¿Fraude o persecución? La polémica campaña electoral de Ken Paxton en Texas

Por: Redacción Especial

El contexto candente de la política texana

Texas ha sido durante años un epicentro de debates políticos intensos, especialmente cuando se trata de leyes electorales y derechos del votante. Y ahora, el fiscal general del estado, Ken Paxton, ha desatado una tormenta con una serie de nuevos cargos por presunta “cosecha de votos” que apuntan principalmente a figuras vinculadas con comunidades latinas. Entre los acusados hay un exalcalde, un exmiembro del concejo municipal y personal del legislativo estatal.

¿Qué es la cosecha de votos y por qué es ilegal en Texas?

La "cosecha de votos" o vote harvesting implica recolectar boletas de votación en ausencia de otras personas y presentarlas en su nombre. En Texas, esta práctica fue criminalizada como delito grave en 2021 mediante una serie de reformas que endurecieron el acceso al voto. Las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, muchas organizaciones de derechos civiles advierten que esta ley podría castigar con severidad actividades legítimas de asistencia electoral, especialmente en comunidades donde las barreras lingüísticas y de acceso digital son más comunes.

Los acusados: ¿figuras políticas o chivos expiatorios?

Entre los nueve acusados se encuentra Juan Manuel Medina, jefe de personal de la legisladora estatal Elizabeth Campos y ex presidente del Partido Demócrata del condado de Bexar. También figuran:

• Mary Ann Obregon, exalcaldesa de Dilley
• Inelda Rodríguez, exconcejal
• Raúl Carrizales, actual comisionado del condado Frio
• Mari Benavides, fideicomisaria del distrito escolar de Pearsall
• y otros activistas y ex candidatos locales.

Sus abogados alegan que el estatuto que criminaliza esta actividad es vago, demasiado amplio y viola derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión y de participación política, consagrados en la Primera Enmienda.

La defensa: apoyo comunitario, no fraude

El abogado de Medina, Gerry Goldstein, presentó una moción de 20 páginas argumentando que "esta acusación criminaliza actos legítimos de ayuda al votante, sin que exista evidencia de fraude, coerción o intimidación".

“La ley texana parece castigar incluso formas básicas de asistencia electoral, como explicar cómo llenar una boleta o ayudar a un ciudadano anciano a enviar su voto en ausencia. Esto sienta un precedente preocupante”, añadió Goldstein en declaraciones públicas.

¿Una cacería de brujas política?

Para muchas voces críticas, incluyendo organizaciones latinas pro derechos civiles y el ala progresista del Partido Demócrata, la campaña legal impulsada por Paxton es una maniobra política con claros tintes ideológicos. El contexto no ayuda: más del 80 % de las personas acusadas en esta cruzada son latinos demócratas, varios con historial político visible.

“Estamos viendo cómo el poder judicial del estado está siendo manipulado para desincentivar la participación electoral en comunidades de color”, afirmó Domingo García, presidente nacional de LULAC (League of United Latin American Citizens). “Es un ataque directo al corazón de la democracia texana”.

Ken Paxton: fiscal, aliado de Trump y figura polémica

Ken Paxton, republicano y firme aliado de Donald Trump, ha sido una figura controversial desde hace años. Ha enfrentado múltiples escándalos y acusaciones de corrupción, pero ha salido políticamente fortalecido en su base más conservadora. Su férrea oposición a la inmigración y su insistencia en teorías de fraude electoral ampliamente desacreditadas lo convirtieron en uno de los arquitectos de la narrativa post-elección de 2020.

Sobre estas investigaciones en particular, Paxton declaró: “Bajo mi vigilancia, quienes intenten manipular nuestras elecciones enfrentarán todo el peso de la ley. Voy a seguir luchando para garantizar que Texas tenga elecciones libres y justas.”

¿Qué dice la evidencia?

Hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes que demuestren fraude electoral sistemático. Según un estudio realizado por la Universidad de Texas en Austin, entre 2015 y 2020 hubo apenas 16 condenas por delitos electorales entre millones de votos emitidos, lo que representa una fracción ínfima (0.00001%).

El mismo Departamento de Justicia de EE.UU. reconoce que el fraude electoral es raro en el país. Entonces, ¿por qué este énfasis?

Consecuencias sociales y electorales

Más allá de los tribunales, la ofensiva legal ha tenido un efecto inmediato: el miedo dentro de las comunidades vulnerables a participar del proceso democrático. Voluntarios que antes ayudaban a recolectar boletas para adultos mayores ahora temen enfrentar cargos criminales.

Además, la narrativa difusa de fraude electoral impacta la confianza de los ciudadanos: según encuestas del Pew Research Center, un 35% de los votantes republicanos cree que hubo fraude masivo en 2020, pese a la falta de evidencia. El discurso de "elecciones amañadas" parece haber calado hondo.

La historia de la ley de voto en Texas

Texas es un estado con una compleja relación con el voto. Durante el siglo XX y hasta la Ley de Derechos Electorales de 1965 (Voting Rights Act), el estado implementó estrategias abiertamente discriminatorias, como métodos de supresión dirigidos a comunidades afroamericanas y latinas.

Con frecuencia, Texas ha liderado cambios legislativos que restringen el voto en aras de la “integridad electoral”. En 2021, el proyecto Senate Bill 1 restringió votaciones por correo, redujo horarios de votación anticipada y agregó requisitos para ayudar a otros votantes.

¿Qué sigue?

Los juicios siguen adelante y sus desenlaces podrían redefinir el perímetro legal de la participación electoral en Texas. Si los tribunales aceptan los argumentos de la defensa, se podría declarar inconstitucional el estatuto sobre cosecha de votos. Si no, quedaría ratificado un marco legal que, según analistas, podría callar voces en decenas de condados donde la asistencia comunitaria ha sido clave para la participación cívica.

La democracia, dicen algunos, se gesta tanto en las urnas como en el debate público. La pregunta ahora es: ¿debe ser delito ofrecer ayuda para votar? En Texas, la línea es más turbia que nunca.

Datos para este artículo se extrajeron de fuentes públicas del Departamento de Justicia de EEUU, Texas Tribune y reporte oficial de la Universidad de Texas en Austin.