Injusticias judiciales en EE.UU.: tres casos que exponen las grietas del sistema penal

Cuando la justicia falla: el caso Bryan Hooper

En Minnesota, la historia de Bryan Hooper Sr. se ha convertido en un punto de inflexión para los defensores de la justicia penal. Hooper ha pasado 27 años en prisión tras ser condenado en 1998 por el asesinato de Ann Prazniak, una mujer de 77 años cuyo cuerpo fue hallado en condiciones alarmantes: metido en una caja de cartón, envuelto en luces de Navidad y bolsas de basura. La causa de su muerte fue asfixia.

Sin embargo, todo apunta a una condena errónea. En julio de este año, la testigo clave se presentó de forma voluntaria ante las autoridades para retractarse de su testimonio y confesar el crimen. Actualmente está en prisión por un delito relacionado con agresión en Georgia y ha aceptado ser procesada por el asesinato de Prazniak.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, declaró ante la prensa que su despacho ya trabajaba en la revisión del caso de Hooper mediante su Conviction Integrity Unit. Esta unidad tiene como propósito investigar errores judiciales del pasado y buscar la liberación de personas inocentes. Moriarty expresó: “Lo que estamos haciendo hoy, espero que sea el comienzo de liberar a su padre de prisión.”

Los abogados de Hooper, del Great North Innocence Project, han solicitado anular su condena. El sistema judicial tiene 90 días para responder a dicha petición. Si se aprueba, Hooper podría quedar en libertad tras casi tres décadas de encierro injustificado.

Bri’ana Hooper, su hija y principal defensora, declaró conmocionada: “Durante 27 años, él ha perdido cumpleaños, fiestas, momentos importantes. Pero ahora tenemos una oportunidad para visibilizar su historia y la de otros que se encuentran tras las rejas por delitos que no cometieron.”

Política y corrupción: El entorno turbio del alcalde de Nueva York

Mientras la historia de Hooper genera simpatía y esperanza, la política de Nueva York enfrenta un huracán de desconfianza ciudadana. Mohamed Bahi, ex asistente del alcalde Eric Adams y enlace con la comunidad musulmana, se declaró culpable el pasado martes de solicitar donaciones “fantasma” para la campaña electoral del alcalde.

Según lo confesado por Bahi ante un juez federal, él organizó eventos en 2020 donde recolectó donaciones de empleados de una constructora que luego serían reembolsadas, con el objetivo de que la campaña de Adams obtuviese fondos de contrapartida públicos. Tal maniobra viola leyes federales sobre financiamiento electoral.

Este caso es una pieza más en una compleja red de investigaciones y acusaciones por corrupción que rodean al alcalde Adams, quien ha negado toda implicación. En 2024, el Departamento de Justicia intervino para ordenar que los cargos contra Adams se eliminaran, alegando que tenían repercusiones en la colaboración con el gobierno federal en materia migratoria, una afirmación que desató controversia.

La decisión provocó protestas entre fiscales y derivó en renuncias, incluyendo la del fiscal federal interino de Manhattan, quien acusó al alcalde de haber pactado un “quid pro quo” con el expresidente Donald Trump. A pesar de haber librado las acusaciones directas, el escándalo sigue creciendo con nuevas investigaciones sobre su entorno más cercano, incluyendo la incautación de teléfonos a funcionarios municipales.

Otros implicados, como el empresario Erden Arkan, también se han declarado culpables por maniobras fraudulentas similares. Bahi enfrenta una condena de hasta cinco años de prisión.

$60 millones por una acusación falsa: la venganza de un policía inocente

En el estado de Michigan, un jurado federal concedió casi $60 millones en compensación a Sean MacMaster, excapitán de policía escolar de Florida, tras ser falsamente acusado en 2019 de abusar sexualmente de un menor.

El fiscal Brian Kolodziej y el teniente de la policía estatal David Busacca fueron hallados culpables de haber actuado con negligencia temeraria, perseguido intereses personales y violado los derechos fundamentales de MacMaster.

¿El motivo oculto? Kolodziej, entonces fiscal asistente en Michigan, mantenía una relación sentimental con una mujer emparentada con la exesposa de MacMaster, a quien intentaba impresionar acusando falsamente al exmarido. Lo increíble es que una investigación anterior ya había descartado estas acusaciones. Sin embargo, Kolodziej manipuló documentos y procedió falsamente con el caso.

MacMaster pasó meses en confinamiento solitario, perdió contacto con su hija y vio su reputación destruida. Todo terminó cuando la fiscal general del estado, Dana Nessel, calificó la situación de “horrenda” y retiró todos los cargos tras encontrar múltiples violaciones éticas y legales.

El jurado otorgó $33 millones por daños personales y salariales y $25 millones en daños punitivos. En palabras del abogado de MacMaster, Josh Blanchard: “La verdad ha salido a la luz. El jurado vio la devastación causada por personas con enorme poder.”

¿Y ahora qué? El sistema judicial frente a sus propias sombras

Los tres casos aquí analizados, aunque distintos en sus motivaciones y alcances, tienen un común denominador: el abuso del poder judicial y la fragilidad del sistema frente a manipulaciones, intereses y errores humanos.

• En Minnesota, un hombre ha perdido 27 años de su vida por culpa de una testigo falsa.
• En Nueva York, el funcionamiento de la maquinaria política muestra indicios graves de corrupción electoral y favoritismos federales.
• En Michigan, un fiscal llevó adelante una acusación basada en motivos personales y devastó la vida de un inocente.

Como afirmó Jim Mayer, director legal del Great North Innocence Project: “Un sistema penal fuerte no es aquel que presume su infalibilidad, sino aquel que reconoce y corrige sus errores.”

Este tipo de hechos despiertan preguntas delicadas: ¿Realmente se garantiza la presunción de inocencia? ¿Quién vigila a los que deben aplicar justicia? ¿Qué mecanismos existen para compensar a víctimas del sistema?

En un país que se autodefine como el bastión de la democracia y el estado de derecho, estos tres casos dejan claro que las grietas en el sistema judicial no son aisladas. Y que hasta que no se implementen mecanismos de supervisión más independientes y fuertes, muchas más personas inocentes podrían seguir pagando por crímenes que jamás cometieron.