Colapso climático e institucional: inundaciones en Ciudad de México y motines en Guatemala

Dos realidades que colapsan

La región latinoamericana vive momentos intensos y desafiantes. Por un lado, la Ciudad de México lidia con lluvias torrenciales que han paralizado el principal aeropuerto del país. Por el otro, Guatemala enfrenta motines en dos de sus prisiones más peligrosas, protagonizados por pandillas que buscan el retorno del poder que tenían tras las rejas. Ambas situaciones reflejan puntos de quiebre de realidades distintas, pero igualmente preocupantes: la infraestructura urbana frente a fenómenos meteorológicos extremos en México y el control institucional frente a estructuras criminales organizadas en Guatemala.

Ciudad de México bajo agua: miles de pasajeros varados

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México —uno de los más transitados de América Latina— tuvo que suspender operaciones por segundo día consecutivo debido a lluvias intensas que dejaron pistas anegadas y cancelaciones masivas. De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, alrededor de 20,000 pasajeros resultaron afectados por retrasos, reprogramaciones y cancelaciones.

El epicentro fue una tormenta que llegó en cuestión de minutos, dejando más de 7 centímetros de agua acumulada en tan solo 20 minutos, un fenómeno sin precedentes que incluso superó un récord establecido en 1952, según la alcaldesa de la ciudad, Clara Brugada. Las imágenes virales muestran autos flotando y calles convertidas en ríos furiosos: el sur capitalino fue el más golpeado, generando memes y frustración.

Más que lluvia: un problema estructural

Las críticas hacia las autoridades no se hicieron esperar. Aunque la intensidad de la tormenta fue atmósfericamente extraordinaria, urbanistas y especialistas en infraestructura apuntan a una raíz más profunda: la falta de inversión sostenida en drenaje urbano. "Este tipo de lluvias se volverán más frecuentes con el cambio climático", advirtió Isabel Cortés, experta en planificación urbana de la UNAM, "y nuestras ciudades no se están adaptando a tiempo".

En México, donde se invierte un promedio de 0.5% del PIB en infraestructura urbana, la resiliencia de las ciudades está en duda. El aeropuerto capitalino, que ya sufre de saturación desde hace más de una década, demostró que no está preparado para enfrentar fenómenos extremos. Solo el año pasado, el aeropuerto reportó más de 50 horas acumuladas de cierre por eventos climáticos, un dato que apunta a una necesidad urgente de modernización.

Violencia desatada en cárceles guatemaltecas

Mientras las autoridades mexicanas combatían la lluvia y el caos logístico, Guatemala tuvo que enfrentar otro tipo de tormenta. Las peligrosas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) protagonizaron una serie de motines simultáneos en dos cárceles de la capital, como represalia por el traslado de 10 de sus líderes a sectores de aislamiento en Renovación I, una prisión de alta seguridad.

Según el ministro del Interior, Francisco Jiménez, al menos seis guardias fueron tomados como rehenes, uno de los cuales recibió un disparo. Las pandillas exigieron que sus líderes regresaran a las prisiones originales, donde podían ejercer el control de sus estructuras criminales sin muchas restricciones. “El Estado guatemalteco no se arrodillará ante ustedes”, sentenció Jiménez en sus redes sociales.

La pugna por el control carcelario

Guatemala tiene una larga historia de lucha contra la violencia pandillera. Con más de 21,000 reos en instalaciones diseñadas para apenas 6,500, el sistema penitenciario del país opera bajo constante riesgo de colapso. Las cárceles se han convertido en cuarteles desde donde las maras planifican extorsiones, ejecuciones y otras actividades criminales.

El traslado de los líderes pandilleros fue una medida adoptada después de la masacre de siete personas en una funeraria de Ciudad de Guatemala, supuestamente orquestada desde la cárcel como parte de una venganza entre bandas rivales. La transferencia buscaba desarticular estas redes, pero provocó una violenta reacción interna que puso en jaque a las autoridades.

Un Estado acorralado y sin concesiones

El gobierno guatemalteco insiste en que no cederá. Jiménez recordó que bajo la administración actual no se otorgarán “privilegios ni concesiones” a los pandilleros encarcelados. Sin embargo, esta posición firme contrasta con una realidad alarmante: agentes penitenciarios mal pagados, estructuras carcelarias deterioradas y una tasa de encarcelamiento que ha crecido más del 50% desde 2009.

Guatemala no está sola en este desafío. Países como El Salvador han tomado medidas más radicales, como el programa de régimen de excepción y la construcción de megacárceles. Aunque esa estrategia ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos, ha tenido efectos concretos en la reducción de homicidios. ¿Será esa una opción viable para Guatemala?

Dos crisis diferentes, mismas grietas institucionales

Lo que une ambos casos es una falla institucional estructural. En México, la falta de infraestructura resiliente pone en riesgo millones de vidas ante fenómenos climáticos que aumentarán en frecuencia debido al cambio climático. En Guatemala, una justicia penal débil y un sistema penitenciario colapsado son terreno fértil para la reproducción del crimen organizado.

Ambas historias reflejan un daño profundo y compartido: la fragilidad institucional. Unas lluvias podrían inmovilizar una ciudad entera. Un traslado carcelario puede desatar una ola de violencia. Estas son señales de alarma a las que no se les puede seguir restando importancia.

La respuesta ciudadana y gubernamental

Aunque las autoridades en México han atribuido las inundaciones a "circunstancias extraordinarias", la población exige soluciones a largo plazo. Colectivos ambientales y urbanos piden a la Secretaría de Infraestructura una mejora urgente en la red de drenaje metropolitano, bloqueada y anticuada, cuya última gran inversión se realizó en 1985.

En Guatemala, la sociedad civil se encuentra dividida entre quienes apoyan medidas más duras contra las pandillas —a la manera salvadoreña— y quienes temen por los abusos que puedan derivarse de ellas. Por ahora, el llamado común es fortalecimiento institucional, mayor presupuesto para el sistema penitenciario y una reforma judicial integral.

¿Puede América Latina soportar tantas crisis al mismo tiempo?

Este 2025 ha comenzado con señales inquietantes: crisis climáticas, violencia carcelaria y tensiones sociales en aumento. ¿Estamos ante un punto de no retorno? ¿O todavía hay capacidad de respuesta y resiliencia en nuestras instituciones democráticas?

Las próximas semanas serán clave. ¿Lograrán las autoridades mexicanas evitar un tercer cierre del aeropuerto por lluvias? ¿Podrán las guatemaltecas restablecer el orden sin derramamiento de sangre ni retroceso en derechos? Lo que está claro es que el reloj institucional corre, y la región no puede seguir improvisando.