemente se cambien de jurisdicción sin que nadie lo sepa.

Con esta nueva ley, Illinois comienza a cerrar esa puerta. Pero falta saber cuál será la respuesta de otros estados, de los sindicatos policiales, y de los propios departamentos ante esta nueva era de transparencia obligada.

Resonancias históricas: el peso del pasado en el presente

El senador Buckner recordó que la firma de esta ley ocurrió justo antes del 117.º aniversario del motín racial de Springfield de 1908, un evento violento contra la comunidad negra que desembocó en la fundación de la NAACP un año después. “La historia vuelve sobre sí misma si no aprendemos de ella”, dijo Buckner. “La diferencia es que esta vez, el estado actuó con justicia y visión de futuro”.

El caso de Sonya Massey no debe analizarse solo como un ejemplo más de uso excesivo de la fuerza. Es un punto de inflexión. Porque esta vez, una vida truncada logró algo extraordinario: modificar la ley para proteger otras vidas futuras. Un cambio legal, sí; pero también moral.