Mason, Tennessee: ¿una nueva cárcel migratoria o una amenaza a los derechos humanos?

Una cárcel que resucita entre la polémica

En la tranquila localidad de Mason, Tennessee, con una población de apenas 1.300 habitantes, se libra una batalla entre desarrollo económico y principios éticos. Esta semana, el alcalde y la junta de concejales del municipio se reunieron para discutir una propuesta que podría transformar una prisión estatal cerrada en un nuevo centro de detención de inmigración bajo la operación de la polémica empresa privada CoreCivic.

Ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Memphis y cerrada desde 2021 tras una orden ejecutiva del presidente Joe Biden que prohibía al Departamento de Justicia renovar contratos con cárceles privadas, la prisión podría ahora resurgir con un nuevo propósito, impulsada por un acuerdo entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

La promesa: empleos y desarrollo económico

CoreCivic, con sede en Brentwood, Tennessee, ha promovido este acuerdo como una oportunidad histórica para Mason. De aprobarse, la instalación proporcionaría alrededor de 240 empleos con beneficios como seguro médico y un programa de asistencia para estudios universitarios. También se estima que generaría cerca de 325,000 dólares en impuestos sobre propiedades anuales y otros 200,000 dólares para proyectos municipales, como la mejora de escuelas e infraestructura.

No es poca cosa para un pueblo que ha visto menguar su economía desde que el centro penitenciario cerró sus puertas hace tres años. Durante su operación, era el mayor empleador de la comunidad.

“Los servicios que ofrecemos ayudan al gobierno a resolver problemas que no podría enfrentar solo. Creamos comunidades más seguras y mejoramos los estándares de atención para personas vulnerables”, afirmó la empresa en un comunicado.

La preocupación: derechos humanos y transparencia

Sin embargo, no todos están convencidos. Virginia Rivers, miembro de la junta municipal, expresó abiertamente su oposición:

“No me gusta lo que representa ICE ni cómo tratan a las personas. Los ciudadanos deben tener derecho a expresar su opinión sobre lo que ocurre en su ciudad.”

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también ha advertido de "graves preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas" en el proceso, advirtiendo que decisiones de esta magnitud no deben tomarse a puerta cerrada o sin consultar a la ciudadanía.

Desde 2021, CoreCivic ha sido multada por más de 44.7 millones de dólares por el gobierno de Tennessee debido a violaciones contractuales, especialmente por falta de personal adecuado en varias de sus instalaciones. Documentos obtenidos por medios locales señalan que la empresa ha gastado más de 4.4 millones de dólares en demandas por maltrato y negligencia de reclusos, incluyendo al menos 22 muertes bajo su custodia.

Una cárcel polémica y una nación dividida

La reapertura del Centro de Detención de Tennessee Occidental no es un caso aislado. Se trata de una tendencia que gana terreno bajo la nueva oleada de políticas migratorias más estrictas encabezadas por el expresidente Donald Trump, quien revirtió recientemente las políticas de su sucesor respecto a las cárceles privadas.

En julio del mismo año, Florida —bajo la gestión del gobernador Ron DeSantis— inauguró una instalación de detención migratoria en un aeródromo remoto de los Everglades, conocida como “Alligator Alcatraz”. Ahí, se denuncian condiciones similares: reclusos sin acceso a atención médica adecuada, imposibilidad de ver a sus abogados y detenciones sin cargos. Trump ha alabado su dureza como ejemplo de cómo se debe tratar "a lo peor de lo peor".

Privatización carcelaria: una industria de miles de millones

CoreCivic es uno de los actores más importantes del sector penitenciario privado en EE. UU., una industria que ronda los $5 mil millones anuales. Junto con GEO Group, domina el mercado. El papel de estas empresas se ha tornado cada vez más polémico debido a incentivos perversos para mantener altos niveles de encarcelamiento, especialmente entre poblaciones vulnerables como inmigrantes indocumentados.

La participación del sector privado en el sistema penitenciario ha sido objeto de críticas de organismos como Human Rights Watch y ACLU, que argumentan que la búsqueda de ganancias suele anteponerse al respeto de los derechos humanos.

El impacto socioeconómico en Mason

A pesar de la controversia, hay voces en Mason que apoyan la transformación planificada. Para muchos residentes, la prisión representaba una fuente de estabilidad económica. Desde su cierre, la tasa de desempleo de la ciudad ha aumentado y los ingresos fiscales han decrecido considerablemente.

La alcaldía, aunque reacia a mostrar toda la documentación sobre el acuerdo —lo cual generó sospechas de procesos poco transparentes—, insiste en que se trata de una “decisión racional en tiempos difíciles”.

En el debate subyace una contradicción: ¿puede una ciudad tan pequeña asumir el peso moral de legitimar un sistema de detención altamente cuestionado a cambio de estabilidad económica?

¿Detención o encarcelamiento político?

Desde el punto de vista jurídico, la detención migratoria no debería tener un carácter punitivo, ya que los inmigrantes detenidos en estos centros no han sido condenados por delitos penales. Sin embargo, la línea entre detención administrativa y encarcelamiento se ha difuminado peligrosamente, especialmente en instalaciones donde se denuncian abusos, negligencia médica y condiciones infrahumanas.

Organizaciones de derechos humanos señalan que esta criminalización de la migración afecta especialmente a personas vulnerables: niños, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata. El sistema actual facilita una detención prolongada sin juicio y, en ocasiones, sin la posibilidad de defensa legal.

El espejo internacional

La práctica de detener migrantes en instalaciones remotas y bajo condiciones cuestionables ha sido criticada no solo por entidades nacionales, sino también por Naciones Unidas. De hecho, en múltiples ocasiones ha recomendado que los países eviten la privación de libertad de migrantes, especialmente si esta es operada por empresas con fines de lucro.

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes ha señalado que la detención debe ser el último recurso, nunca la norma, y mucho menos en manos de corporaciones que mantienen su rentabilidad en proporción directa al número de personas detenidas.

Mason decide: ¿progreso o retroceso?

Mason se encuentra hoy en una encrucijada. La firma del contrato con ICE y CoreCivic podría representar un respiro económico para muchos de sus residentes, pero también podría convertir a esta tranquila localidad en el nuevo epicentro de la batalla nacional e internacional por los derechos de los migrantes.

En tiempos inciertos, decisiones como esta no solo son económicas. Son políticas, morales y humanas. La pregunta que Mason debe hacerse es simple, pero profunda: ¿De qué lado de la historia queremos estar?